El Plan Argentina Trabaja, números y deficiencias

En marzo pasado la organización social Barrios de Pie acampó frente al Ministerio de Desarrollo Social en reclamo de un aumento generalizado en el Programa Argentina Trabaja. La repercusión de ésta y otras protestas que se registraron durante el 2011 genera preguntas sobre una política social basada en el cooperativismo: ¿cómo se implementa en los hechos? Y, ¿cuáles son los resultados obtenidos?

El Programa “Ingreso Social con Trabajo” (también llamado Argentina Trabaja) fue lanzado oficialmente mediante la Resolución 3182 en agosto de 2009. El plan implica el cobro de un ingreso mensual por persona por tareas en obras y mantenimiento del espacio público, y sólo pueden acceder a él las personas desocupadas que no perciban ningún tipo de subsidio social, excepto la asignación universal por hijo. Estas personas deben formar una cooperativa y, luego, quedan a cargo de un Ente Ejecutor (municipios, provincias o el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social -INAES-).

En un principio, el plan preveía la inscripción de 70 mil cooperativistas en los municipios del Conurbano bonaerense, que a principios de 2010 se amplió a 100 mil inscriptos. Al mismo tiempo, la política social se extendió al resto del país. En octubre de 2011, según el informe “Protección de derechos sociales a través de la transparencia y el acceso a la información” realizado por la Fundación Poder Ciudadano, la cantidad de incorporados llega a casi 200 mil personas.

Cantidad de incorporados al Plan Argentina Trabaja (en miles de personas)

Fuente: Poder Ciudadano en base a pedidos de información al Ministerio de Desarrollo Social.

Por otra parte, la cantidad de cooperativas vinculadas con el programa creció de 1790 en 2010 a 2107 en 2011. Dentro de ambos totales se incluyen aquellas preexistentes a la medida y otras que fueron creadas específicamente para el programa. El presupuesto que el Ministerio de Desarrollo Social ejecutó para el plan también acompañó el crecimiento poblacional y de cooperativas: aumentó de $2100 millones en 2009 a $5000 millones el año pasado.

El ex viceministro de la cartera social, Daniel Arroyo, subrayó a Chequeado.com que estos datos “muestran que el objetivo inicial y cuantitativo del programa (N. de R.: la creación de 100 mil puestos de trabajo para el conurbano) se cumplió, pero no así el cualitativo”. En este sentido, puntualizó que las deudas pendientes eran “lograr que los beneficiarios salgan totalmente de la informalidad para entrar al mercado formal, y consolidar la autonomía de las cooperativas para que puedan salir de la dependencia estatal directa”. Esto se daría a través de la contratación de las cooperativas por parte de empresas del sector privado, lo que ha sucedido pero en pocos casos.

Un ejemplo de precarización laboral, según el especialista, es la remuneración que perciben los cooperativistas con respecto a la carga horaria: hoy, un trabajador del Plan Argentina Trabaja se desempeña en módulos (cooperativas) de 40 horas semanales (es decir, 8 horas diarias) y recibe un sueldo básico de $1285 por mes. “Esta remuneración marca un piso laboral más bajo en la práctica que el salario mínimo, que es el que está establecido por ley”, evaluó Arroyo, y recordó que en la Argentina existe actualmente un 34,3% de empleo no registrado en el mercado laboral.

A diferencia de antiguos planes sociales, los beneficiarios del Argentina Trabaja reciben sus ingresos por parte del Ente Ejecutor a través de una tarjeta bancaria. Esta, y otras características -como la formación de cooperativas específicamente para el plan-, ha provocado que diferentes especialistas evaluaran que el programa no cumple con los conceptos básicos del cooperativismo (ver recuadro).

La presidenta de la Nación, Cristina Fernández, anunció el 28 de febrero pasado dos incentivos a los cooperativistas del plan: uno por aumento de productividad ($300) y otro por cumplir con el presentismo ($250). Pero el beneficio no es para todos, sino que tiene un cupo limitado de 150 mil inscriptos. Poder Ciudadano realizó a fines de marzo un pedido de información para saber qué criterio seguirá el ministerio para otorgar los incentivos pero todavía no han recibido respuesta.

Otra de las deficiencias que presenta el programa es el sistema de denuncias. Mediante la Resolución Nº1, del 4 de enero de 2010, el Ministerio de Desarrollo Social habilitó una línea telefónica para que los incorporados denunciaran irregularidades en el programa, como ausentismo, corrupción o pago con fines políticos. Desde junio de 2010 al mismo mes del 2011, las denuncias aumentaron de 458 a 1499.

El problema es que “el sistema establece que si la irregularidad es a nivel interno de la cooperativa, la Dirección Técnica Administrativa le debe pedir una ratificación en los hechos al responsable territorial del denunciante para que la ratifique a través de un informe. Pero en la mayoría de las denuncias el propio denunciado es el responsable, por lo que sólo el 2% de las realizadas llega a una instancia judicial”, explicó Nadia Tapia, investigadora del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) y responsable del proyecto de Poder Ciudadano. La especialista agregó que se han conocido casos de connivencia entre el responsable territorial y el cooperativista para no denunciar el incumplimiento del presentismo y de la realización de las tareas.