Aportantes que no cierran: irregularidades en el listado de donantes del candidato presidencial Daniel Scioli

El Frente para la Victoria (FpV) fue la única alianza que superó las PASO que realizó importantes modificaciones en su listado de aportantes privados, de acuerdo con los informes -original y rectificado- presentados ante la Justicia y analizados línea por línea por Chequeado durante el último mes.

La Ley de Financiamiento de Partidos Políticos obliga a las fuerzas políticas a informar los nombres de sus donantes individuales. Sin embargo, no ordena respaldar lo declarado con ninguna documentación que confirme que efectivamente los montos declarados fueron entregados por las personas que figuran en el listado.

Como se indicó en esta nota, el nuevo listado de aportantes privados entregado por el FpV presenta varios cambios en los nombres aunque, sospechosamente, el monto final declarado es el mismo. En otras palabras, el listado original detalla $26.018.060 en concepto de aportes privados para la fórmula Daniel Scioli-Carlos Zannini, mientras que el rectificado, tras la salida y entrada de cientos de funcionarios bonaerenses, declara exactamente la misma cifra final: $26.018.060.

Resulta cuanto menos curioso que de las 204 personas que desaparecieron del listado original, una enorme mayoría son funcionarios de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). Chequeado recibió dos denuncias de funcionarios de la agencia de recaudación provincial que pidieron el anonimato y denunciaron haber sido incluidos en el listado de aportantes del FpV sin haber entregado un solo peso y habiéndose negado ante un superior a ser parte de esta lista.

El artículo 15 de la ley de financiamiento prohíbe que las alianzas políticas reciban “contribuciones o donaciones de personas que hubieran sido obligadas a efectuar la contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores”.

Como se puede observar al comparar ambos listados, al menos 182 agentes de ARBA (gerentes, subgerentes, jefes regionales y funcionarios de menor rango) que inicialmente figuraban como donantes de dinero a la campaña del FpV, por algún motivo, no quedaron en el listado final.

“La explicación es que hubo un error, una confusión administrativa en el listado. Se tomaron como aportantes a las personas que figuraban en un listado para un acto”, dijo a Chequeado el gerente general de Administración de ARBA, Pablo Delgado. Consultado sobre a qué acto se refería, Delgado sólo dijo que a “diferentes actividades”. “Cuando nos percatamos presentamos el listado rectificado ante la Justicia”, agregó Delgado.

-¿No hubo algún pedido por parte de directivos de ARBA para que gerentes, subgerentes o directores pusieran plata en la campaña? -preguntó Chequeado.

-Desmiento totalmente que lo haya habido -respondió Delgado.

De acuerdo con la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, cualquier ciudadano puede presentar impugnaciones a los informes si identifica que su nombre está consignado erróneamente en la lista de aportantes que se publica en la página de la Secretaría Electoral de la Capital Federal. Si la alianza política no contesta la denuncia durante los cinco días siguientes, quienes presentaron observaciones no pueden hacer mucho más porque la ley no los legitima para intervenir procesalmente y el proceso de auditoría queda a cargo del Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Nacional Electoral.

El Cuerpo de Auditores cuenta con 210 días para realizar la auditoría de los estados contables de los partidos políticos e informar los resultados. Sin embargo, este organismo no chequea la identidad de todos los aportantes, sino que hace una selección aleatoria para determinar la veracidad de la identidad de los donantes.

También desapareció del listado Loreley Fuganti, empleada de la agencia de publicidad Savaglio Studio y directora de cuenta de la campaña publicitaria “Vamos a la Playa” de la Provincia de Buenos Aires. Según detalla en su cuenta de LinkedIn, también había trabajado en la campaña a gobernador de Scioli en 2011.

