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En los primeros 2 años de gestión, el Gobierno finalizó la redacción del proyecto de reforma del Código Penal, que será presentado en los próximos días en el Congreso. También avanzó en la implementación del Código Procesal en 8 jurisdicciones de la Justicia federal.

El Gobierno no presentó un proyecto para reformar la Ley de Inteligencia, pero dictó un DNU que disolvió la Agencia Federal de Inteligencia y restableció la SIDE. El decreto habilita el accionar de los espías como auxiliares de la Justicia y elimina la necesidad del acuerdo del Senado para nombrar al jefe de inteligencia.

Según datos oficiales, en 2025 se destinó un 90% menos de fondos para la construcción y mejoras edilicias de hospitales que en 2023, último año de Alberto Fernández. No se registran nuevas obras públicas en hospitales con el financiamiento del Estado nacional, y las que están vigentes no cuentan con avances significativos, según constató Chequeado.

Milei modificó la fórmula jubilatoria para ajustar haberes por inflación mensual y puso fin a la moratoria previsional. Sin embargo, según los especialistas consultados por Chequeado, estas medidas no alcanzan para ordenar el sistema. El nuevo esquema afectó a las jubilaciones mínimas, no se propuso ninguna opción que reemplace las moratorias y tampoco se anunciaron medidas para ordenar los regímenes de excepción.

El Ejecutivo presentó un proyecto para reformar la Ley de Seguridad Interior y habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. La iniciativa todavía no obtuvo dictamen de comisión en la Cámara baja y no fue tratada en el recinto de ninguna de las 2 cámaras, pese a que ya lleva más de un año de su ingreso al Parlamento.

Mientras la ley del aborto sigue vigente, crecen los obstáculos para acceder a la práctica: el Gobierno no entregó medicamentos para IVE en 2025 y se triplicaron las denuncias por barreras de acceso. Aún así, el Presidente no impulsó un plebiscito para derogar la ley, como prometió en campaña, aunque esto podría suceder en el resto de su mandato.

Aunque el Gobierno nacional implementó el programa “vouchers educativos” y continuó con el programa Becas progresar, especialistas consultados por Chequeado coinciden en que no se trata de políticas que permitan “financiar la demanda” de forma universal, como planteó Milei en campaña.

En 2025, el Gobierno modificó la Ley de Educación Superior y la de Migraciones, habilitando a las universidades estatales a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros con residencia temporaria en nuestro país. Además, los recursos destinados al sistema universitario nacional registran una caída.

El Gobierno enviará al Congreso una reforma laboral que incluye la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, promueve los convenios por empresa y permite los aumentos salariales por productividad. Especialistas consultados por Chequeado difieren sobre el impacto de estos cambios en la creación de empleo formal y la reducción de la informalidad.

El Gobierno eliminó o redujo más de 19 impuestos. En tanto, restituyó la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, no renovó la exención del IVA para los sectores de menores ingresos y aumentó los impuestos a los combustibles. Prepara una reforma tributaria, pero el proyecto no fue enviado al Congreso.

El Gobierno presentó una reforma penal que endurece penas contra el narcotráfico y logró aprobar la ley antimafias. Los homicidios vinculados a economías ilegales en Santa Fe se mantienen en mínimos históricos, aunque aumentaron levemente. El presupuesto destinado a la lucha contra el narcotráfico bajó en términos reales en 2025.

El Presidente señaló que para avanzar en el cierre del BCRA era necesario sanearlo: en este sentido se avanzó en la eliminación de la emisión monetaria y en la reducción de los pasivos de la entidad. Especialistas consultados por Chequeado coinciden en que el cierre sólo sería posible tras una dolarización gradual, aunque difieren sobre la viabilidad y sobre cuándo podría concretarse.