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Esta nota tiene más de un año

Claves para entender el anuncio de pago a los jubilados

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunció hoy un paquete de medidas legislativas que incluyen el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. Se trata de una iniciativa para actualizar los haberes previsionales en función de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, principalmente en los fallos “Badaro” y “Elliff”.

Entre 2002 y 2006, los jubilados que ganaban más de $1.000 tuvieron aumentos de sus haberes por debajo de la inflación y de los salarios de los trabajadores activos, por lo que la Corte, en el caso “Badaro”, estableció que se realizara el ajuste correspondiente. Además, en el caso “Elliff” el máximo tribunal estableció que los salarios que se utilizan para calcular la jubilación debían actualizarse con la variación de los sueldos de trabajadores activos, algo que no se explicitaba en la ley de 1993 sancionada durante la gestión del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo.

Aquí, algunas claves para entender el anuncio:

1) La idea del oficialismo es terminar con los juicios de los jubilados en la Justicia. Aunque el pago de sentencias firmes aumentó en los últimos años, según un informe de la ANSES con datos de 2014 todavía hay más de 300 mil causas previsionales en trámite. La mayoría (88%) son reclamos por mala liquidación de haberes.

Si se suma a los jubilados que tienen sentencia firme, a los que aún no la tienen y a los que no iniciaron una causa en la Justicia, hoy en la Argentina hay más de dos millones de personas que estarían cobrando menos de lo que deberían, explicó en una entrevista en Radio Continental Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad. Por otro lado, agregó, hay otros tres millones de jubilados y pensionados, “muchos de ellos que perciben la mínima gracias a las moratorias previsionales”, que no se verían beneficiados con esta medida.

2) El proyecto oficial será enviado la semana próxima por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso. Sin embargo, el titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, adelantó en una entrevista con Radio Mitre que el financiamiento del nuevo programa provendrá de dos fuentes: las ganancias de las inversiones que posee el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que hoy alcanza un valor de $ 750 mil millones, y la Cuenta de Rentas General del Tesoro Nacional, “cuyos fondos van a venir de lo que se recaude por el blanqueo” de capitales, otro de los proyectos que incluye el paquete de medidas que presentará el Ejecutivo, según señaló Basavilbaso.

Según un informe oficial publicado en diciembre de 2015, “el portafolio de inversiones del FGS registró una tasa de rendimiento en pesos en el último bimestre del año de 8,5% equivalente a $51.783 millones”, y su mayor proyecto productivo fue el programa para la vivienda única PRO.CRE.AR, seguido por la Central Nuclear Néstor Kirchner (Atucha II). Al mismo tiempo, el Fondo posee acciones de diferentes empresas privadas, cuyas mayores inversiones son: Banco Macro SA ($14.472 millones); Telecom Argentina SA ($11.090 millones); Siderar SA ($10.143 millones); Grupo Financiero Galicia SA ($ 9.578 millones) y Molinos Río de La Plata SA ($ 4.118 millones).

3) El paquete de medidas también incluye un proyecto de ley de Pensión Universal, equivalente al 80% de una jubilación mínima y destinado a los mayores de 65 años que no cuenten con ningún beneficio social, o que posean alguno por una remuneración menor a dicha pensión. En la actualidad, este porcentaje es bajo, ya que la cobertura previsional aumentó a raíz de diferentes moratorias que lanzó el gobierno anterior para incluir a quienes no alcanzaban los requisitos para jubilarse.

En 2003 estaba cubierto el 66% de las personas en edad de jubilarse, cifra que alcanzó el 97% para 2015, según las estimaciones de la ANSES. En cantidad de personas, se pasó de unos tres millones a 5,4 millones, es decir, más de dos millones de nuevos beneficiarios. “El total de jubilaciones y pensiones aumentó 109,5% desde diciembre de 2003”, informa ANSES, y agrega que la mitad de las actuales jubilaciones y pensiones “fueron incorporados gracias al Plan de Inclusión Previsional”.

Sin embargo, los especialistas destacaron que este sistema sería afectado por la persistencia del trabajo en negro, que alcanza a un tercio de los trabajadores, ya que provocaría que la cobertura descienda en el tiempo. De hecho, eso sucedió entre 2010 y 2014, período durante el cual no hubo moratorias vigentes, hasta que ese año se lanzó un nuevo programa de inclusión. Si se aprueba el proyecto de Pensión Universal, las personas podrán acceder al sistema sin requerir para ello de la apertura de una nueva moratoria.

