La cifra de los desaparecidos durante la última dictadura militar: cuál es el origen de los datos disponibles

La conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia reactualiza cada año el debate público sobre la cifra de desaparecidos en la Argentina durante la última dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983.

Como Chequeado contó en esta nota, la Justicia argentina probó en diversos expedientes judiciales desde el retorno de la democracia y desde la reapertura de los juicios, en 2006, que la dictadura llevó a cabo un “plan sistemático de exterminio” que incluyó las desapariciones de personas, las torturas, el robo de bebés y la utilización de centros clandestinos de detención.

Sin embargo, no se arribó, ni en los tribunales, ni en los registros oficiales dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, ni en los organismos de derechos humanos, a una cifra definitiva y cerrada de la cantidad de personas que fueron desaparecidas.

Esto se debe a que es el propio Estado argentino quien tiene la responsabilidad de decir con exactitud cuántos desaparecidos hubo (y hay) en el país. Fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que expresó, en un fallo de 2018, que “el juzgamiento de los hechos perpetrados durante el terrorismo de Estado ha afrontado dificultades excepcionales derivadas, en parte, del dominio de las estructuras estatales que -durante años- tuvieron sus autores, y también de las múltiples medidas que fueron articuladas para evitar represalias futuras y garantizar impunidad”. Es decir, que las Fuerzas Armadas se encargaron de dificultar y negar el acceso a dicha información.

A continuación, un repaso explicativo de dónde surgen las cifras que más circulan sobre el tema.

El informe de la Conadep: 8.961 desaparecidos y “una lista abierta”

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) fue un organismo creado por el entonces presidente, Raúl Alfonsín (Unión Cívica Radical), en diciembre de 1983, a pocos días de asumir, con el objetivo fue esclarecer los hechos ocurridos en nuestro país durante la última dictadura.

Durante 9 meses, desde la creación del organismo hasta septiembre de 1984, cuando entregó sus conclusiones, la Comisión que presidió el escritor Ernesto Sábato recibió denuncias y pruebas sobre el destino y paradero de los desaparecidos, aunque no tenía la función de juzgar, sino de presentar la información recopilada a la Justicia para que sea investigada. Esta documentación sirvió de base probatoria para el Juicio a las Juntas.

La Conadep elaboró un listado de 8.961 desaparecidos. Sin embargo, a esa cifra le siguieron muchas aclaraciones del propio organismo: “Es -inevitablemente- una lista abierta. Fue confeccionada sobre la base de las denuncias recibidas por esta comisión -consta el número del respectivo legajo- y compatibilizada a su vez con las ya producidas por organismos nacionales e internacionales”.

En el mismo apartado, el informe agregó: “Sin perjuicio de ello, pueden existir errores; tal el caso de alguna persona -descartamos que se trate de un número significativo- que hubiera omitido oportunamente comunicar a los respectivos organismos el cese de su desaparición. Sabemos también que muchas desapariciones no han sido denunciadas, por carecer la víctima de familiares, por preferir estos mantener reservas o por vivir en localidades muy alejadas de centros urbanos. Tal como lo comprobó esta comisión en sus visitas al interior del país, muchos familiares de desaparecidos nos manifestaron que durante los pasados años ignoraban dónde dirigirse”.

Sostuvo, además, que “la continuación de la paciente labor emprendida permitirá -con el apoyo de los medios técnicos adecuados- incrementar esta enunciación provisoria”, y concluyó: “Debe reiterarse que la nómina completa de las personas desaparecidas y la suerte por ellas corrida, sólo puede ser cabalmente informada por los autores de tales desapariciones, toda vez que existió un minucioso registro de cada uno de esos hechos, cuya remoción o destrucción constituyen delitos tipificados por el Código Penal, respecto de los cuales esta comisión ha formulado las pertinentes denuncias”.

La información de inteligencia en la región: 22 mil desaparecidos

En 2006, a partir de documentos desclasificados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, se dio a conocer otra cifra. Estos documentos de inteligencia muestran que los militares estimaban unas 22 mil víctimas, entre personas desaparecidas y asesinadas, registradas entre 1975 y mediados de 1978, cuando aún quedaban más de 5 años de dictadura militar.