Savaglio Studio es propiedad del publicista Ernesto Savaglio, quien tiene entre sus principales clientes al gobernador Scioli y al Grupo Clarín. El creador del color naranja con el que se suele identificar a la gestión provincial y a la campaña del candidato presidencial del FPV figura como presidente de la agencia, cuya razón social es S-DOS S.A. Según el primer informe financiero presentado por el FpV en relación a los gastos de campaña, dicha empresa recibió $2.541.000 por el “servicio prestado para la creatividad” en la publicidad electoral de las elecciones primarias en las que el oficialismo llevó a Scioli como principal candidato.

Los reemplazantes: funcionarios y algo más

El listado rectificado contiene 213 nombres nuevos, entre los que se destacan varios nombres de la Dirección General de Cultura y Educación que dirige Nora de Lucía (quien ahora fue incluida en el listado de donantes), con un total de 27 funcionarios contribuyendo con entre $5.000 y $30.000 para la campaña de Scioli.

Tampoco habían sido declarados como aportantes, y ahora aparecen, 12 funcionarios del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia que encabeza Cristian Breitenstein, así como nueve directores, asesores y subsecretarios del Ministerio de Asuntos Agrarios, todos con $20.000 o más.

Completan las novedades de la lista otros 59 funcionarios de la Gobernación Scioli, varios de ellos de la Jefatura de Gabinete provincial, además de 102 ex funcionarios y personas sin vinculación comprobable con el gobierno. En este último grupo hay docentes, abogados, ferreteros y hasta un profesor de jazz.

Sospechas e hipótesis

En 2008, la periodista María O’Donnell denunció en el diario Crítica de la Argentina que muchos de los donantes que figuraban como aportantes de la campaña del FpV no habían puesto un peso, no estaban ni enterados de que sus nombres aparecían en los listados presentados o directamente se trataba de personas que no tenían recursos suficientes para aportar a las campañas. Este procedimiento violaría la prohibición de aportes anónimos establecida en la ley de financiamiento electoral.

“Es muy probable que también en este caso se haya utilizado -con o sin permiso- el nombre de algunas personas para hacerlas figurar como aportantes cuando en realidad sólo se trata de aportantes ficticios”, señaló Delia Ferreira Rubio, especialista en financiamiento partidario y miembro de la organización Transparencia Internacional. “Es una forma de ocultar el verdadero origen de los fondos: el aportante real da el dinero pero no figura en el listado; el aportante ficticio aparece en el listado pero no pone dinero”, explicó.

Respecto de las irregularidades señaladas anteriormente en los informes presentados por el FpV, su apoderado partidario, Jorge Landau, contestó a Chequeado que es la primera vez que escucha hablar de ellas. “No tengo idea porque yo no los preparé [los informes]. El responsable económico-financiero es quien se ocupa de los estados contables, yo sólo acompaño la presentación”, dijo Landau. “Después, cuando estén los planteos (judiciales), veremos”.

Este sitio solicitó al área de Control Patrimonial de la Secretaría Electoral de la Capital Federal, a cargo de la jueza federal María Servini de Cubría, información sobre impugnaciones presentadas por ciudadanos, ya que la ley prevé que cualquier persona puede acceder a ellas. La Justicia informó que se habían registrado tres casos de personas que figuraban en el listado y no habían aportado, por lo que el 9 de octubre último se realizó una solicitud de acceso a la información contemplada en la ley de financiamiento electoral para conocer sus identidades. Hasta el momento de la publicación de esta nota, Servini de Cubría no respondió el pedido (ver recuadro). Incluso retrasó la solicitud de información al alegar la falta de presentación de una resma de hojas por parte de Chequeado para poder acceder al expediente de la alianza nacional del FpV.

Servini de Cubría es la misma jueza que todavía no se pronunció sobre la aprobación o rechazo de las cuentas presentadas por el FpV para la elección presidencial de 2007, en la que ganó Cristina Fernández de Kirchner. Desde su Juzgado argumentan que la magistrada está esperando la resolución de varias causas penales en las que se investigan vínculos de los aportantes con el narcotráfico para luego proceder en el expediente electoral.

Además: “Justicia a destiempo”.