Fecha de publicación original: 27/05/2016

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Comentarios

  • Mariano27 de mayo de 2016 a las 7:01 pmEl Gobierno K recompuso el ingreso de los jubilados de menores ingresos (la mínima subió 22 veces entre 2003 y 2015). El Gobierno M busca mejorar el de los de más y así restablecer el esquema de desigualdad distributiva que había antes del Kirchnerismo. Volveríamos a una latinoamericanización distributiva: más haberes para los que más tienen.
    • juan6 de junio de 2016 a las 12:46 amEl tema es entonces que lo dejemos de llamar aportes y conrtibuciones y lo llamemos como lo que realmente es, un impuesto. Si es un aporte y contribucion, uno recibe segun lo que le descuentan, si es un impuesto, entonces no tiene nada que ver lo que dio con lo que recibe. Pero eso generaria el descontento de todos los que trabajan, y finalmente volveriamos a las AFJP. En este pais la falta de solidaridad, el amiguismo, el cleintelismo y la corrupcion son las bases de la sociedad, ya sea de derecha o de izquierda.
  • juan5 de junio de 2016 a las 6:07 pmComo le dijeron a Tupac Amaru, vamos por partes. Primero: Badaro habla de actualizacion de jubilaciones, Eliff habla de actualizacion de calculo para el primer haber (que es el 88% de los casos judicializados tal cual lo decis). Eliff no aplica para la actualizacion el indice de salarios de trabajadores activos, sino que aplica el ISBIC. Pequeña difirencia casi un 100% en la actualizacion de los sueldos historicos a tomar en el calculo del beneficio. Segundo: la propuesta del gobierno es aplicar el indice RIPTE (que es similar al aplicado en Badaro, o sea actualizacion de la jubilacion) a la actualizacion de sueldos para el calculo del beneficio, durante el periodo que se aplican ambos indices, el propuesto por el gobierno genera un 260% de aumentos, mientras que el indice que aplica la justicia (como lo señale antes, el ISBIC) genera un 480%. La propuesta del gobierno es netamente inferior a la justicia. Tercero: propone pagar hasta 48 meses de retroactivo desde la notificacion de la demanda, quien haya iniciado el reclamo hace mas de dos años, ademas de perder por el distinto indice utilizado para el calculo, pierde porque le reconocen menos retroactivos. La corte hoy reconoce hasta dos años antes de iniciar el reclamo, de manera que alguien que inicio del reclamo. Cuarto: hoy universalmente se pueden jubilar con 60 años las mujeres y 65 los hombres. Se eleva en 5 la edad de la mujer. Quinto: propone establecer una evaluacion socioeconomica que no estaba establecida para la moratoria 24476, cerrando de esta manera la posibilidad a quienes tengan por ejemplo 20 años de aportes posteriores al 93 de jubilarse, y tener que optar por la pension a los 65, del 80% de una jubilacion minima. Sexto: unico punto a favor de esta ley, al que no haya hecho hasta ahora reclamo (y es la mayoria) le reconocen una parte de lo que le reconoce la justicia sin iniciar nada, cuando un juicio normalmente esta demorando entre 8 y 10 años para el cobro.
    • Sol Minoldo27 de junio de 2016 a las 1:37 pmJuan: En respuesta a 1, 2 y 3. Si la propuesta no es tan beneficiosa como los fallos de la corte, es el menor de los problemas de esta ley. El acuerdo es voluntario (no perjudica a nadie de forma compulsiva) y supone una alternativa para los jubilados que no existía antes de esta ley (en al que la única chance era litigar, pasar todo el proceso legal, y con el fallo a favor, esperar que se ejecute el pago). Para quienes están en la ultima etapa de la vida, un acuerdo que reduce parte de los beneficios a cambio de inmediatez, no es algo menor. Reducir parte de los porcentajes que propone la corte es, de hecho, una manera de suavizar el impacto fuertemente inequitativo que esta ley supone en términos redistributivos, en la medida que prioriza el destino de millonarios recursos a mantener tasas de sustitución, cuando aun no se ha resuelto que las prestaciones mas bajas preserven una calidad razonable. En relación al punto 4: hoy la jubilación a la edad jubilatoria NO es universal, sino que hay que cumplir con condiciones contributivas. Lo que existía no era un derecho institucionalizado sino moratorias, y la ultima vencía justamente este año. Sin embargo, es cierto que como sustituto de las moratorias la pensión universal no hace sino restar, en el sentido que pierde calidad, incrementa la edad de acceso a la mujer y TAMPOCO establece el acceso universal como derecho (porque solo estará vigente por tres años) En relación al punto 5: la ultima moratoria (2014) SI incluía una evaluación socioeconómica, mientras que la pensión universal no hace examen de medios, sino que es incompatible con otra prestación de la seguridad social. Lo cual no estaría mal si no fuera menor a la mínima y si la mínima no fuese una miseria. Es decir, el problema no es que no pueda acumularse con otras prestaciones, sino sus propias características de calidad de protección deficitaria.
