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Cuáles son los proyectos “pro Silicon Valley” que impulsa el gobierno de Javier Milei

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:
  • El Poder Ejecutivo viene dando señales para atraer inversiones extranjeras de empresas de tecnología. La semana pasada, el Presidente promocionó un proyecto de ley para crear una nueva figura jurídica: empresas administradas por sistemas de inteligencia artificial.
  • Se trata de uno más del paquete de iniciativas que el Poder Ejecutivo envió al Congreso o anunció como políticas, y que acercan a Argentina a los debates sobre regulación, vigilancia y gestión de datos.
  • Hay al menos 4 proyectos en el Congreso sobre esta agenda: la creación de sociedades automatizadas, la ampliación del RIGI, la inviolabilidad de la propiedad privada y la ley que regula el lobby.

El gobierno de Javier Milei viene dando señales para atraer inversiones extranjeras de empresas de tecnología. La semana pasada, en una columna publicada en el diario británico Financial Times, el Presidente promocionó un proyecto de ley para crear una nueva figura jurídica: empresas administradas por sistemas de inteligencia artificial, con responsabilidad limitada y un esquema regulatorio reducido. 

Se trata de uno más del paquete de iniciativas que el Poder Ejecutivo envió al Congreso o anunció como políticas, y que acercan a Argentina a los debates sobre regulación, vigilancia y gestión de datos.

Sociedades Automatizadas y DAOs

Ya presentada en el Parlamento, el Gobierno nacional impulsa una iniciativa que modifica la Ley de Sociedades. El eje está puesto en la creación de nuevas figuras legales, como las “Sociedad Automatizadas” y las “Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO, por sus siglas en inglés)”, empresas vinculadas a la IA y a estructuras basadas en blockchain.

Las sociedades automatizadas operan de forma autónoma con algoritmos o IA, sin empleados, con personalidad jurídica y responsabilidad limitada. Mientras que las DAO se organizan con reglas codificadas en contratos inteligentes y registradas en blockchain.

Especialistas advierten sobre los riesgos de que el país se convierta en un paraíso fiscal y señalan obstáculos para identificar a quiénes están detrás de cada empresa. 

El “Gemelo Digital Social”

El Ministerio de Capital Humano anunció en sus redes sociales el lanzamiento del “Gemelo Digital Social”. Es una “réplica virtual de un sistema real que se alimenta con datos para simular qué pasaría ante distintos escenarios”, explicó en X Javier Pallero, especialista en análisis de políticas públicas para internet. 

Según el artículo “Gemelos Digitales: pasado, presente y futuro”, de Magdalena Görtz -que forma parte del Centro Alemán de Investigación del Cáncer en Alemania- el sector industrial fue uno de los primeros en utilizar gemelos digitales como modelos vivos de máquinas, líneas de producción y fábricas completas para optimizar las operaciones, predecir fallas y refinar los diseños mucho antes de que se implementen cambios. 

Capital Humano aún no especificó de qué sistemas de datos se nutrirá el modelo: sólo habló en un comunicado de información “social, educativa, laboral y territorial” proveniente de “distintas áreas del Gobierno nacional”, pero no mencionó ninguna base concreta. La empresa que fundó el empresario Peter Thiel también ofrece un producto con el mismo nombre

Estudios internacionales y expertos advierten sobre los riesgos vinculados al uso de datos personales. Además, diputados de distintos bloques ya presentaron pedidos de informes al Gobierno para conocer detalles sobre la iniciativa. 

Super RIGI: beneficios para inversiones de IA

El denominado “Super RIGI” ofrece beneficios fiscales para el desarrollo de industrias tecnológicas y estratégicas “que actualmente no existen en el país”. Entre otras cosas, apunta a empresas que quieran instalar mega data centers de inteligencia artificial ampliando los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que fue aprobado en el marco de la Ley Bases.

La iniciativa llega en un momento clave: luego de que la empresa Sur Energy firmara una carta de intención con OpenAI (empresa detrás de ChatGPT) para instalar un centro de datos en la Patagonia, mientras en Argentina no existen regulaciones comerciales, impositivas o ambientales relacionadas con su eventual instalación.

A diferencia del RIGI, el proyecto reduce la alícuota de Ganancias al 15% y libera el 100% de las exportaciones e importaciones desde el primer día. Pero no incluye exigencias ambientales, como sí se exige en otros países de la región.

Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

El Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada propone endurecer los requisitos para las expropiaciones, ampliar las compensaciones económicas a los propietarios, limitar las ocupaciones temporarias por parte del Estado y modificar el régimen de integración socio-urbana de barrios populares. 

También impulsa cambios en la ley de tierras rurales y en el sistema registral inmobiliario. Según el Gobierno, estas reformas apuntan a brindar mayor seguridad jurídica a los inversores y propietarios.

Ley de lobby: regulación con críticas por sus objetivos

El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto que propone la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses en el que deben inscribirse las personas y empresas que hagan lobby ante funcionarios o legisladores. También hay un registro para funcionarios públicos.

Si bien la propuesta presenta algunas similitudes con la ley de lobby de Estados Unidos, en la región especialistas consultados por Chequeado señalan falencias como la falta de transparencia en los viajes, el recibimiento de obsequios y las reuniones mantenidas por parte de los legisladores, entre otros puntos.

En Argentina, está vigente un decreto de 2003 que obliga a los funcionarios del Ejecutivo a informar sus audiencias con gestores de intereses.

Además, “si bien formalmente se presenta como una ley de transparencia y regulación del lobbying, la amplitud de sus definiciones, el enfoque sobre ‘intereses extranjeros’ y la incorporación de sanciones penales generan preocupaciones relevantes para organizaciones que trabajan en incidencia pública y cooperación internacional”, señalaron en un comunicado de la Red Argentina de Cooperación Internacional (RACI).

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