¿Cuál es la diferencia entre “cuarentena total”, “cuarentena administrada” y “cuarentena comunitaria”?

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció en conferencia de prensa la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 26 de abril inclusive y destacó el ingreso del país a una segunda instancia de “cuarentena administrada en la que se van a focalizar lugares y actividades donde la cuarentena pueda ser aliviada”.

Al mismo tiempo, anticipó la posibilidad de una “cuarentena comunitaria” aplicable a zonas geográficas específicas y delimitadas (y reconoció que ese es el modelo que rige en barrios humildes del conurbano). Los gobernadores deberán realizar los pedidos por escrito junto con un detallado protocolo de funcionamiento que respete las condiciones sanitarias establecidas y evite riesgos de propagación del coronavirus.

Pero, ¿cuál es la diferencia entre “cuarentena total”, “cuarentena administrada” y “cuarentena comunitaria”?

Si bien no existen -al menos hasta el momento- definiciones oficiales sobre estos términos, el Gobierno nacional alude a ellos para señalar las distintas etapas e implicancias de la cuarentena en todo el territorio argentino con el fin de frenar la propagación de la COVID-19.

El aislamiento total comenzó a regir a partir de la sanción del Decreto 297/2020, que dispuso que “todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria” deberían permanecer en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” desde el viernes 20 de marzo a las 00 horas hasta el 31 de marzo a las 24 horas. Posteriormente, el Presidente anunció la prolongación de la vigencia de esta medida en dos oportunidades.

El aislamiento social obligatorio implica que todos los ciudadanos “deberán permanecer en sus domicilios habituales”. Todos “deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán circular por rutas, vías y espacios públicos”, señala el sitio oficial del Ministerio de Salud de la Nación.

Esta “cuarentena total” contó con una serie de actividades exceptuadas, pero representó hasta el domingo 12 de abril el período más rígido del aislamiento, considerando que el Presidente manifestó ese día su intención de activar progresivamente algunos sectores económicos y sociales.

“Entramos en una segunda etapa que a mí me gusta llamar como ‘cuarentena administrada’. Es decir que la cuarentena existe tal como está hoy y nosotros vamos a focalizar lugares o actividades donde la cuarentena pueda ser de algún modo liberada”, explicó el Presidente en conferencia de prensa.

De este modo, la “cuarentena administrada” comprende cierto nivel de apertura y flexibilización en cuanto a las medidas aplicadas durante la primera etapa de la cuarentena. Consiste en habilitar de forma moderada y controlada distintas actividades productivas que cumplan estrictamente con las normas sanitarias vigentes.

En ese contexto, la Jefatura de Gabinete de Ministros amplió el listado de actividades y servicios exceptuados e incorporó a las personas con discapacidad y aquellas con espectro autista; los bancos; los talleres para mantenimiento y reparación de autos, motos y bicicletas, “exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente”; venta de repuestos y partes; fabricación de neumáticos; y venta de artículos de librería e insumos informáticos, “exclusivamente bajo la modalidad de entrega a domicilio”.

El último sábado, a través de un nuevo decreto, se exceptúan del cumplimiento del aislamiento obligatorio a varias actividades en algunas provincias. Las provincias son: La Pampa, Neuquén Formosa, Santa Cruz, Corrientes, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Salta, San Juan, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Chubut, Catamarca, Río Negro, Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe, Chaco, Buenos Aires, San Luis, Misiones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La actividades que se permitirán son: cobranza de servicios e impuestos, las oficinas de rentas, los registros nacionales y provinciales, la venta de comercio minorista a través de entrega a domicilio, la atención médica y odontológica programada, los laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, ópticas, peritos y liquidadores de siniestros de las aseguradoras, la atención de personas víctimas de violencia de género, la producción para la exportación y procesos industriales específicos con autorización del Ministerio de Desarrollo.

Asimismo, el Gobierno creó la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que  tiene como objetivo analizar y evaluar los reclamos de apertura progresiva en diferentes lugares del país y que estará coordinada permanentemente con los gobernadores. La comisión podrá señalar “la necesidad o conveniencia de ampliar o reducir las excepciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio, en función de la dinámica de la situación epidemiológica y de la eficacia que se observe en su cumplimiento”.

También formarán parte los ministros Ginés González García (Salud), Eduardo “Wado” de Pedro (Interior), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Martín Guzmán (Economía), Claudio Moroni (Trabajo) y Felipe Solá (Cancillería).

Por último, la “cuarentena comunitaria” hace referencia a la posibilidad de levantar el aislamientos en algunas zonas rurales o pueblos pequeños en los que no se hubieran detectado casos positivos de coronavirus, permitiendo la circulación interna de los habitantes dentro del área estipulada.

Se trata de “comunidades que pueden funcionar por sí mismas sin conectarse con lugares en riesgo y de algunas actividades rurales que podríamos aceptar”, destacó el Presidente. 

“Cada gobernador nos dirá cuál es el pueblo que hay que declarar en cuarentena comunitaria y qué tipo de actividad cree que puede llevarse a cabo y nosotros analizaremos con el ministro de Salud y los epidemiólogos la viabilidad de esto”. El Gobierno descarta su aplicación para provincias enteras y grandes centros urbanos.

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