El Gobierno dice que las personas con discapacidad “son una prioridad”, pero los datos muestran recortes y cambios en prestaciones y pensiones

El vocero presidencial, Adrián Ravier, se refirió este martes a las repercusiones por las modificaciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027, que incorporan cambios sustantivos a las políticas dirigidas a las personas con discapacidad. 

“Las personas con discapacidad son prioridad para el Gobierno nacional”, afirmó en conferencia de prensa en Casa Rosada. Pero, ¿qué cambios prevé el proyecto y qué muestran los datos sobre las prestaciones, pensiones y programas destinados a personas con discapacidad?

Cambios en las prestaciones y pensiones por discapacidad

El Gobierno nacional presentó el 15 de septiembre en el Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que prevé gastos por $ 202,1 billones, e incluye varias modificaciones en materia de políticas dirigidas a las personas con discapacidad. 

Los artículos 39 y 41 del proyecto eliminan la homogeneidad en el valor de los aranceles del Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, disponiendo que cada ente obligado podrá determinarlo en su relación con los prestadores. Este nuevo mecanismo deja atrás el arancel único, que es uno de los pilares del sistema actual. 

“Esto crearía un factor estructural de desigualdad, empujando a los beneficiarios de los organismos que abonen tarifas más bajas a enfrentar menor oferta o peor calidad de atención, en abierta contradicción con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, señalaron desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

El proyecto de Presupuesto 2027 también busca modificar el régimen de pensiones que surgió con la Ley de Emergencia en Discapacidad. La ley actual establece el otorgamiento de una pensión por invalidez a toda persona sin recursos o con discapacidad, y dispone que el beneficio sea compatible con un trabajo formal. 

Con los cambios, el Gobierno busca excluir el otorgamiento automático del beneficio a las personas que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y vuelve incompatible la pensión con un empleo formal. También se elimina la exigencia de la cobertura médica obligatoria para los titulares de pensiones.

Recortes al programa Incluir Salud

El Programa Incluir Salud, que es la cobertura de salud con la que cuentan las personas beneficiarias de las prestaciones por invalidez laboral, muestra en el Presupuesto 2027 un recorte del 13,9% respecto de 2026 y de un 19% respecto de 2023, según un análisis de ACIJ.

Distintas instituciones -como el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, la institución que visitará el papa León XIV el próximo 9 de noviembre- reclaman hace meses por la falta de medicamentos, pañales y otros insumos del programa Incluir Salud.

Fernando Montero, coordinador técnico de esta institución que alberga a más de 400 personas con discapacidad, explicó a este medio que “Incluir Salud sigue sin entregar medicamentos, pañales y apósitos” desde noviembre de 2025, y advirtió que la forma de conseguir esos elementos esenciales hoy es a través de donaciones.

Caída del monto de las pensiones por invalidez

La cantidad de pensiones por invalidez creció un 1,1% interanual en 2024, hasta alcanzar 1,22 millones de prestaciones, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Capital Humano, a cargo de la ministra Sandra Pettovello.

En 2025, la tendencia se revirtió y se produjo una caída del 3,4%. De esta manera, el año cerró con 1,18 millones prestaciones activas, lo que implicó una disminución de 2,3% respecto a 2023.

En materia de ingresos, el monto promedio de la prestación registró en 2024 una caída interanual del 13,9% en términos reales (descontando la inflación).

A pesar de una leve recuperación del 2,35% en 2025 -año en el que el haber promedio se ubicó en $284.717-, el saldo al comparar 2025 con 2023 arroja una contracción real acumulada del 11,9%.

Veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad

En agosto de 2025, la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad fue aprobada por el Congreso y luego vetada por el presidente Javier Milei. Sin embargo, ambas cámaras insistieron con una mayoría de 2 tercios y dejaron sin efecto el veto.

Finalmente, el Ejecutivo promulgó la ley en septiembre de 2025, pero dejó su ejecución suspendida hasta que el Congreso definiera cómo financiarla. En diciembre, un juzgado federal de Campana anuló esa suspensión y ordenó aplicarla de inmediato.

En febrero de 2026, el Gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad mediante el Decreto 84/2026, obligado por la Justicia. La emergencia vence el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prorrogarla un año.

En medio del debate por la prórroga y la polémica por el Presupuesto 2027, el oficialismo presentó esta semana un nuevo proyecto sobre discapacidad que propone reemplazar el esquema de emergencia por un régimen permanente para el sistema de discapacidad. La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

ANDIS: auditorías de pensiones y una causa por presuntas coimas

El 19 de julio de 2024, el entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciaba el inicio del proceso de auditoría sobre las pensiones por discapacidad. 

De esta manera, el Gobierno suspendió 65.789 pensiones que “no cumplieron con los requisitos establecidos”. Sin embargo, para junio de 2025 un 46% de las cartas enviadas no habían sido entregadas (385.993 de un total de 834.167). Es decir, hubo citaciones a lugares inexistentes o instituciones que no realizaban controles.

Chequeado realizó una investigación en la que dio a conocer los casos de Víctor Ruiz (Salta) y Ezequiel Bravo (Provincia de Buenos Aires), quienes perdieron sus pensiones sin recibir cartas documento y se enteraron cuando no apareció el dinero en sus cuentas bancarias. 

En el medio, el 20 de agosto de 2025 se conocieron una serie de audios atribuidos al entonces director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que denunciaba un presunto sistema de retornos del 8% en la compra de medicamentos por parte de esta agencia.

El 21 de agosto, el Gobierno nacional separó de su cargo a Spagnuolo y dispuso la intervención del organismo. La causa que investiga el presunto circuito de coimas en la ANDIS está a cargo del juez federal Sebastián Casanello, quien en febrero de 2026 procesó a Spagnuolo y a otros 18 acusados.