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Macri en el Congreso: ¿qué pasó con lo que prometió en la apertura de sesiones de 2018?

Casa Rosada

28 Febrero, 2019 | Tiempo de lectura: 9 minutos
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Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

  • Chequeado analizó el grado de avance de las 18 promesas que hizo el Presidente ante el Parlamento el año pasado.
  • La mayoría de las promesas fueron sobre economía y justicia, principalmente el envío de proyectos de ley.
  • En esta primera entrega analizamos las promesas sobre el déficit fiscal, la inflación, las inversiones y el salario igualitario, entre otras.

El 1° de marzo de 2018 el presidente de la Nación, Mauricio Macri, dio su tercer discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Entonces habló poco más de 40 minutos, prometió alcanzar metas en el plano económico y adelantó el envío de varios proyectos de ley por parte del Poder Ejecutivo Nacional al Parlamento. ¿Qué pasó con las promesas legislativas que hizo Macri el año último?

A continuación, una primera nota con la mitad de las 18 promesas analizadas por Chequeado. Las mismas fueron ordenadas cronológicamente, tal como fueron dichas por el Jefe de Estado durante su discurso. La segunda entrega puede leerse acá.

De 18 compromisos, el resultado fue que ocho promesas fueron cumplidas, tres están en proceso adelantadas, cuatro en proceso demoradas y tres se encuentran incumplidas.

Estos resultados ponen en contexto el cuarto discurso de Macri ante el Congreso, que será el próximo viernes y que, por séptimo año consecutivo, el equipo de Chequeado chequeará colectivamente y en vivo con un grupo de expertos, periodistas invitados y voluntarios.

“Vamos a cumplir con reducir el déficit fiscal”

CUMPLIDA

Según comunicó el Ministerio de Hacienda de la Nación, el déficit fiscalver en esta nota qué es y cómo se mide– bajó en 2018. Si se toma la metodología que utiliza el Gobierno desde la asunción de Cambiemos, el déficit fiscal primario -es decir, sin contar los intereses de la deuda que paga el Estado nacional- bajó de 3,8% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2017 al 2,4% del PBI en 2018. Este déficit primario es el que utiliza Cambiemos. El déficit financiero -es decir, contabilizando los intereses que paga la Argentina por su deuda- también cayó: pasó del 6% del producto en 2017 al 5,2% en 2018.

El Gobierno modificó la forma de medir el déficit fiscal, como se explicó en esta nota. Si se toma la anterior metodología -aceptada por organismos internacionales-, los datos de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) muestran una fuerte baja en el déficit primario (casi un punto del producto), pero que el déficit financiero se mantuvo casi igual (dependiendo qué estimación del PBI para 2018 se tome creció o bajó en menos de 0,1 punto del producto).

“Vamos a dejar de endeudarnos”

INCUMPLIDA

Según las presentaciones oficiales del Ministerio de Hacienda de la Nación, en el tercer trimestre de 2018 -último dato disponible sobre la gestión de Cambiemos-, la deuda total llegó a los casi US$ 308 mil millones, mientras que en el mismo trimestre de 2017 esa cifra era de casi US$ 306 mil millones. Este monto tiene en cuenta los pasivos de la Argentina con el sector privado, el sector público y los organismos internacionales.

Los especialistas recomiendan medir la capacidad de pago de la deuda de un país observando el peso de los pasivos en relación con el Producto Bruto Interno (PBI). Así, al ver la relación entre la deuda de la Argentina y su PBI, en el tercer trimestre de 2017 este ratio llegó al 53,4% mientras que al mismo período de 2018 aumentó al 95,4% del PBI, según datos oficiales. Se trata del porcentaje más alto de la serie desde 2004.

“Se van a multiplicar las inversiones en un país confiable”

EN PROCESO, DEMORADA

Macri sostuvo que, como el Gobierno nacional iba a cumplir las metas “para bajar la inflación” y “para reducir el déficit fiscal”, se iban a multiplicar las inversiones. Depende de qué indicador se tome, las inversiones bajaron o aumentaron levemente. Si bien todavía no hay datos oficiales para todo 2018, no se registró un fuerte aumento en las inversiones.

Según los datos del INDEC, la Inversión Extranjera Directa (IED) -inversiones que llegan del exterior y que se asocian con una relación duradera- bajaron cerca de un 3% si se comparan los primeros tres trimestres de 2018 (últimos datos disponibles) con el mismo período de 2017.