  • daniel verón14 de agosto de 2019 a las 5:10 pmyo digo que el aumento a los jubilados debería ser proporcional: los mínimos cobrar más aumento pero los que cobren más subirles menos
  • VINI16 de agosto de 2019 a las 11:46 pmENCONTRE EN WIKIPEDIA QUIEN ES EMILIO BASAVOLVASO AL FRENTE DEL ANSES QUE APELA TODOS LOS JUICIOS PARA NO PAGAR, O LLEVARSELA IGUAL QUE MASSA, MACRI-BARBA ,PRO,DUJOVNE Y COMPALIA, MAS OTROS. CON ESTOS ARGENTINOS EL DESTINO ES VENEZUELA.Su gestión en el Instituto de Vivienda de Buenos Aires no alcanzó para revertir el déficit habitacional de la capital argentina. Hacia 2015, un total de 132 570 hogares (el 11,6% del total de viviendas de la ciudad de Buenos Aires) necesitaba una solución habitacional . El gobierno de la ciudad solo entregó 6121 soluciones habitacionales desde 2007, casi el 5% de lo requerido.6​ Sobre su gestión pesan varias denuncias y procesos judiciales, la denuncia más grave investigada por el Juzgado Nacional Criminal de Instrucción Nº 15 de Buenos Aires, donde 350 trabajadores del subte y más de 100 vecinos alegan haber sido estafados con casas que jamás fueron adjudicadas, por 35 millones de pesos. Un informe del legislador porteño José Cruz Campagnoli señala que parte de ese dinero –tres millones de pesos– fueron a parar a una consultora privada y otros dos millones fueron a parar a una cooperativa a la que se le pagó sin que mediara contratación directa, o licitación.7​ También ha sido acusado de tener vínculos a un puntero del PRO, que trabaja en el IVC que habría intentado asesinar a un militante social.8​ En septiembre de 2015, un balcón se derrumbó en el barrio de Villa Soldati, falleciendo un niño y dejando dos heridos. El bloque del Frente para la Victoria en la Legislatura Porteña pidió que Basavilbaso se presentara en el recinto legislativo para explicar por qué no se hicieron las reparaciones en el edificio dañado.9​ En 2017 a raíz de la firma de un memorándum de entendimiento con Catar, fue imputado penalmente en la causa por el acuerdo por 1300 millones de dólares con Catar. Se encuentran imputado junto con el Presidente Mauricio Macri, la vicepresidenta Gabriela Michetti, el ex titular del Fondo de Garantía de sustentabilidad de la Anses, Luis María Blaquier; la canciller Susana Malcorra; el secretario de Presidencia Mario Quintana y el ex tenista Gastón Gaudio por los delitos de estafas y defraudaciones, administración fraudulenta, y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.10​11​ A 2017 se encuentra imputado junto con el ministro de Finanzas, Luis Caputo; y otros dos ex funcionarios que condujeron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). El fiscal Jorge Di Lello los acusó del presunto delito de administración fraudulenta de fondos públicos en una causa en la que se investigan operaciones irregulares con los activos financieros del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. También son investigadas judicialmente las empresas Indupa, Pampa Energía, Braskem Argentina y la constructora IECSA, de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.12​ Durante una conferencia de prensa en noviembre de 2017, Basavilbaso afirmó que las jubilaciones argentinas «son más altas que las del resto del mundo y de la región», llegando a compararlas con el sistema jubilatorio de Finlandia.13​ Pese a que después aclaró que se refería a la fórmula con que se calculan las jubilaciones, fue desmentido por el embajador argentino en Finlandia, que afirmó que las jubilaciones en ese país son poco menores que los salarios previos a la jubilación,14​ mientras que varios periódicos hicieron notar que los prestaciones jubilatorias en Finlandia son muy superiores a las argentinas, siendo su ingreso mínimo un 123% superior al argentino.15​ En 2018 fue citado a indagatoria en el caso que investiga si la venta de las acciones de Petrobras Argentina (PESA), que estaban en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), generó un perjuicio para el Estado. Las acciones de PESA que tenía la Anses fueron compradas por Pampa Energía, la firma del empresario Marcelo Mindlin, uno de los grandes beneficiados por contrataciones del Estado en la era Macri. Bajo la gestión de Basavilbaso la Anses accedió a vender su parte a un valor de $10,37 pesos por acción, pero al poco tiempo cada acción cotizaba a un valor cercano a los 18 pesos. “Pareció hecho a la medida de los empresarios amigos de la familia Macri”, dijo en su momento la diputada Victoria Donda, una de las denunciantes.16​ En total se lo investiga por la supuesta estafa de 1688 millones de pesos a la Anses.17​ Para agosto de 2018 bajo la gestión de Basavilbaso, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad registró una pérdida de 29 mil millones de dólares en un año, representando una caída patrimonial del 55 por ciento.18​ SE ENTIENDE PORQUE DIGO QUE EL PRO TAMPOCO ES TRIGO LIMPIO, AUNQUE LOS KK SON MUCHO PEOR

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