El cálculo fue aportado por militares y agentes argentinos que operaban desde el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército al agente de inteligencia chileno Enrique Arancibia Clavel. Es uno de los documentos que logró sacar a la luz el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad de Georgetown (Estados Unidos).

Consiste en un telegrama enviado en julio de 1978 por Arancibia Clavel a sus superiores de la Dirección de Inteligencia Chilena (DINA) con nombres de decenas de víctimas en el país y precisando que se habían “computado 22 mil entre muertos y desaparecidos”, desde 1975 y hasta 1978.

Ante la consulta de Chequeado, el periodista norteamericano e investigador de la “Operación Cóndor” en la región, John Dinges -quien obtuvo una copia de los documentos y los envió al Archivo de Seguridad Nacional-, señaló que “la cifra de los 22 mil, si bien se basa en un documento a diferencia de la de los 30 mil, es una estimación y se debe seguir investigando”.

El origen de los 30 mil desaparecidos

Durante la dictadura, diversos organismos de derechos humanos locales e internacionales elaboraron listas y estimaron cifras de desaparecidos en base a pruebas documentadas: la ONG Amnistía Internacional, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, entre otros. Se hablaba en todos los casos de miles de desaparecidos, pero las cifras eran muy divergentes.

Algunas de ellas fueron replicadas por organismos supranacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En este marco, la cifra de los 30 mil desaparecidos comenzó a circular entre los reclamos de los organismos de derechos humanos y finalmente adquirió visibilidad pública en septiembre de 1983, durante la tercera “Marcha de la Resistencia” -en el llamado “Siluetazo”-, con la confección de 30 mil afiches con siluetas de personas que representaban a los 30 mil desaparecidos.

El gobierno de Javier Milei (La Libertad Avanza) difundió en marzo de 2024 un video en el que rechazó la cifra. En el video oficial se incluyen declaraciones de Luis Labraña, ex integrante de la agrupación guerrillera Montoneros, quien se atribuye haber sido quien ideó la cifra de los 30 mil desaparecidos durante su exilio.

El Estado argentino ha reconocido la existencia de más de 800 centros clandestinos de detención, lo que ha sido utilizado por los investigadores como insumo estimativo sobre la cantidad de personas que pasaron por cada centro a la hora de llegar al cálculo total de 30 mil desaparecidos.

Otras investigaciones académicas -como la del investigador del Conicet Emilio Crenzel, quien se especializó en el tema- sostienen que las personas que permanecen desaparecidas no son las únicas víctimas del delito de desaparición forzada de personas, y que a esa cifra se deben sumar los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, los presos políticos (las 8.625 presos detenidos a disposición del Poder Ejecutivo que estuvieron -por diferentes lapsos- desaparecidos antes de ser legalizados) y quienes estuvieron detenidos en centros clandestinos y luego fueron asesinados. Según el autor, aunque no revistan actualmente la condición de desaparecidos, sí fueron en determinado momento víctimas del delito de desaparición forzada.

“Esa sumatoria alcanzaría los 20 mil casos, a los que habría que añadir los desaparecidos y, especialmente, sobrevivientes no denunciados que funcionarios del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) estiman triplican el número de desaparecidos que continúan en esa condición. Esa sumatoria se aproximaría a la cifra emblemática enarbolada por el movimiento de derechos humanos”, calculó Crenzel. Los desaparecidos que “continúan en esa condición”, según el RUVTE, son 7.018 personas.

Ludmila Da Silva Catela, antropóloga e investigadora principal del Conicet en el Instituto de Antropología de Córdoba, explicó que 30 mil desaparecidos “no es un dato estadístico”, y agregó: “La cifra es una consigna y un lugar de memoria. Un número redondo que se constituyó para dar cuenta y significar el accionar clandestino y terrorista del Estado. Un número para referenciar el horror”.

Entonces, la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia trae todos los años al debate público el dato sobre los desaparecidos que hubo en la Argentina durante el período 1976-1983. Y, como se dijo, esto se debe a que es el propio Estado argentino quien tiene la responsabilidad de decir con exactitud cuántos desaparecidos hubo (y hay) en el país.