El DNU de Javier Milei: ¿qué implica la derogación de las leyes de Abastecimiento y de Góndolas?

El presidente de la Nación, Javier Milei, dictó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para desregular la economía argentina mediante la eliminación o modificación de cientos de leyes.

En su discurso por cadena nacional, el mandatario anunció 30 medidas centrales. Entre ellas, la derogación de la Ley de Abastecimiento, “para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos”, y de la Ley de Góndolas, “para que el Estado deje de meterse en las decisiones de los comerciantes argentinos”.

En esta nota, te explicamos qué establecen estas normativas que forman parte de los programas de control de precios y cómo impacta el anuncio del Poder Ejecutivo en los consumidores, de acuerdo a distintas fuentes consultadas por Chequeado.

¿Qué establece la Ley de Abastecimiento?

La Ley 20.680 es una norma sancionada en 1974 y modificada parcialmente en 2014 (Ley 26.991) que habilita al Estado nacional a intervenir en los mercados y controlar la compraventa de productos esenciales. La autoridad de aplicación es la Secretaría de Comercio, según quedó definido en el Decreto 203/2015.

Pedro Bussetti, presidente de la asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), explicó en diálogo con Chequeado que la Ley de Abastecimiento “es la que permite al Estado intervenir en los mercados ante situaciones de emergencia, desabastecimiento, disparadas de precios, entre otras”.

Y agregó: “Es una herramienta legal que tiene el gobierno -justamente en este momento tan particular con una inflación interanual del 160,9%- para intervenir y regular los precios fundamentalmente de los alimentos y mejorar la capacidad adquisitiva de los consumidores”.

La normativa habilita a la Secretaría de Comercio a establecer márgenes de utilidad de las empresas, fijar precios máximos y mínimos, dictar normas que regulen la comercialización, intermediación, distribución y producción, acordar subsidios y requerir documentación a las empresas, entre otras facultades.

Además, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 26.991, pueden fijarse sanciones para aquellas empresas que “aumenten artificial o injustificadamente los precios, acaparen materias primas o productos, destruyeran mercaderías o bienes, o nieguen o restrinjan injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicio, entre otras situaciones”.

Las sanciones incluyen multas económicas, clausuras, inhabilitaciones para recibir créditos, comiso de la mercadería, inhabilitación para ejercer el comercio, la suspensión como proveedor del Estado y la pérdida de concesiones o regímenes impositivos. 

Por ejemplo, tal como contamos en esta nota, en 2007 la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno, sancionó a la empresa petrolera Shell en el marco de la Ley de Abastecimiento por falta de abastecimiento a estaciones de servicio de todo el país. Las sanciones fueron apeladas por la compañía y, 2 años después, Shell fue absuelta por la Justicia.

Para el abogado Gastón Miani, especialista en litigios tributarios y aduaneros y socio del Estudio Tavarone, Rovelli, Saim & Miani, la Ley de Abastecimiento -con sus modificatorias de 2014- fue aplicada por el Gobierno nacional “de manera intensa después de la pandemia, con multas y hasta clausura de supermercados por falta de productos o por incumplimientos a los programas de precios cuidados”.

¿Qué establece la Ley de Góndolas?

“La Ley de Góndolas permite al Estado garantizar, o por lo menos promover, condiciones de competitividad en los distintos mercados”, indicó Bussetti.

Esta ley, la 27.545, establece regulaciones sobre la cantidad de los productos exhibidos tanto en góndolas como en locaciones virtuales de supermercados minoristas y mayoristas. Se aplica a alimentos, bebidas, productos de higiene personal y de limpieza del hogar.

Dicha normativa determina que cada producto debe contar con al menos 5 marcas disponibles. Además, la exhibición de productos de un proveedor o grupo empresario no puede ocupar más del 30% de la góndola, mientras que las micro y pequeñas empresas deben contar con al menos un 25% del espacio. 

Fue sancionada en  marzo de 2020 y reglamentada en diciembre del mismo año. En 2021, se reformuló para que los consumidores pudieran “visualizar primero los productos más accesibles”. 

En su artículo 1º, la misma plantea 4 objetivos centrales: contribuir a precios transparentes y competitivos; evitar prácticas comerciales que perjudiquen a la competencia o generen distorsiones en el mercado, ampliar la oferta de productos artesanales o regionales; y fomentar la oferta de productos del sector de la agricultura familiar, campesina e indígena, y de la economía popular y de cooperativas. 

Sin embargo, Bussetti destacó que “en el caso de las grandes cadenas de supermercados, en la mayoría de las góndolas se ve una presencia muy fuerte y en posición dominante de las grandes empresas”.

Y agregó: “Poner en funcionamiento la Ley de Góndolas, hacerla cumplir, implica que centenares de pymes pueden participar en la comercialización y en la venta minorista, desarrollar condiciones de competitividad con las grandes empresas, mejorar sus economías y, además, favorecer la posibilidad de compra de los consumidores”.

¿Qué implica la derogación de ambas leyes?

La derogación de las leyes de Abastecimiento y Góndolas implica en lo inmediato que “las empresas no están sometidas a controles de precio o de abastecimiento” y que “los supermercados pueden decidir libremente qué mercadería exhibir y en qué lugar ubicarla”, según explicó a Chequeado el abogado Miani.

Para el experto, “las consecuencias del decreto en una primera etapa estarían dadas por el incremento de los precios, lo cual ya estaba sucediendo”. Sin embargo, consideró que la eliminación de estas medidas podría ser positiva. “Estas leyes nunca tuvieron el resultado que anunciaron y fueron utilizadas como mecanismo de extorsión y presión”, señaló.

Por su parte, la asociación DEUCO manifestó a través de un comunicado su rechazo a la derogación de las regulaciones anunciada por Milei.

En relación a esta decisión, Bussetti comentó a este medio que ambas leyes tienen objetivos comunes para la competencia como “la desarticulación de los mercados oligopólicos y monopólicos”, así como “favorecer en forma indirecta el acceso a los bienes de consumo de los hogares argentinos”. Y agregó: “La decisión estratégica del Gobierno nacional es liberar todos los mercados. Y (desde DEUCO) sabemos que hay una sola víctima, que son los consumidores”.

En tanto, Guillermo Fabián Siro, presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), consideró que tanto la Ley de Abastecimiento como la de Góndolas “nunca tuvieron un efecto positivo para el desarrollo de la actividad de las pymes”.

Y agregó: “Para poder lograr proteger a los 2 eslabones más débiles de la cadena de valor -el consumidor, que es el trabajador argentino, y el comerciante, que no remarca sino que actualiza precios-, hay que fortalecer a las pymes, facilitando su actividad e inserción regional”.