¿A cuánto y en qué momento compraron los bonos los holdouts?

El juez Thomas Griesa convocó a una audiencia a los fondos buitre y a los agentes financieros que canalizan los pagos de la Argentina a los bonistas con títulos reestructurados. El objetivo del Gobierno es que el juez estadounidense imponga nuevamente la medida cautelar, mientras continúan las negociaciones con los fondos NML Capital y Aurelius y el mediador nombrado para el caso, Daniel Pollack, para pagar los US$ 1.500 millones de dólares a los demandantes que obtuvieron el fallo favorable del magistrado.

En este contexto, en las últimas semanas el oficialismo expuso en diferentes escenarios la postura del Gobierno frente a estos fondos. Señaló, por ejemplo, que la ganancia que obtendrían los fondos buitre sería del 1600% (ver acá), y que la mayoría de estos bonos fueron emitidos en 2001, durante el denominado “Megacanje” (ver acá). Una explicación sobre estos dos puntos.

¿A cuánto se compraron los bonos que hoy poseen los holdouts?

El ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, se refirió al caso de NML, el fondo que encabeza el litigio contra la Argentina. “El problema es que el fallo de Griesa quiere obligar a la Argentina a pagarle a uno de esos fondos buitres, al de Paul Singer casualmente, habiendo invertido US$ 48,7 millones en 2008 después del canje”, aseguró Kicillof ante una asamblea de la OEA y, acto seguido, agregó: “El fallo del juez Griesa significa para la Argentina pagar ahora ya (…) US$ 1.600 millones, 800 para este fondo, una ganancia de 1600%”.

Sin embargo, chequear con datos o documentos que sustenten a qué valor el fondo propiedad de Singer compró sus bonos en 2008 o en algún otro momento es una tarea difícil. Chequeado contactó como primer paso a la Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio de Economía para obtener esa información, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

Además, “los bonos no son nominales sino al tenedor: no dicen el nombre del portador sino que el que los posee los puede hacer circular y venderlos sin que éstos estén ligados a su persona”, explicó Martín Tetaz, economista y profesor de Economía en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y de Macroeconomía en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Ariel Setton, economista (UBA) y miembro del Plan Fénix, coincidió: “Lo que es público no es el tenedor sino el bono”. Por lo cual no hay información pública sobre el monto por cual se obtuvieron estos bonos.

Existe una resolución que logró que el Estado nacional obtuviera información acerca de la identidad de los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010. El Ministerio de Economía aprobó, en 2011, un modelo de “Acuerdo para el Suministro de Información” con la Caja de Valores S.A. en el marco de la creación del Fondo de Desendeudamiento Argentino (FDA). Pero esta resolución no alcanzó a quienes desecharon las operaciones de quita propuestas por el Gobierno nacional, los denominados holdouts.

Otra fuente posible de este dato podría ser la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), ya que la Argentina se comprometió en los contratos que firmó en la década del 90 a que cualquier litigio en relación a este tipo de bonos se sometería a la ley del Estado de Nueva York. El problema es que la mayoría de estos fondos son sociedades radicadas en paraísos fiscales y que no cotizan en Bolsa, como ellos mismos señalan en los escritos presentados ante el juez Griesa (ver acá y acá), por lo que no están obligados a brindar ningún tipo de información de manera pública.

¿Y en qué momento?

Otro de los argumentos mencionados por el oficialismo es que la mayoría de la deuda comprada por los fondos buitres fue emitida durante el llamado “Megacanje” de 2001 (ver acá y acá).

Los datos oficiales disponibles calculan que la deuda total con los holdouts es de, al menos, US$ 15 mil millones si se consideran los intereses moratorios y punitorios, una estimación que también confirman los números de las consultoras privadas no afines a la política económica de la gestión actual (ver este chequeo).

Pero, en rigor, no toda la deuda con los holdouts es el monto que hay que pagar según el fallo Griesa: los US$ 1.500 que lograron los fondos buitre representan sólo una porción de todo el universo de bonistas que no ingresaron en los canjes.

Con respecto a la fecha de emisión de esos bonos, el dato fue juzgado como poco relevante por los especialistas consultados. “Este dato no aporta nada” ya que “con seguridad son bonos viejos que fueron cambiados por papeles nuevos”, afirmó Tetaz, por lo que no tiene importancia el momento en el que fueron emitidos. El economista ejemplificó que con ese criterio se podría decir que casi el 100% de la deuda actual se emitió en 2005, por el canje que tuvo lugar ese año y logró un 76% de adhesión del total de bonistas.

“Un canje significa que el emisor, en este caso la Argentina, compra los bonos viejos y emite bonos nuevos. O sea, da como forma de pago bonos nuevos”, coincidió Daniel Marx, secretario de Finanzas del Ministerio de Economía en el momento en el que se negoció el “Megacanje”, y detalló que “con esta operación no se consiguieron nuevos fondos, fue una refinanciación de la anterior. Sí ingresaron fondos nuevos con el llamado ‘Blindaje’”, recordó, en referencia al nombre que recibió la ayuda financiera que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó en 2000 a la Argentina por un valor de unos 40 mil millones de dólares.

Ramiro Castiñeira, economista de la UBA y miembro de la consultora Econométrica, hizo su propia lectura: “Toda la deuda adquirida en 2001 significó patear los compromisos para adelante: con el ‘Megacanje’ se negoció por nuevos bonos, bonos que meses después se declaraban en default porque no se podían pagar y fue parte del costo que tuvo el final de la convertibilidad”.

Un informe de los economistas Mario Damill, Roberto Frenkel y Martín Rapetti menciona que el “Megacanje” “permitió extender el plazo promedio de los instrumentos, pero al costo de elevar el valor nominal de la deuda en unos U$S 2.000 millones e incrementar el peso de intereses (los nuevos bonos se pactaron a una tasa promedio del 15% en dólares)”.

Los fondos buitre compraron esos bonos luego del default, ya que lo que hacen este tipo de sociedades es conseguir títulos a bajo precio y luego intentar cobrar el total de su valor litigando en la Justicia, como se puede ver en este video explicativo que publicó el diario La Nación.