Otro dato que puede tomarse para analizar la inversión es la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) que produce el INDEC cuando mide el Producto Bruto Interno (PBI). Este indicador incluye toda la inversión en construcción, maquinaria, equipos de transporte y otros activos, ya sea pública o privada de origen nacional. Este indicador en los primeros tres trimestres de 2018 -últimos datos- creció un cerca de un 1,7% versus el mismo período de 2017.

“Queremos una Ley de Integridad Pública que reúna las reformas que ya implementamos y las que surjan del debate parlamentario”

EN PROCESO, DEMORADA

El Gobierno redactó un anteproyecto de reforma de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, pero aún no fue enviado al Congreso. Según informaron a Chequeado desde la Oficina Anticorrupción, el proyecto se encuentra actualmente en la Secretaría Legal y Técnica de la Nación.

La Oficina Anticorrupción elaboró un documento base para iniciar una reforma y luego se incluyó ese borrador entre los debates del Programa Justicia 2020, que está bajo la órbita del Ministerio de Justicia y que se encarga del diseño de las políticas vinculadas a la Justicia. También se realizó durante 2018 una mesa de trabajo con la presencia 80 especialistas, según destaca el organismo en su Informe de Gestión 2018. El documento concluye que “el proyecto definitivo de reforma de la Ley de Ética Pública se encuentra en consideración del señor Presidente de la Nación, previo a su remisión al Honorable Congreso de la Nación a los fines de su discusión y tratamiento en el año 2019”.

La Ley de Ética Pública es una norma sancionada en 1999, durante el final del gobierno de Carlos Menem, que establece las reglas de conducta que deben seguir los funcionarios públicos. Entre otras modificaciones, la Oficina Anticorrupción propone ampliar la información que los funcionarios deben presentar en sus declaraciones juradas y un mayor control sobre los conflictos de intereses de funcionarios.

“La [inflación] de este año va a ser aún menor [a la de 2017]”

INCUMPLIDA

La inflación de 2018 cerró en 47,6%. Así, no sólo fue superior a la inflación de 2017 (24,8%), sino que fue el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más alto de los últimos 27 años, como se explicó en esta nota.

Según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), mediante el cual el Banco Central mide las proyecciones de casi 50 consultoras y especialistas, a fines del año último se estimaba que la inflación en 2019 rondaría el 29% y para 2020 bajaría a valores cercanos al 20 por ciento.

En campaña, Macri había prometido que durante su gestión bajaría la inflación a un dígito, una promesa que también está incumplida.

“Le pedimos al Congreso que tenga esta ley [la de Financiamiento Productivo] en sus prioridades para este año”

CUMPLIDA

El Congreso nacional sancionó la Ley de Financiamiento Productivo en mayo último. La norma surgió de una iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional, que indicó que su objetivo es “potenciar el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, y lograr el desarrollo del mercado de capitales local”. En relación al financiamiento de las PyMEs, la norma creó y modificó algunas herramientas financieras, como la “Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs”. Con ella, “las PyMEs van a poder emitir una factura por un bien o un servicio a un tercero, y después ir al mercado financiero a cambiarlo por efectivo en el momento sin que esto perjudique su crédito”, explicó a Chequeado Leandro Mora Alfonsín, economista y director ejecutivo de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA).

Sin embargo, desde el sector empresario advierten que nueve meses después de su sanción, aspectos importantes de la ley no fueron reglamentados y no se han puesto en marcha. “La implementación de la ley se está demorando. Hoy por hoy todavía no se lo ve como algo concreto. Evidentemente hay una serie de temas que hay que coordinar con la AFIP y con las empresas, pero una vez que se implemente definitivamente va a mejorar el financiamiento para las pequeñas y medianas empresas”, señaló Pedro Cascales, secretario de Prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Desde el área de Comunicación del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación explicaron a este medio que están trabajando junto a empresas del sector automotriz para implementar la factura de crédito electrónica y que “la incorporación de otros sectores será progresiva a lo largo de 2019”.

“Vamos a presentar el proyecto de ley de inclusión laboral”

EN PROCESO, ADELANTADA

El Gobierno presentó en 2018 un proyecto de blanqueo laboral, pero éste no fue tratado en el recinto del Congreso porque no se logró un acuerdo con la oposición y el sector sindical (ver acá). De todos modos, a fines de diciembre último el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, afirmó en una entrevista que este año el oficialismo volverá a insistir con el tema.

