Claves para entender el conflicto por el aumento de los jubilados

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, explicó ayer en conferencia de prensa que la resolución de la ANSES que modificaba el cálculo para aumentar las jubilaciones no se publicó en el Boletín Oficial y “ya se anuló”, por lo que “se liquidará como siempre”. Así, el aumento de marzo -el primer de los dos anuales- será de 12,96% y no de 12,65%, como se comunicó inicialmente.

A continuación, tres claves para entender el conflicto:

• ¿De qué hablamos cuando decimos “ley de movilidad jubilatoria”?

Se trata de una norma que se aprobó en 2008 y a partir de su sanción las jubilaciones empezaron a actualizarse dos veces por año, en marzo y en septiembre. Antes de esta ley, el Gobierno nacional decidía discrecionalmente cuánto iban a aumentar las jubilaciones.

Esta nueva ley generó que, desde marzo de 2009, las jubilaciones aumentaran a partir de una fórmula elaborada por la ANSES que toma en cuenta principalmente dos variables: los recursos tributarios que recibe el organismo (como lo que se recauda por el impuesto a las ganancias, entre otros impuestos) y la evolución de los salarios de los trabajadores que están en blanco (privados y públicos), según indicadores que miden el Ministerio de Trabajo de la Nación y el INDEC.

Como explicó a Chequeado Carlos Martínez, economista de la Universidad Nacional de General Sarmiento, “la ley de movilidad está llena de fallas conceptuales en su redacción”, por lo que, desde la primera suba en 2009, “el criterio de los aumentos lo decide la ANSES y son poco transparentes”, dado que los datos con los que se deciden las porcentajes no son públicos.

• ¿Qué pasó desde que está vigente la ley de movilidad jubilatoria?

Desde la sanción de la norma hasta la actualidad, los aumentos que obtuvieron los jubilados superaron a la inflación en cinco de los ocho años, como se ve en esta nota sobre el tema. Los años en los que el incremento de precios medidos por el IPC-9 Provincias fue mayor al aumento jubilatorio anual fueron 2010 y 2014, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y 2016, el primer año de gobierno de Mauricio Macri.

Según advirtió Martínez en este chequeo, “el sistema no está preparado para niveles de inflación semestrales tan altos”, ya que “siempre se produce un incremento de la jubilación y luego un descenso de su poder de compra por seis meses, por la forma en la que está armado el sistema de aumentos”.

• ¿Por qué se originó la polémica?

El problema surgió por la aplicación de la fórmula matemática utilizada para determinar el aumento de la jubilación. Esta fórmula es la que se utiliza desde 2009, año de inicio de aplicación de la ley.

Al ser un cálculo técnico y complejo, lo explicamos de esta manera: supongamos que un jubilado cobra 100 pesos. Si la fórmula dictaba que su jubilación debía tener un aumento anual del 20%, según la Resolución 6/2009 de ANSES, este debía dividirse en dos: en marzo aumentaría un 10% (o sea, pasaría a cobrar $110) y en septiembre otro 10% (o sea, terminaría cobrando $121), por lo que la suba final sería de 21 por ciento.

Sin embargo, según explicó Emilio Basavilbaso, titular de la ANSES, el Gobierno quería lograr que se aumentara 9,5% en marzo (el jubilado pasaría a cobrar $109,5) y otro 9,5% en septiembre (para terminar cobrando $120). De esta manera, al final del año el aumento sería del 20 y no del 21 por ciento.

Si bien la ley no especifica cómo debe hacerse esta cuenta, sí lo hace la resolución de aplicación citada. Esta resolución es la que planeaba modificar el Gobierno y finalmente dio marcha atrás.

De haberse aplicado los cambios, los jubilados que cobran la mínima hubieran tenido un aumento de alrededor de $20 menos que el que finalmente tendrán luego del anuncio de Macri (la jubilación mínima habría pasado a $6.377 brutos a partir de marzo y finalmente será de $ 6.394 brutos). Si bien la diferencia era de 0,3% entre un porcentaje y otro, este cambio de resolución hubiera modificado a la baja todos los aumentos de ahora en adelante, tanto de las jubilaciones como de las asignaciones.

Martínez explicó a Chequeado que “la fórmula que plantea la ley no es muy consistente y también es poco transparente”, por lo que genera distintas interpretaciones posibles. Sin embargo, también concluyó que “no queda claro por qué querían hacer el cambio ahora”.