Shutdown: claves para entender el cierre del gobierno que planteó Milei y sus consecuencias

El presidente Javier Milei adelantó que trabaja en un proyecto de ley para establecer el mecanismo de shutdown en la administración nacional, lo que implicaría la suspensión de algunas funciones del Estado si el Congreso no aprueba el Presupuesto.

En una entrevista concedida al canal de streaming Neura, Milei señaló que la reforma implicará que “cuando agotás el Presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado”. Cómo se aplica el shutdown en Estados Unidos y qué dice la ley actual sobre el manejo del Presupuesto.

Cierre del gobierno sin tocar los gastos obligatorios

En Estados Unidos, varias agencias del gobierno dependen de fondos que deben ser aprobados por el Congreso cada año fiscal (período que se inicia el 1 de octubre de cada año). 

Como no siempre el Congreso logra aprobar los presupuestos en ese tiempo límite, puede impulsar una ley de financiamiento a corto plazo (conocida como Continuing Resolution), que permite mantener todas las funciones del Estado hasta que el Presupuesto sea aprobado. 

Si esto no ocurre o se vence el plazo de financiamiento provisorio, se produce el government shutdown, período durante el cual varias agencias federales tienen que discontinuar muchas de sus funciones hasta que el Congreso apruebe una nueva ley de financiamiento y esta sea promulgada por el presidente, según explica el Comité por un Presupuesto Federal Responsable (CRFB).

Pero no todas las funciones del Estado quedan paralizadas durante el shutdown: los gastos obligatorios o permanentes, que no dependen de la aprobación anual del Congreso sino que están establecidos por leyes particulares, deben seguir financiándose. En nuestro país, este sería el caso de las jubilaciones, cuyos aumentos son establecidos por la Ley de Movilidad y no requieren la aprobación anual del Congreso.  

Sí necesitan la aprobación del Congreso los gastos discrecionales del gobierno federal, que incluyen las funciones de defensa, educación, salud y transporte, entre otras. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos, en 2025 el 31% de los gastos totales de la administración eran discrecionales. 

Desde el año 1977 se produjeron al menos 20 cierres de gobierno mayores a un día. El último ocurrió en septiembre de 2025, bajo la administración de Donald Trump, y fue el más largo de la historia: duró 43 días. 

Según datos del CRFB y el Centro de Políticas Bipartidistas, en los últimos shutdowns se vieron afectados programas de asistencia nutricional, el pago a empleados federales (que fueron suspendidos de sus trabajos o debieron continuar sus labores sin cobrar), las compensaciones a veteranos de guerra y las actividades en parques nacionales y museos, entre otros. 

En Argentina no hay cierre: el Gobierno puede prorrogar el Presupuesto

A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, la ley argentina autoriza al Ejecutivo a prorrogar el presupuesto vigente en caso de que el Congreso no apruebe el del año siguiente. 

El procedimiento está regulado por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera, que establece que si al comienzo del año no hubiera presupuesto, seguirá vigente el del año previo. 

La ley dispone que en la prórroga el Gobierno deberá adecuar las partidas en función de impuestos que ya no se recaudarán, las autorizaciones de deuda ya utilizadas y los gastos que no deban repetirse. 

La gestión de Javier Milei tuvo que prorrogar el Presupuesto 2023 2 años consecutivos (en 2024 y 2025), algo inédito en la historia argentina. Pero con los cambios propuestos por el Presidente, varias funciones del Estado deberán suspenderse hasta tanto se apruebe la nueva ley. 

En declaraciones a radio El Observador, Milei aseguró que con el shutdown, “cuando se agota el Presupuesto automáticamente se apaga el Estado; no puede operar más hasta que tenga una ampliación”.

Esto implicaría que si un organismo estatal se queda sin partidas en octubre ya no podrá funcionar hasta que el Congreso autorice la ampliación presupuestaria. 

Actualmente, la Ley de Administración Financiera habilita al Jefe de Gabinete a reestructurar y ampliar las partidas presupuestarias, sin autorización del Congreso, con un tope del 5% del total del presupuesto o del 15% si se trata de partidas dentro de un mismo organismo. 

Esta herramienta fue utilizada frecuentemente por las últimas gestiones, dado que las proyecciones de inflación eran menores a la efectivamente producida, por lo que los gastos y la recaudación real eran superiores a los presupuestados. 

Según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), durante la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos) se produjeron en promedio 19 ampliaciones presupuestarias por año, mientras que en los 2 primeros años de la actual gestión hubo un promedio de 10,5.