Cuántas promesas cumplió Macri de las que hizo en el Congreso en 2018

En la previa del cuarto discurso del presidente de la Nación, Mauricio Macri, ante el Congreso, Chequeado analizó varias promesas que hizo el Jefe de Estado en la apertura de sesiones ordinarias de 2018. De 18 compromisos, el resultado fue que ocho fueron cumplidos, tres están en proceso adelantados, cuatro en proceso demorados y tres se encuentran incumplidos.

A continuación, la segunda nota con la otra mitad de las promesas analizadas por Chequeado. La primera entrega puede leerse acá. Las mismas fueron ordenadas cronológicamente, tal como fueron dichas por el Jefe de Estado durante su discurso.

Estos resultados ponen en contexto el cuarto discurso de Macri ante el Congreso, que será el próximo viernes y que, por séptimo año consecutivo, el equipo de Chequeado chequeará colectivamente y en vivo con un grupo de expertos, periodistas invitados y voluntarios.

“Necesitamos una nueva ley sobre telecomunicaciones y tecnología de la información”

EN PROCESO, ADELANTADA

En 2018, el Poder Ejecutivo Nacional presentó un proyecto ante el Congreso para sancionar una “Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia TIC”. Se trata de una norma que permitirá que las empresas de telefonía brinden televisión satelital. Durante el último período legislativo el Senado le dio media sanción, pero la Cámara de Diputados no trató este tema durante las sesiones del año último. Según explicaron a Chequeado desde el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), a esta iniciativa se refirió Macri y “actualmente el proyecto se encuentra siendo analizado por las comisiones de Comunicación e Informática y la de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación”.

“Si ustedes convierten en ley estos proyectos habremos logrado juntos que 2018 sea el año de mayor creación de parques nacionales de nuestra historia”

CUMPLIDA

Según explica la Administración de Parques Nacionales en un comunicado, en 2018 se crearon seis nuevas áreas protegidas nacionales. “De este modo, se supera el registro histórico alcanzado en 1937, año en que se crearon cinco parques nacionales en la Patagonia andina a través de un decreto presidencial”, sostiene el ente dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Las nuevas áreas son cuatro parques nacionales (“Aconquija” en Tucumán, “Ciervo de los Pantanos” en la Provincia de Buenos Aires, “Iberá” en Corrientes y “Traslasierra” en Córdoba) y dos áreas marinas protegidas (“Namuncurá – Banco Burdwood II” y “Yaganes”, ambas en el sur del espacio marítimo argentino). En total, las nuevas áreas terrestres suman cerca de 240 mil hectáreas a las casi 4,3 millones de hectáreas ya existentes, según datos oficiales. Las áreas marinas protegidas, en cambio, más que se triplicaron: se sumaron casi 100 mil km2 a los 28 mil km2 de la única área marina protegida que existía, creada en 2013.

Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), confirmó a Chequeado que entre parques terrestres y marinos se alcanzó un récord en 2018. Destacó que “todas ellas son áreas protegidas” y que “todo lo que sea protegido conforme al Sistema de Parques Nacionales” es una mejora. Según un comunicado de FARN, la ley sancionada en diciembre último que creó las dos áreas marinas protegidas es “el mayor avance” de la historia hacia la conservación del mar argentino.

“Es importante que avancemos en la extinción de dominio”

CUMPLIDA

El 21 de enero último, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunció la creación de un régimen de extinción de dominio a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). El decreto recibió críticas (ver acá y acá) por la herramienta utilizada: los DNU están previstos en la Constitución nacional sólo para casos excepcionales y está prohibido su uso para temas penales. El DNU fue rechazado por la Comisión de Trámite Legislativo, pero tendría que ser rechazado por ambas Cámaras para perder validez. La “extinción de dominio” es una herramienta legal que facilita la recuperación por parte del Estado nacional de bienes que fueron producto de delitos, como los de corrupción y narcotráfico.

El Presidente dictó este decreto luego de que el oficialismo hubiera logrado en 2016 la media sanción en la Cámara de Diputados de un proyecto de extinción de dominio que había consensuado con el Frente Renovador, bloque liderado por Sergio Massa y Graciela Camaño. Sin embargo, ese proyecto no avanzó en el Senado durante dos años. Por su parte, en agosto de 2018 la Cámara alta le dio media sanción a otro proyecto impulsado por el Bloque Justicialista, redactado por el senador Rodolfo Urtubey y que contó con el apoyo de Miguel Ángel Pichetto. Esta iniciativa, con diferencias importantes respecto de la propuesta del Gobierno y la de Diputados, volvió a la Cámara baja y desde entonces no fue tratada.

