Crisis en el PAMI y paro de prestadores: ¿cómo afecta a los pacientes?

Miles de afiliados del PAMI (la obra social de los jubilados) podrían verse afectados esta semana por una nueva medida de fuerza de clínicas y sanatorios privados en reclamo por el retraso arancelario y la mora que se registra en los pagos. 

Durante este jueves 27 y viernes 28 de agosto de 2026, más de un centenar de clínicas, sanatorios y hospitales privados del Conurbano bonaerense, Córdoba, San Juan y Mendoza suspenderán la atención programada a afiliados del PAMI, según informó en un comunicado la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress).

Esto significa que los afiliados que tengan consultas, estudios ambulatorios, prácticas o cirugías no urgentes programadas en instituciones que adhieran a la medida podrían encontrarse con sus turnos suspendidos o reprogramados. Las guardias continuarán atendiendo los códigos rojos, es decir, situaciones consideradas de emergencia.

La medida se suma a otra protesta realizada el lunes 24 de agosto por instituciones privadas de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa, que durante 24 horas también suspendieron la atención a afiliados del PAMI.

Chequeado consultó al equipo de prensa del PAMI sobre las medidas de fuerza y los reclamos de los prestadores, pero al cierre de esta nota no había recibido respuesta.

Afiliados de PAMI se quedan sin atención este jueves y viernes por protesta de prestadores

La suspensión es consecuencia de un conflicto entre los prestadores privados y el PAMI, la obra social más grande del país, que reúne 5,4 millones de afiliados.

Las instituciones reclaman principalmente por el atraso en la actualización de los aranceles -los valores que reciben por las prestaciones- y por la mora en los pagos.

Capress y otras entidades que representan al sector sostienen que la situación financiera de las clínicas, sanatorios y hospitales privados es de “extrema fragilidad”.

En una carta dirigida al director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo, distintas entidades del sector aseguraron que “existe un retraso arancelario acumulado de 131,9% respecto de la inflación, además de mora en los pagos”.

Según los prestadores, entre diciembre de 2023 y julio de 2026 la inflación general medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 241%, mientras que la cápita abonada por PAMI -el monto que la obra social paga por cada afiliado asignado- aumentó 111%. De acuerdo con sus cálculos, esto representa una brecha de aproximadamente 132 puntos porcentuales frente a la evolución de los precios. 

Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, planteó a Chequeado que “PAMI tiene una crisis estructural muy ligada a la crisis del sistema de salud, porque no tiene efectores propios (en referencia a profesionales, clínicas y centros de diagnósticos), y, cuando no dan los números, con muchos prestadores ‘PAMI-dependientes’, se produce un corte reiterado de servicios y cambios de prestadores, entre otros”.

También peligra la atención de pacientes en diálisis de todo el país

El conflicto también generó preocupación entre los prestadores de diálisis, un servicio que no puede interrumpirse sin consecuencias para los pacientes que dependen de él.

Según datos del sector, un tercio de los 30 mil pacientes en diálisis pertenecen al PAMI (es decir, 10 mil personas), de acuerdo a datos sectoriales. 

En este marco, la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la Argentina (CADRA), que representa a centros de diálisis que atienden a casi 5 mil pacientes de la obra social, denunció la falta de actualización del monto que el PAMI le abona por cada prestación a sus afiliados. 

“Ese monto no sólo no se actualizó en el último año y medio, sino que, además, sufrió una reducción del 8%”, destacó la entidad a través de un comunicado. En ese marco, la Confederación reclama un incrementó del 50% de los montos de las prestaciones, para recomponer y actualizar el valor de las prácticas. 

Rolando Barbieri, médico nefrólogo y presidente de CADRA destacó a Chequeado que “un paciente con insuficiencia renal crónica terminal que no recibe tratamiento dialítico se intoxica por acumulación de toxinas produciendo una falla multiorgánica que lleva a la muerte en cuestión de días, semanas o meses”

El costo de los medicamentos, otro problema para los afiliados

A los reclamos por la atención médica se suma el problema de la cobertura de medicamentos del PAMI.

Según un informe de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Canasta Básica de jubilados en marzo de 2026 (último disponible) fue de $ 1,6 millones (sin alquiler), de los cuales el 11% ($ 174.500) fue destinado a gastos en salud. Ese mes, las jubilaciones mínimas fueron de $439.672 (incluyendo el bono adicional) 

“Hasta 2024, el programa ‘Vivir Mejor’ garantizaba cobertura del 100% y acceso automático como un vademecum de medicamentos esenciales, pero luego se procedió al desarme escalonado de este plan”, advirtieron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en diálogo con Chequeado.

Y detallaron que “en abril de 2024 se creó un Programa de Medicamentos de Uso Eventual con cobertura del 40%, y entre junio y agosto el PAMI retiró 55 de las 167 moléculas del vademécum, un tercio de la lista. Desde el 2 de diciembre de 2024, las Resoluciones 2431/2024 y 2537/2024 eliminaron el acceso automático y los medicamentos para patologías crónicas y agudas pasaron a coberturas de entre el 50% y el 80%. 

En este marco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia sobre el impacto del ajuste fiscal en el derecho a la salud en la Argentina, convocada a partir de una solicitud presentada por diversas organizaciones. .  

“Durante la audiencia, el Gobierno nacional destacó que 1,5 millones de personas acceden al subsidio para medicamentos esenciales del PAMI, sin mencionar que la cobertura alcanzaba a 4,6 millones de afiliados antes del ajuste y que durante 2025 se vendieron cerca de 20 millones de medicamentos menos”, sostuvo el CELS, una de las organizaciones participantes.