Control de precios: qué herramientas utiliza el Gobierno y cuáles no pese a estar aprobadas

El aumento en los niveles de inflación registrado en los últimos meses llevó al Gobierno nacional a poner el tema entre sus principales prioridades para 2021, año en el que espera lograr una meta del 29% de aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Para ello, funcionarios nacionales iniciaron reuniones con gremios y empresarios con el objetivo -según se indicó oficialmente- de lograr la “coordinación de políticas que permitan armonizar las expectativas de precios y salarios”. Además, el Gobierno nacional lanzó el Consejo Económico y Social para trabajar, junto a esos actores y miembros de la comunidad académica y la sociedad civil, en “políticas de Estado a largo plazo”.

Pero, en la actualidad, el Gobierno ya cuenta con una serie de herramientas para controlar el aumento de precios. En esta nota, repasamos cuáles se encuentran vigentes y cuáles no se utilizan pese a estar aprobadas.

Acuerdo de precios

Actualmente, se encuentran vigentes varios programas relacionados principalmente con el control de precios de los productos alimenticios, que en enero acumularon una inflación interanual del 42,3%. Se trata de Precios Cuidados, Precios Máximos y el Acuerdo de precios para la carne.

Pese a ser parecidos en su concepción, los alcances y las obligaciones que generan son diferentes. En el caso de los Precios Cuidados, se trata de un acuerdo voluntario entre el Estado, fabricantes, distribuidores, supermercados y mayoristas, que establece precios de referencia de algunos productos determinados. Al no ser obligatorio solo ingresan al acuerdo aquellas empresas que hayan adherido al programa.

En cambio, Precios Máximos es un programa obligatorio amparado en la Ley de Abastecimiento, y congela el valor de algunos productos alimenticios, bebidas, artículos de limpieza y de higiene personal. La medida fue lanzada el 19 de marzo último, y obligaba a retrotraer los precios de los productos incluidos a los valores que tenían al 6 de marzo de 2020, por un plazo de 30 días. Pero luego fue prorrogado en varias oportunidades (ver acá, acá, acá y acá), y en noviembre y enero fueron quitados algunos productos específicos. Finalmente, el programa volvió a extenderse hasta el 31 de marzo de 2021.

A diferencia de Precios Cuidados -que trabaja con marcas específicas que accedieron al acuerdo-, Precios Máximos establece valores por rubros o tipos de productos. Y establece sanciones a quienes incumplan. Por caso, el 17 de febrero último la Secretaría de Comercio Interior de la Nación imputó a varias empresas por la retención de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo.

Finalmente, el Acuerdo de precios para la carne establece una rebaja en los valores de 10 cortes -8 son específicos del programa y otros 2 ya estaban incluidos en Precios Cuidados- que se comercializarán en comercios adheridos los días miércoles, sábados y domingos de las primeras tres semanas de cada mes y todos los días en el Mercado Central de Buenos Aires.

Fiscalización en comercios

Desde el sector de Prensa del Ministerio de Desarrollo Productivo señalaron a Chequeado que la fiscalización del cumplimiento de estos acuerdos se realiza a través de la Secretaría de Comercio Interior, cuyos inspectores trabajan “junto a agentes de la AFIP, de los municipios y las provincias”.

El 13 de febrero movimientos sociales, como Barrios de Pie y el Movimiento Evita, anunciaron la realización de controles para supervisar el cumplimiento de los acuerdos de precios (ver acá y acá) en supermercados de todo el país, de los que participan más de 40 mil personas.

No obstante, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo indicaron que “las organizaciones sociales decidieron hacerlo a modo de colaboración y en términos de un relevamiento que no es formal. No es un trabajo de control”. En el mismo sentido, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, afirmó que “lo que hacen las organizaciones sociales es colaborar, hacer relevamientos”, pero indicó que “el control de precios es una tarea que realiza la Secretaría de Comercio”.

Qué leyes se utilizan para el control de precios

En la Resolución N° 100/20, a través de la cual se estableció el programa de Precios Máximos, el Gobierno apeló a la Ley de Abastecimiento, al sostener que “faculta a establecer, entre otras cosas, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios”.

Además, impone las sanciones previstas por esa ley y el Decreto N° 274/19 de Lealtad Comercial, entre las que figuran multas, clausuras, decomiso de mercadería y arrestos de hasta 90 días, entre otras.