“También necesitamos algunas reformas, como la del Código Penal”

EN PROCESO, DEMORADA

El proyecto de reforma del Código Penal de la Nación aún no fue enviado al Congreso a pesar de que el Gobierno había manifestado sus intenciones de que el proyecto llegara al Parlamento a mediados de 2018. Todavía está en manos del Poder Ejecutivo Nacional, luego de que una comisión de especialistas redactara el texto de la reforma.

En enero de 2017, el Gobierno nacional creó a través del Decreto 103/2017 una comisión de expertos para elaborar una reforma del Código Penal. Designó como presidente de esa comisión al juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky y entre los integrantes hay jueces, académicos y funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación. Según aclaró Borinsky, para el anteproyecto se tuvieron en cuenta los dos intentos de reforma anteriores (de 2006 y 2012) y un anteproyecto presentado en el Congreso por el Frente Renovador en 2015.

Desde el Ministerio de Justicia de la Nación confirmaron a Chequeado que la comisión ya terminó la redacción del proyecto y que actualmente “está en manos del Ejecutivo”, pero aún no ha sido enviado al Congreso. El proyecto incorpora algunos delitos nuevos, como el tráfico de órganos o de sangre, eleva penas en algunos delitos de corrupción y narcotráfico, y establece para algunos delitos, como las agresiones sexuales o los homicidios calificados, el cumplimiento del total de la pena, sin posibilidad de disminuirla. Por otra parte, no se despenalizó por completo el aborto, ya que el Congreso había rechazado en 2018 esa modificación, pero según explicó Borinsky el proyecto prevé una reducción de las escalas penales que hacen que se pueda eximir de prisión a la mujer que interrumpe su embarazo.

“Otra reforma importante es la del Código Procesal Penal”

CUMPLIDA

El Congreso nacional aprobó en diciembre de 2018 una reforma al Código Procesal Penal de la Nación enviada por el Poder Ejecutivo Nacional, que se publicó en el Boletín Oficial. Este código es la ley que regula los tiempos y los procedimientos de la Justicia federal y nacional durante el proceso penal, desde el momento en el que se inicia una causa hasta que hay una sentencia firme.

La reforma establece el “sistema acusatorio”, en el que son los fiscales los que llevan adelante la investigación penal. Hasta ahora, en la Justicia federal regía el “sistema inquisitivo”, en el que los jueces llevaban adelante la investigación y al mismo tiempo la tarea de juzgar. Además, el nuevo Código incorpora algunas normas que fueron sancionadas por el Congreso durante la actual gestión, como la de “flagrancia”, del “arrepentido” y la “responsabilidad penal empresaria”, entre otras, y la toma de decisiones en audiencias orales y públicas.

En diciembre de 2015, el presidente Macri dictó un decreto de necesidad y urgencia que frenó la puesta en marcha del Código Procesal aprobado un año antes por iniciativa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso quedó vigente el Código anterior, que regía desde 1991. Según informaron a Chequeado desde el Ministerio, se prevé que la aplicación del nuevo Código “empezará en mayo en el norte del país”, y dijeron que su implementación “depende del Congreso Nacional, específicamente de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal de la Nación”.

“Vamos a impulsar un proyecto de Código Penal, que por primera vez introduzca penas fuertes a los conductores”

EN PROCESO, DEMORADA

El proyecto para un nuevo Código Penal de la Nación, que ya fue redactado por una comisión de especialistas, pero que el Poder Ejecutivo Nacional aún no envió al Congreso, prevé una suba de penas para los responsables de delitos de tránsito para algunos casos especiales. El presidente, Mauricio Macri, en su discurso del 1° de marzo último, se refirió específicamente a los conductores que “ponen en riesgo la vida de los demás por manejar alcoholizados, bajo el efecto de las drogas o superando ampliamente la velocidad permitida”.

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky, que preside la comisión de reforma del Código, señaló que el proyecto “eleva el máximo de la escala penal a siete años de prisión (actualmente el máximo es de seis años)” de los homicidios en siniestros viales para los casos en los que el conductor se diere a la fuga o no intentase socorrer a la víctima, cuando estuviera bajo efecto de estupefacientes, cuando superara los límites de alcoholemia establecidos por ley, o si estuviera conduciendo en exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida, entre otras causales.