El texto oficial presentado propuso una amnistía para los empleadores: perdonarles las multas y las cargas sociales impagas por los trabajadores que tengan sin registrar. A cambio, deberán declarar el vínculo laboral con los empleados que tengan contratados.

Hay que destacar que la iniciativa que se envió al Congreso difiere de lo que prometió Macri. (“Vamos a presentar el proyecto de ley de inclusión laboral para que miles de trabajadores informales puedan registrarse sin perder la antigüedad y los beneficios que les corresponden por sus años de trabajo”). El Gobierno propuso reconocerle a los trabajadores sólo cinco años de aportes jubilatorios hacia atrás -calculados en base al salario mínimo, vital y móvil- y no la totalidad de años trabajados sin registrar.

Finalmente, otro aspecto importante es que, desde el momento en que es regularizado, el empleado pasará a cobrar el salario de convenio de su actividad (el que se define en paritarias), tendrá obra social, aportes jubilatorios y ART, pero deberá renunciar a cualquier reclamo de indemnizaciones ante la Justicia por el período de trabajo no registrado.

“Tienen mi compromiso para que el salario igualitario que establecen nuestras leyes sea una realidad”

EN PROCESO, ADELANTADA

El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un Proyecto de Ley de Equidad de Género en marzo último, días después de que el presidente, Mauricio Macri, lo anunciara en un acto por el Día Internacional de la Mujer. La iniciativa busca legislar sobre la igualdad salarial y las licencias especiales, como por nacimiento o adopción de un hijo, por matrimonio, y por violencia de género, entre otras.

Por su parte, el diputado del PRO Martín Medina presentó otro proyecto, que propone la creación de un mecanismo a través del cual cualquier persona que creyera o tuviera la certeza de sufrir desigualdad salarial frente a un par por igual tarea, podría solicitar acceso a los recibidos de liquidación de haberes de la empresa. Si se comprobara la desigualdad, también se podría solicitar al empleador la regularización de su situación e imponer un recurso de queja ante la Secretaría de Gobierno de Trabajo de la Nación si no recibe una respuesta.

La iniciativa de Medina también propone la creación de un “Registro Nacional de Empresas y Organizaciones con Paridad Salarial” de acceso público y obligatorio para “todas las empresas con más de doscientos empleados (200) y todas las organizaciones de representación sindical y empresarial”.

Durante 2018, ninguno de los dos proyectos fueron debatidos en el recinto ni recibieron dictamen de comisión. Según informaron a Chequeado la diputada Silvia Martínez (UCR), presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia (una de las comisiones a la que fue girado el proyecto) y el diputado Medina, durante el año último los proyectos fueron debatidos en la Comisión de Legislación de Trabajo, donde ninguno obtuvo consenso individualmente. Por eso, los diputados acordaron trabajar en una propuesta de integración que pueda ser tratada en marzo, después del regreso de las sesiones ordinarias en el Congreso.

Como señaló el proyecto enviado por el Ejecutivo, la igualdad de remuneración por la misma tarea está garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional; y la ley de Contrato de Trabajo, por su parte, prohíbe “cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad”. Por eso, Mary Isabel Acosta, miembro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, consideró en diálogo con este medio que el proyecto de Ejecutivo “es redundante” y que “lo que hace falta es un efectivo control del cumplimiento de estas normas”.

“Vamos a presentar un proyecto de ley para extender la licencia por paternidad”

CUMPLIDA

Días después de la apertura de sesiones del Congreso en 2018, el Poder Ejecutivo Nacional envió un proyecto al Parlamento que planea aumentar la licencia por paternidad de los dos días corridos actuales a 15 días corridos. Este proyecto aplica tanto para los padres trabajadores como para las madres trabajadoras que no hayan gestado al hijo. Además, en caso de nacimiento o adopción múltiple, esta licencia se extiende por diez días corridos más. También crea otras licencias por trámites para adoptar, días para someterse a técnicas de reproducción asistida o por violencia de género.

Sin embargo, si bien el proyecto se presentó -como había prometido Macri-, aun no avanzó en las comisiones de Legislación del Trabajo y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados de la Nación, debido a que se intentaron realizar cambios en el proyecto y no se llegó al consenso necesario entre las comisiones, según confirmaron desde la presidencia de la segunda comisión a Chequeado.

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