Gobierno y universidades: uno por uno, los aumentos acordados en salarios, presupuesto y hospitales universitarios

El Gobierno y representantes de las universidades alcanzaron un acuerdo que incluye un incremento salarial para los trabajadores docentes y no docentes, un aumento para los gastos de funcionamiento y una partida adicional de la prevista en el Presupuesto 2026 para los hospitales universitarios. 

A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano explicó que “la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones gremiales docentes y no docentes suscribieron hoy un acta de acuerdo que establece la recomposición para el sector universitario”. 

Por su parte, el CIN aseguró que “la actualización salarial y presupuestaria es un paso importante”, pero advirtió que “de ningún modo resuelve el problema estructural que atravesamos”, y confirmó que la demanda judicial por la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario “se mantiene hasta que la aplicación de la ley en su totalidad sea efectiva”.

El acuerdo entre el Gobierno y las universidades

Capital Humano explicó que el Poder Ejecutivo transferirá a las universidades nacionales “los fondos tendientes a incrementar la masa salarial en un 24,3%”. Las transferencias se harán en 2 momentos: un 21,3% en junio (sobre los básicos vigentes a mayo de 2026) y el 3% restante en octubre (sobre los básicos vigentes de septiembre). 

Respecto del presupuesto, el Gobierno indicó que “actualizará en un 20% el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de junio de 2026”. Además, explicó que “se garantizarán los fondos de capacitación para las entidades gremiales docentes y no docentes”, aunque no especificó de cuánto sería el monto. 

En relación con los hospitales universitarios, el Gobierno anunció que dará un aumento de $ 50 mil millones en la partida presupuestaria. En mayo, directores de hospitales que dependen de la UBA denunciaron que el Gobierno nacional no había enviado ninguna partida destinada al funcionamiento de estas instituciones, que atienden más de 700 mil pacientes por año. 

Sobre las becas estudiantiles, se acordó una “actualización del 50% de las becas Manuel Belgrano” a partir de este mes. Se trata de un incentivo económico que ahora será de $ 122.527 para jóvenes de bajos ingresos que quieran estudiar una tecnicatura o carrera universitaria en disciplinas específicas. Antes de este aumento, ese monto estaba congelado en $ 81.685.

Según explica el CIN, la paritaria volverá a reunirse el 15 de septiembre -y en adelante cada 3 meses como máximo- y continuará la discusión salarial contemplando la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de acuerdo con el INDEC y la continuidad de la recomposición salarial por el desfasaje del 2024.

Los aumentos no alcanzan para cubrir la inflación

El acuerdo firmado por el Gobierno y las universidades contempla una recomposición salarial de los trabajadores docentes y no docentes, aunque los sueldos continúan perdiendo contra la inflación respecto de noviembre de 2023 (último mes de gestión de Alberto Fernández -Frente de Todos-). 

Según el análisis de Chequeado, con los cambios, un ayudante de primera con dedicación simple y 10 años de antigüedad percibirá el próximo mes un salario de $ 408.967. Si bien esto representa un salto con respecto al mes pasado, el poder adquisitivo aún continúa 22,5% real (es decir, considerando el efecto de la inflación) por debajo de noviembre de 2023 y del valor establecido por la Ley de Financiamiento Universitario ($ 527.349).

Para recuperar el poder adquisitivo de fines de 2023 el aumento del Gobierno debería haber sido del 53,1%. 

Respecto del presupuesto para el funcionamiento universitario, el aumento del 20% implica llevar el gasto anual a $ 412.046 millones, lo que permitiría alcanzar los mismos niveles que 2025, pero aún se ubicaría 10,5% real por debajo de 2023. 

La mejora para la atención hospitalaria, en tanto, implicaría un aumento interanual real del 30,7%, con una diferencia positiva del 84% real sobre 2023. 

Qué dicen los gremios y universidades

Octavio Miloni, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata, dijo en una entrevista radial: “Es un buen inicio. En materia salarial, ante un salario tan deprimido, era necesario una respuesta. Sin bajar el reclamo del cumplimiento efectivo de la ley, esto aliviana la carga salarial de nuestro sector”. 

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), escribió en su cuenta de X: “El Gobierno reconoció hoy, aunque todavía de manera insuficiente, un reclamo legítimo de las universidades y de toda la sociedad”.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), por su parte, indicó que en el plenario acordaron “mantener el plan de lucha por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario”. Y aclaró que, si bien quedó “en suspenso el paro de la próxima semana”, la medida se retomará en caso de incumplimiento del acuerdo.

En Feduba, uno de los sindicatos de docentes de la UBA, se realizó una consulta sobre el acuerdo, que arrojó un resultado de rechazo del 87% de los afiliados que participaron.

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca) se manifestó contra el acuerdo porque consideró que “desconoce la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795”. Y advirtió: “Lo que firmaron hoy implica una deslegitimación absurda de una conquista legislativa que logramos con lucha sostenida y masiva”.

Reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario ante la Corte Suprema

En agosto de 2025, el Senado convirtió en ley un proyecto de Ley de Financiamiento Universitario impulsado por bloques de la oposición, que establecía una actualización del presupuesto para el área y de los salarios docentes según la inflación acumulada desde fines del año 2023. 

En este escenario, el Gobierno nacional vetó la Ley de Financiamiento en septiembre de 2025, pero el Congreso rechazó esta medida y ratificó la vigencia de la iniciativa. 

El 7 de mayo de 2026, en tanto, la Justicia suspendió la aplicación de la ley por pedido del Poder Ejecutivo, y habilitó al Gobierno a recurrir a la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión. 

Ese reclamo ante la Corte Suprema de Justicia sigue vigente, a pesar de este acuerdo.