YPF

Sus dueños sostienen que LDD no recibe publicidad oficial y cuestionan a otros medios por “ensobrados”. Sin embargo, registros relevados por Chequeado muestran que la empresa que está detrás recibió fondos públicos de al menos 4 gobiernos de distintos signos políticos, y que cuenta con banners de la empresa nacional YPF y del Banco Nación. 

El presidente Javier Milei aparece, con roles diferentes, en 3 casos que involucran movimientos millonarios: las actividades de recaudación de la Fundación Faro, la publicidad de YPF y el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA.

Chequeado y Poder Ciudadano consideraron “arbitraria” la decisión de la Cámara, y argumentaron que, si se cerrara la vía de acción de amparo iniciada, no quedarían otras instancias de reclamo para acceder a la información que la empresa se negó a entregar.

La presentación junto a la Fundación Poder Ciudadano busca revertir 2 fallos que rechazaron un pedido para que la petrolera brinde información, pese a una resolución favorable de la Agencia de Acceso a la Información. La apelación sostiene que ni YPF ni la Justicia identificaron qué perjuicio concreto ocasionaría divulgar esos datos.

Quien patrocinó a los demandantes en el juicio contra Argentina en el CIADI fue Diego Fargosi Bond, medio hermano del diputado nacional de la LLA, quien señaló que no forma parte del estudio jurídico familiar desde 1987.

Lo determinó la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. El fallo asegura que la jueza Loretta Preska interpretó erróneamente la ley argentina, por lo que pidió a la magistrada que revise su sentencia. 

La empresa con mayoría estatal no informa en qué medios pauta, pese a que la Agencia de Acceso a la Información la obligó a hacerlo ante un pedido de acceso de Chequeado. La misma agencia ubicó a YPF en el puesto 77 sobre 100 de su ranking de transparencia.

En el primer semestre de 2025 YPF gastó $ 53.899 millones en publicidad oficial, de acuerdo con los datos publicados por la empresa en sus estados financieros. Se trata del tercer mayor gasto en publicidad para un primer semestre desde la reestatización de la compañía en 2012.

Circulan en redes sociales publicaciones falsas atribuidas a YPF que prometen ganancias rápidas a cambio de invertir en acciones de la empresa. Los estafadores utilizan 3 modalidades: sitios web falsos que imitan medios, suplantación de la identidad de famosos y videos creados con inteligencia artificial de figuras públicas. 

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolverá en las próximas horas si confirma o revoca el fallo de la jueza Loretta Preska, que ordenó a la Argentina que entregue el 51% de las acciones de YPF para afrontar el pago de la indemnización por la estatización de la compañía.

La Cámara de Apelaciones de Segundo Circuito de Nueva York falló en favor de la Argentina por la condena que obligaba al Estado argentino pagar más de US$ 18 mil millones, tras la expropiación de la petrolera YPF, en 2012. Además, el tribunal revisor dijo que YPF fue exculpada de forma correcta en su proceso de estatización.

En 2024 la empresa estatal mantuvo sus gastos en publicidad con respecto a 2023, en un contexto en el que el Gobierno nacional la redujo al mínimo.

Economía, Jefatura de Gabinete, Salud y Capital Humano son los organismos a los que más información pública se les solicita. Los más incumplidores de la actual gestión son el Ministerio de Desregulación (se vencieron casi el 70% de los expedientes sin ser respondidos) y la Secretaría de Medios (66% sin respuesta).

No existen registros ni anuncios oficiales de YPF del presunto proyecto. Además, los posteos virales no redirigen a sitios periodísticos reales, sino a páginas falsas que imitan la estética del medio. La empresa advirtió que “todas sus acciones sólo se comunican mediante canales oficiales verificados” y pidieron no compartir datos personales ni hacer clic en enlaces sospechosos.

La Justicia de Estados Unidos falló en favor de Argentina por la condena que obligaba al Estado argentino pagar más de US$ 18.000 millones, tras la expropiación de la petrolera, en 2012. Así lo dispuso la Cámara de Apelaciones de Segundo Circuito de Nueva York.