Coronavirus: ¿qué resolvió la Justicia bonaerense sobre la liberación de presos?

Luego de la controversia por los fallos judiciales que habilitaron la liberación de detenidos en la Provincia de Buenos Aires en medio de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, la Suprema Corte provincial emitió un fallo esta semana en el que clarificó y estableció algunas modificaciones a lo que había dispuesto la Justicia en la instancia anterior. ¿Qué resolvió el tribunal?

A principios de abril, el juez del Tribunal de Casación Penal bonaerense Victor Violini emitió un fallo en el que hizo lugar a un habeas corpus que otorgaba la prisión domiciliaria a detenidos por delitos leves en cárceles bonaerenses que se encontraran dentro de los grupos de riesgo frente al nuevo coronavirus y ordenaba que sean los jueces de instancias inferiores los que resolvieran cada caso particular de detenidos acusados de cometer delitos graves.

La medida generó una fuerte controversia porque salieron a la luz casos de personas acusadas por homicidios dolosos y delitos contra la integridad sexual a los que se les concedió el beneficio del arresto domiciliario. El fiscal ante el Tribunal de Casación, Carlos Altuve, apeló el fallo y el caso llegó a la Suprema Corte provincial, que primero suspendió cautelarmente el fallo y esta semana resolvió sobre la cuestión de fondo.

En las cárceles bonaerenses hay 43 mil detenidos, según datos de 2018, y la capacidad de las prisiones provinciales es de 29 mil. Es decir que las cárceles bonaerenses a más del 50% de todos los presos del país.

¿Qué resolvió el máximo tribunal bonaerense?

En líneas generales, dispuso que cada libertad debe ser analizada por cada juez que tiene a su cargo al detenido, también en los casos de acusados por delitos leves. Por eso, el tribunal no señaló que no correspondía otorgar arrestos domiciliarios en medio de la pandemia, pero sí estableció que estaban mal otorgados los que se habían concedido a través del habeas corpus.

Esto no quiere decir que de inmediato vuelven a prisión las personas que fueron beneficiadas por el fallo del Tribunal de Casación Penal. Serán los jueces inferiores que tienen a cargo a los detenidos los que decidan, en cada caso, si los que accedieron al arresto domiciliario vuelven a prisión o continúan detenidos en sus hogares.

La única parte del fallo de Violini que fue revocada fue la que señalaba que todos los pedidos de domiciliaria para personas en grupo de riesgo debían resolverse en línea con el fallo de Casación. La Suprema Corte ordenó que se resuelvan “conforme a las reglas que gobiernan sus respectivos trámites” y diversas recomendaciones y directrices que emitió el tribunal.

Destacó que “la clasificación de delitos en leves y graves” que había hecho Violini “carece de base legal” y enumeró una serie de aspectos a tener en cuenta respecto de cada detenido para determinar si corresponde o no conceder el arresto domiciliario: el bien jurídico afectado (la vida o la propiedad, por ejemplo), el grado de participación que tuvo el acusado en el delito, la modalidad que se utilizó para cometerlo, el nivel de organización delictiva, la pena establecida, los riesgos procesales, la relación del acusado con la víctima y el análisis de la existencia de lugares en el sistema carcelario para alojar a personas en situación de riesgo sanitario.

El tribunal realizó, además, un apartado sobre los derechos de las víctimas. Utilizó como ejemplo los casos de violencia de género y advirtió sobre “la necesidad de prevenir intimidaciones, represalias o riesgos como consecuencia de sus denuncias”. Por último, señaló que se le debe dar prioridad al tratamiento de casos de personas en situación de riesgo, para dirimirlas con la “mayor celeridad posible”. En resumen, resolvió “reencauzar” todos los pedidos de domiciliarias de acuerdo con estas recomendaciones.

Por otro lado, confirmó lo resuelto por Violini sobre la prohibición de mantener detenidos en comisarías a mayores de 65 años, exhortó a la Legislatura provincial a adaptar la legislación procesal y de ejecución penal a los estándares de la nueva “ley de víctimas” y recordó al Poder Ejecutivo provincial la importancia de ajustar las medidas a su cargo para atender la pandemia en el contexto de situaciones de encierro, de acuerdo con las recomendaciones internacionales.

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