Fallo contra YPF: cómo puede seguir el proceso judicial en Nueva York

La Justicia de los Estados Unidos le ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF para pagar una indemnización por US$ 16 mil millones por la estatización de la empresa, que tuvo lugar en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria).

El demandante principal es el fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigio del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi. La jueza Loretta Preska, que ya había fallado contra la Argentina ordenando la indemnización, ahora dispuso que el pago se ejecute mediante la entrega de acciones. El Gobierno presentó un escrito que solicita la suspensión del fallo, pero la jueza lo rechazó. Ahora, la Corte de Apelaciones le dio una semana para que presente los argumentos para suspender la ejecución del fallo.

¿Qué puede pasar con este proceso judicial? ¿Cuáles son las posibles alternativas?

Un resumen sobre el origen de la causa por la expropiación de YPF

La demanda por la expropiación de YPF se inició en abril de 2015, 3 años después de la intervención estatal en la compañía. Aquí vale una distinción: quien reclama no es el Grupo Repsol, al que se le expropiaron las acciones, sino el resto; es decir, los no expropiados. Aunque tampoco son ellos, sino el fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigio del Grupo Petersen (familia Eskenazi), rematados tras un proceso de quiebra tramitado en la Justicia de Madrid. 

Estos litigantes reclamaron en Nueva York que el proceso que llevó a cabo el Gobierno argentino violaba el estatuto de la compañía, que establecía que si alguien compraba más del 15% de la empresa debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas y no sólo a Repsol.

La causa de fondo: fallo contrario que debe ser revisado por una instancia superior

En septiembre de 2023 Preska aceptó el cálculo de intereses presentado por los peritos de Burford Capital y ordenó a las partes acordar un monto de indemnización acorde al fallo. Pocos días después, Preska puso fin al litigio al ordenar al Gobierno el pago de US$ 16,1 mil millones por la estatización de YPF: US$ 14,4 mil millones correspondientes al Grupo Petersen y US$ 1,7 mil millones a Eton Park, que también forma parte del expediente.

Esa resolución fue apelada por las partes. Los abogados que patrocinan a la Argentina piden que se revea la resolución de Preska. Los demandantes solicitan que se incluya a YPF como condenada y no sólo a la Argentina. Es la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York la que debe definir si confirma o rechaza lo resuelto por Preska.

“El fallo de Preska está apelado en una cámara y debe decidirse. Hay una gran posibilidad técnicamente hablando de que el monto de la sentencia, es decir, los US$ 16 mil millones, se reduzca gravemente, porque la jueza tomó en consideración para calcular ese monto el tipo de cambio aplicable en la fecha de incumplimiento y no el tipo de cambio aplicable en el dictado de la sentencia”, explicó Bernardo Saravia Frías, procurador del Tesoro en la presidencia de Mauricio Macri, en una entrevista en La Nación+.

Con este punto coincidió Sebastián Soler, abogado argentino matriculado para ejercer en el circuito de Nueva York: “Según plantean los abogados de nuestro país, el estatuto de YPF contempla que la oferta de compra a los accionistas minoritarios se haga en pesos y la ley de Nueva York establece que la conversión a dólares de una obligación denominada en moneda extranjera debe calcularse a la fecha de la sentencia (2023) y no, como dispuso Preska, en la fecha del incumplimiento (2012). Por sí solo, ese planteo bastaría para reducir de miles a cientos de millones el monto en dólares de la indemnización si la Cámara lo acepta”.

El especialista agregó que la Cámara no tiene plazos para resolver. 

Aunque esté apelado, el fallo de Preska está en ejecución

Mientras tanto, la sentencia se puede ejecutar. “En Estados Unidos, a diferencia de la Argentina, una sentencia en primera instancia es ejecutable por más que haya sido apelada. Es decir que estamos en pleno proceso de ejecución de una sentencia que ya ha sido apelada. En ese marco es que la jueza, a pedido de Burford, ha tomado esta decisión”, agregó Saravia Frías, en referencia a la orden de entregar el 51% de las acciones a pedido de Burford.  

Preska le dio 14 días a partir del fallo a la República Argentina para que transfiera las acciones Clase D de YPF a una cuenta en el Bank of New York Mellon (BNYM), y le ordenó a esa institución financiera que transfiera esas acciones a los demandantes al siguiente día hábil.

Antes de este fallo, Soler había indicado que la posible entrega de acciones no tendría “efecto inmediato porque puede ser apelada por la Argentina. Además, el Poder Ejecutivo no podría acatarla porque la ley de expropiación de YPF le prohíbe transferir sus acciones sin la aprobación del Congreso, votada favorablemente por 2 tercios de los miembros de cada cámara”.

Los abogados defensores de la Argentina en los tribunales de Nueva York presentaron un escrito que solicita que se suspenda la ejecución de la sentencia del 30 de junio. La presentación sostiene que el país sufrirá “daños irreparables” si no se suspende ese fallo, y explica, entre otros motivos, que la orden de Preska obliga a un estado extranjero a modificar o “violar” su propia legislación. La jueza rechazó esa solicitud. La defensa de la Argentina recurrió a la Corte de Apelaciones, que le dio una semana para presentar los argumentos.

El Gobierno de los Estados Unidos notificó a este tribunal que volverá a presentarse como amicus curiae en el expediente para apoyar a la Argentina.

Actualización 14/07/2025: la nota fue actualizada con la última información disponible. 

Actualización 16/07/2025: la nota fue actualizada con la última información disponible.