Además, según informaron a Chequeado desde el Ministerio de Justicia de la Nación, el proyecto que ahora está en manos del Poder Ejecutivo Nacional recopila distintas reformas que ya son ley “pedidas en su momento por Madres del Dolor y otras organizaciones relacionadas con hechos de tránsito” e incluye un artículo por el que la conducción temeraria tiene sanción, aún en casos en que no haya habido un resultado dañoso.

“Hoy está prohibido por ley que se publiquen los resultados [de calidad educativa]. Les pido que este año legislativo avancemos para cambiar esta norma”

INCUMPLIDA

A pesar de que el presidente, Mauricio Macri, pidió que la actual Ley de Educación Nacional sea modificada, el Congreso no sancionó una nueva norma y el Poder Ejecutivo Nacional no envió una modificación en ese sentido. La actual legislación, en su artículo 97, estipula que “la política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización”.

Como la ley no fue modificada, los últimos datos que dio a conocer el Ministerio de Educación de la Nación de las pruebas Aprender 2017 (la evaluación nacional de la calidad educativa en el nivel primario y secundario) no brindan detalles de los resultados de cada escuela del país, ni de sus alumnos ni docentes (ver acá y acá). Sin embargo, según explicaron a Chequeado desde la Secretaría de Evaluación Educativa de la Nación, “el Ministerio da una devolución en forma confidencial a cada director de cada escuela, que tiene su reporte de resultados”.

“Estamos trabajando (…) en una iniciativa integral para que (…) haya profesionales que acompañen y asesoren a los chicos en Educación Sexual”

CUMPLIDA

En la sesión inicial de 2018, el Presidente sostuvo: “Estamos trabajando con el equipo de Desarrollo Social, Salud y Educación en una iniciativa integral para que, en las escuelas, en los centros de salud y en las comunidades, haya profesionales que acompañen y asesoren a los chicos en Educación Sexual, salud reproductiva y métodos anticonceptivos. Sólo con información van a tener la libertad de elegir qué quieren para su vida”. ¿Cuánto se avanzó en esta “iniciativa integral”?

En agosto de 2017 -o sea, antes de que el Presidente realizara la promesa-, el Gobierno nacional ya había creado el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), en el que se propone que distintos ministerios trabajen coordinados, como se explicó en esta nota. Al incluir varios programas de distintos ministerios no está claro cuánto presupuesto para 2019 tendrá todo el Plan ENIA. Como base, se puede ver que la actividad de “Prevención del Embarazo Adolescente” del Ministerio de Salud y Desarrollo Social -creada en el Presupuesto 2019- tendría fondos por $489 millones.

Al consultar al Ministerio sobre los avances en este punto Chequeado no obtuvo respuesta. Igualmente, un documento oficial entregado al Consejo Consultivo de dicho Plan muestra que en 2018 se atendieron a casi 32 mil adolescentes en más de 600 asesorías en escuelas y centros médicos. Además, según los datos oficiales, en 11 provincias ya hay equipos locales en funcionamiento: de las 12 en las que se eligió enfocar inicialmente el Plan, sólo en Formosa falta crearse un equipo.

“Vemos con agrado que el Congreso incluya este tema [el aborto] en su agenda de este año”

CUMPLIDA

Durante su discurso, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, propuso que se tratara una ley para legalizar el aborto. Fue más bien una expresión de deseo que un compromiso, pero efectivamente se dio el debate durante el año legislativo de 2018, con la participación activa de miembros del oficialismo.

Más allá de poner el tema en agenda durante su discurso, el Poder Ejecutivo Nacional no impulsó la discusión con un proyecto de ley propio y dio libertad de voto a sus legisladores. Algunos de ellos, como el diputado Daniel Lipovetzky (PRO), presidente de la Comisión de Legislación General y quien presidió en la Cámara baja el plenario de comisiones donde se discutió el proyecto, impulsaron activamente la aprobación de la ley, mientras otros se opusieron públicamente, como el senador Esteban Bullrich (PRO). En Diputados, donde el proyecto se aprobó, el 61% de los 107 diputados del interbloque Cambiemos se opuso a la legalización. En el Senado, donde el proyecto fue rechazado, dos tercios de los senadores de la UCR y el Pro votaron en contra.

Entre los ministros hubo también diferencias claras en las posturas. El entonces ministro de Salud y hoy secretario del área, Adolfo Rubinstein, expuso ante las comisiones con datos del sistema sanitario a favor de la legalización, mientras otros, como el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, se pronunciaron en contra. El proyecto de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que presentó el texto por primera vez en 2007 y desde entonces lo hace cada vez que pierde estado parlamentario, sirvió como base para la discusión.

 

Para ver el especial de Clarín sobre las promesas legislativas de Macri, ver acá.