Educación: en la última década sólo en 2015 se cumplió con la inversión establecida por ley

En la Argentina, por ley, el financiamiento educativo de las provincias y la Nación debería alcanzar el 6% del Producto Bruto Interno (PBI), es decir, del tamaño de la economía. Sin embargo, esto no sucede: en 2019, y por cuarto año consecutivo, la inversión educativa cayó y fue del 4,8% del PBI, menor a la meta del 6% que dispone la ley, según destaca un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

La Ley de Financiamiento Educativo de 2005 estableció que se debería destinar en 2010 el 6% del PBI a Educación, Ciencia y Tecnología. Luego de alcanzada esta meta, la Ley de Educación Nacional aprobada un año después estableció que el presupuesto consolidado del Estado nacional y las provincias “destinado exclusivamente a educación, no será inferior al 6%” del PBI, como se explicó en esta nota.

Desde la sanción de la primera ley en 2005, se diferencian 2 períodos en el financiamiento educativo de la Argentina, según el informe del Cippec realizado por Agustín Claus y María Eugenia Bucciarelli. En el primero, que va desde 2005 al 2010, “la inversión en educación, ciencia y tecnología consolidada creció”, en un “contexto macroeconómico favorable”.

En el segundo período, que va desde 2010 al 2019 -último año con datos-, la meta de inversión no se alcanzó: “Desde 2010, el ritmo de inversión se desaceleró y la inversión educativa osciló en promedio en torno al 5,5% del PBI. En un contexto macroeconómico fluctuante y recesivo, el esfuerzo educativo del nivel nacional y el conjunto de las jurisdicciones provinciales disminuyó: solo en el último año del periodo se registró una contracción de recursos del 1,10% del PBI”.

Además, el estudio destaca que “en los últimos 15 años la inversión nacional se concentró en fondos salariales y la disponibilidad de recursos para programas educativos nacionales se vio limitada”. En 2019, la Nación destinó 85% de sus fondos al pago de salarios docentes y solo el 15% a los programas educativos nacionales e infraestructura educativa. 

En este sentido, el documento destaca que “aún persisten notables disparidades horizontales en las variables fiscales provinciales y la inequidad en la inversión educativa entre las provincias continúa siendo considerable”, por lo que los programas nacionales, si son impulsados por “criterios redistributivos, objetivos y transparentes, tienen el potencial de reducir las desigualdades educativas estructurales en las provincias”.