En tanto, el 11 de diciembre último el Gobierno reglamentó la Ley de Góndolas, que entre otras cosas obliga a los comercios de venta minorista a ofrecer una variedad de marcas de cada producto exhibido. En concreto, establece que cada rubro deberá contar con al menos 5 marcas, que ninguna de ellas ocupe más del 30% del espacio, y que las micro y pequeñas empresas cuenten con al menos un 25% de la góndola.

La ley, que entrará en vigencia 120 días después de su promulgación -publicada el 11 de diciembre-, se aplicará a los productos alimenticios, las bebidas, los productos de higiene personal y de limpieza del hogar. Según el Gobierno, con esto se busca “que haya armonía y equilibrio entre los operadores económicos alcanzados por la ley, para evitar prácticas comerciales que perjudiquen la competencia”.

Sin Tribunal ni programa de Clemencia

Otra herramienta legal que posee el Gobierno para controlar los precios es la Ley de Defensa de la Competencia, que prohíbe acuerdos entre competidores, concentraciones económicas o cualquier otro tipo de acciones que lleven a “limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado”.

La ley contempla, entre otras cosas, el programa de Clemencia, que permite a quienes sean juzgados por “prácticas restrictivas de la competencia” revelar el mecanismo utilizado y denunciar a quienes lo llevaron adelante a cambio de la exención o reducción de las multas previstas. Sin embargo, un proyecto de Ley ya aprobado por el Senado y a la espera de su tratamiento por Diputados prevé la eliminación completa de ese programa.

Desde el sector de Prensa del Ministerio de Desarrollo Productivo indicaron a este medio que hasta que el proyecto no reciba la aprobación de Diputados continúa vigente la ley original, por lo que “hoy en día sigue existiendo el programa de Clemencia”.

La ley prevé también la conformación de la Autoridad Nacional de la Competencia, que incluye la creación de un tribunal especial encargado de evaluar las denuncias presentadas contra las empresas por posibles violaciones a la normativa e imponer las sanciones previstas, en caso de corresponder.

Sin embargo, el organismo aún no fue constituido, pese a que fue aprobado en mayo de 2018. El 27 de marzo de 2019 el gobierno de Mauricio Macri inició el proceso de selección de las autoridades de este organismo -entre las que se encontraban los integrantes del Tribunal-, y el 1° de octubre de ese año aprobó la terna para la cobertura de cargos, que debía definir el Senado de la Nación.

Sin embargo, el 5 de octubre último el Ministerio de Desarrollo Productivo revocó esa terna “por razones de ilegitimidad” y declaró nulo el procedimiento de preselección, al señalar una serie de supuestas irregularidades administrativas en la elección. Ahora, el proyecto de modificación de la Ley de Defensa de la Competencia -que cuenta con media sanción del Senado- elimina la necesidad de acuerdo de la Cámara alta para la elección de los miembros de la Autoridad, dejando la designación en manos del Poder Ejecutivo.

Búsqueda de acuerdos

Este año el Gobierno inició una serie de encuentros con los sectores productivos en búsqueda de lograr encauzar los acuerdos paritarios y los aumentos de precios dentro de las previsiones oficiales de inflación para 2021, contempladas en el Presupuesto.

Para ello, el 10 de febrero inició las conversaciones con representantes gremiales, y al día siguiente recibió a empresarios. Tras la reunión con los sindicatos, el Gobierno indicó que con estos encuentros busca “la coordinación de políticas que permitan armonizar las expectativas de precios y salarios de acuerdo a los objetivos definidos en la Ley de Presupuesto 2021”.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, sostuvo que se busca “sostener un esquema de política macro para la recuperación de la actividad económica junto a una mejora de la calidad de vida de las trabajadoras y los trabajadores y reducir la inflación”.

Finalmente, el 19 de febrero último el Presidente Alberto Fernández encabezó el lanzamiento del Consejo Económico y Social, un espacio que, según afirmó el Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz -quien presidirá el organismo-, busca abordar, en mil días de trabajo, “25 temas de importancia estratégica organizadas en cinco ejes prioritarios para la vida del país, que serán la comunidad del cuidado y la seguridad nutricional; la productividad con cohesión social; el cambio climático, la ecología y el desarrollo verde; los trabajos y la educación del futuro, y la democracia innovadora”.

El consejo estará integrado por representantes de los sectores empresariales, gremiales, académicos y de la sociedad civil. También trabajará con un grupo asesor internacional compuesto, entre otros, por Adolfo Perez Esquivel, Ricardo Lagos, Dilma Rousseff, José Mujica, Jeffrey Sachs, Alicia Bárcena, Luigino Bruni y José Antonio Ocampo.