¿Las provincias más favorecidas por la coparticipación son las más autoritarias?

En un artículo publicado en Clarín el lunes último, el politólogo Carlos Gervasoni divide a las provincias argentinas “en democráticas” y no “democráticas”, y ofrece una discutible explicación sobre por qué se dan esas diferencias, aludiendo a “estudios”, “evidencia internacional” y “expertos”, pero sin citar ningún trabajo académico o periodístico que apoye sus afirmaciones. La nota sugiere que las provincias más autoritarias son aquellas que reciben más fondos en concepto de coparticipación.  

Dice la nota: “Desde hace años investigaciones periodísticas y académicas se vienen planteando si las provincias argentinas son democráticas. Estudios sobre Santiago del Estero bajo los Juárez, el San Luis de los Rodríguez Saá y la Santa Cruz kirchnerista tendieron a encontrar tanto o más autoritarismo que democracia”. La afirmación es bastante controversial. Desde el sentido común es habitual considerar que provincias tradicionalmente gobernadas por caudillos o dinastías familiares son menos democráticas. Sin embargo, el pretendido tono académico con el que el autor de la nota intenta fundamentar sus afirmaciones haría necesario citar alguna fuente autorizada que lo apoye. Por el contrario, el artículo sólo hace referencia a “estudios” sin aclarar cuáles o cuántos. El recurso vuelve a utilizarse pocas líneas más abajo. “Expertos de varias provincias coinciden en que los medios son exitosamente controlados, presionados y/o sobornados por el gobierno provincial”. Y luego cruza las fronteras: “La evidencia de otras partes del mundo muestra que, aún en países claramente democráticos a nivel nacional, existen regiones en los que el autoritarismo se mezcla con, y a veces eclipsa a, la democracia”.   

Gervasoni da un paso más y divide a las provincias “con regímenes básicamente democráticos” de las que “presentan déficits importantes en varios aspectos mensurados”, aunque no explica claramente cuáles son estos: “Tomando en cuenta todos los aspectos evaluados, surge que la CABA y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y Santa Fe ostentan regímenes básicamente democráticos. En el otro extremo, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Cruz y Santiago del Estero presentan déficits importantes en varios de los aspectos mensurados”. De nuevo, no hay mención de trabajos académicos u opiniones de especialistas que apoyen la afirmación, ni tampoco una pista de cómo clasificar a las once provincias que no fueron mencionadas. Poco después se destaca que “las evaluaciones de los expertos coinciden a grandes rasgos con indicadores objetivos que la ciencia política utiliza para evaluar niveles de democracia, tales como la competitividad electoral, la rotación en el poder y el tamaño de las mayorías legislativas”.

A la hora de explicar las diferencias entre ambos grupos, Gervasoni afirma que el desarrollo socioeconómico no debe ser la única variable a tener en cuenta ya que “algunas provincias con buenos indicadores socioeconómicos, como Santa Cruz y San Luis, son menos democráticas que otras más pobres como Chaco y Corrientes”. Entonces, ¿cómo se explica que algunas provincias sean “más democráticas” que otras? Para el autor “la respuesta puede provenir de un lugar inesperado: Oriente Medio”. Dice: “Las generosas transferencias federales a ciertas provincias equivalen a las rentas petroleras que sustentan los regímenes autoritarios del Golfo. Los gobernadores de provincias fuertemente subsidiadas (las beneficiarias de la arbitraria distribución secundaria de nuestra coparticipación ) tienden a establecer sistemas políticos hegemónicos en los que, invirtiendo la ecuación democrática, los ciudadanos dependen de los gobernantes”.

Sin dar ninguna explicación sobre la forma en que la coparticipación federal fomentaría prácticas autoritarias, Gervanosi afirma luego que “nuestro federalismo fiscal, tan cuestionado por su complejidad e inequidad, podría entonces también ser responsable de los déficits democráticos provinciales”.  Y concluye: “Curiosamente, desde 1983 nuestros presidentes han provenido mayoritariamente de provincias rentísticas y poco democráticas”. Incluso aceptando la clasificación que hace el autor, esto último no es cierto si consideramos los presidentes que ejercieron por más de un mes (es decir, excluyendo a Caamaño, Rodríguez Saá y Puerta), ya que de los seis mandatarios, tres provinieron de provincias “poco democráticas” (Menem y los Kirchner) y tres de distritos “democráticos” (Duhalde, Alfonsín y De la Rúa).