Boleta Única Electrónica en CABA: ¿qué críticas le hizo la Justicia a la empresa MSA tras las PASO de 2023?

Las próximas elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, que se desarrollarán el 18 de mayo, serán con Boleta Única Electrónica (BUE). Este método fue utilizado por primera vez en 2015, y por última vez en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto de 2023.

En ese momento, la jueza federal con competencia electoral de la Ciudad de Buenos Aires, María Servini, denunció inconvenientes con las máquinas pertenecientes a la empresa MSA (Magic Software Argentina), que había ganado la licitación. La Cámara Nacional Electoral validó las denuncias de Servini y para las elecciones generales de ese año se utilizó el sistema de boleta partidaria de papel.

En las próximas elecciones legislativas locales la votación se hará nuevamente con BUE, y la única empresa que se presentó para la licitación, y fue adjudicada, es MSA.

¿Qué pasó en las PASO de 2023 y qué determinó la Justicia?

La BUE ya se había utilizado en las elecciones porteñas de 2015, pero fueron comicios desdoblados de los nacionales. Las elecciones de 2023 tuvieron una particularidad: fueron concurrentes. Esto quiere decir que los cargos locales y nacionales se votaron el mismo día, pero se utilizaron 2 sistemas de votación distintos. Para los nacionales se utilizó el sistema de boleta partidaria y para los porteños, la BUE.

Dos días después de las elecciones primarias, la jueza federal con competencia electoral porteña, María Servini, denunció que se registraron inconvenientes que “transformaron esta elección en los comicios más problemáticos y conflictivos de los últimos 30 años en esta Ciudad”.

En una nota elevada a la Cámara Nacional Electoral, la magistrada indicó: “Los inconvenientes mencionados, todos relacionados con la implementación de la Boleta Única Electrónica y las máquinas utilizadas a tal fin, adquirieron una dimensión tal, que provocaron que muchos ciudadanos tuvieran que hacer largas filas con una espera de hasta más de 2 horas para poder votar, algo que no había sucedido nunca, ni aun durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19”.

También señaló problemas técnicos (“tanto de software como de hardware”) y denunció “mala preparación del personal ‘técnico’ contratado por la empresa en cuestión para la instalación y prueba de las máquinas”.

Indicó que la instalación eléctrica fue “totalmente precaria, peligrosa, con conexiones expuestas, cableado que no respetaba norma alguna, zapatillas sobrecargadas y brillantes de alargues”, lo que “ponía en riesgo a las autoridades de mesa y a los electores en tránsito por el local de comicio”.

En algunos establecimientos, según relató, “se llegó a temer por la integridad física de los votantes, por el mal funcionamiento de las máquinas”, y hubo casos en los que una urna “imprimió una Boleta Electrónica correspondiente a un país extranjero”.

Por eso, explicó que “no pueden realizarse nuevamente y en las mismas condiciones las elecciones del 22 de octubre”, y agregó que, si no se abandona este sistema, “no es posible garantizar la normalidad y seguridad del acto electoral”.

La Cámara Nacional Electoral validó estos puntos y el Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad anuló el uso de la Boleta Única Electrónica para las elecciones generales, en las que se votó con el sistema de boleta partidaria de papel.

¿Cuál fue la explicación de la empresa y del Gobierno?

Ante la consulta de Chequeado, el Grupo MSA, proveedor del sistema de Boleta Única Electrónica, explicó que el sistema no presentó fallas técnicas significativas, atribuyendo los inconvenientes a factores externos: “Las demoras que sufrieron algunos ciudadanos al momento de votar fueron por una mala gestión operativa producto de la concurrencia de sistemas”, indicaron.

Como evidencia, señalaron que “solo 2 semanas después, en Neuquén y en Paraguay, se utilizó el mismo sistema y las mismas máquinas, con total normalidad”, remarcando que “la tecnología no fue el problema”.

En su defensa, la empresa destacó que “menos del 2% del universo de máquinas registró alguna falla” de las 14.306 equipos entregados, y advirtieron que “se prohibió que el personal técnico dispuesto para los comicios brindara cualquier tipo de asesoramiento o asistencia”.

La empresa indicó que su sistema pasó por más de 80 auditorías externas, arrojando en todos los casos “excelentes resultados”.

Por su parte, ante la consulta de Chequeado, desde el Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad señalaron que la principal diferencia respecto de 2023 es que “no habrá concurrencia”, es decir, 2 sistemas de votación distintos al mismo tiempo, y que la empresa “trabajará en forma coordinada y conjunta con el servicio logístico”.

Por último, en línea con lo destacado por la empresa, se refirieron a las auditorías: “De las 14.600 máquinas, apenas fallaron 170, o sea, el 1,16 %. El 90% de las mesas estuvieron operativas antes de las 9 de la mañana, en línea con el promedio en todas las elecciones”.

MSA llevará adelante el sistema de Boleta Única Electrónica por US$ 21 millones

El 1 de abril se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires la preadjudicación para la ejecución de la Boleta Única Electrónica en las elecciones legislativas porteñas al Grupo MSA (Magic Software Argentina), el mismo que había llevado adelantes las elecciones locales en agosto de 2023. El 8 de abril se publicó la resolución final que la adjudicó formalmente.

Según la Resolución N° RESOL-2025-25-GCABA-IGE firmada por el Director Titular del Instituto de Gestión Electoral, la empresa se adjudicó la Licitación Pública N° 623-0209-LPU25 por un monto total de US$ 21.986.000, equivalente a $ 23.563.495.500 al tipo de cambio oficial del Banco Nación, siendo esta la única oferta presentada durante el proceso licitatorio que tuvo su apertura el 26 de marzo.

La resolución establece que el “Grupo MSA S.A. será responsable del Servicio Integral del Proceso Electoral de la Ciudad para el año 2025”, tras un proceso donde el presupuesto original estimado era de US$ 24.400.000, y donde el plazo de impugnaciones venció sin que se presentara ninguna objeción formal.

El documento de preadjudicación indicaba que el oferente “ha sido evaluado y calificado en función de la capacidad técnica, económica y empresarial, para asumir el compromiso económico-financiero que supone la prestación de los servicios licitados, antecedentes demostrativos de la capacidad técnica para ejecutar los trabajos de la presente Licitación y el precio ofertado”, habiendo “cumplimentado la totalidad de los requisitos mínimos exigidos” en los pliegos.

Actualización 21/4/2025: Se actualizó la nota tras la adjudicación formal.