La relación de Javier Milei con las provincias: cómo se reparten los fondos y qué cambió con la nueva gestión

El Gobierno nacional informó el desplazamiento del titular de la ANSES, Osvaldo Giordano, y la secretaria de Minería de la Nación, Flavia Royón, en el marco de la discusión con los gobernadores por la no aprobación de la llamada “ley ómnibus”. Ambos funcionarios habían llegado a sus cargos por acuerdos del gobierno de Javier Milei (La Libertad Avanza) con los mandatarios de Córdoba y Salta, respectivamente.

Previamente, la Oficina del Presidente de la Nación había criticado en la red social X (antes Twitter) a ciertos gobernadores luego de que la ley ómnibus volviera a comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación. “Los gobernadores tomaron la decisión de destruir la ‘Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos’ artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla”, indicó el comunicado. 

Antes, el ministro de Economía, Luis Caputo, había asegurado que analizó junto a su equipo “todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado”. En esa línea, el Gobierno nacional anunció la eliminación del fondo destinado al pago de subsidios al transporte en el interior del país, medida que afectará a la mayoría de las provincias. 

En esta nota, te contamos cuál es la relación fiscal entre el Gobierno nacional y las provincias, cómo se distribuyen los recursos, qué pasó en 2023 y cómo se inició el reparto de fondos en 2024, en el comienzo de la gestión de Milei. 

Cómo se reparten los fondos entre la Nación y las provincias

Como se explica en esta nota, los recursos provenientes de la recaudación de impuestos son distribuidos por la Nación a las provincias a través del llamado “régimen de coparticipación federal”.

Son transferencias que se realizan -por ley- de forma automática y a diario. Es decir, no requieren de una autorización previa ni son discrecionales (cuando no hay una normativa detrás y su reparto se decide por decisión del Presidente), dado que se coparticipan a medida que los fondos ingresan a las cuentas del Estado nacional de acuerdo con un sistema de reparto predefinido. 

Algunos de los impuestos coparticipados son el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el impuesto a los Bienes Personales, el impuesto al Cheque y el Monotributo. 

El reparto se definió a través de la Ley de Coparticipación Federal, aprobada en 1988, durante la gestión de Raúl Alfonsín (UCR). La norma establece que, del total de impuestos coparticipables, el 42,34% son para el Gobierno nacional, el 56,66% se reparte entre las provincias de forma automática, y el 1% se reserva para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que también se reparte entre las jurisdicciones, pero de forma discrecional.

Ariel Barraud, ex director del Instituto de Investigaciones de la Bolsa de Comercio de Córdoba y actual Director General de Estadística y Censos de esa provincia, señaló en esta nota que “el sistema de coparticipación, así planteado, no plantea incentivos para una mejor administración, como en otros países federales que tratan de repartir la coparticipación según las necesidades y la capacidad fiscal de las jurisdicciones”, dado que “el reparto no es flexible a premiar a quien tenga buen comportamiento fiscal y castigar a quien hace mal las cosas”. 

¿Qué son los fondos discrecionales?

Al margen de los fondos girados de forma automática a través de la coparticipación federal, el Gobierno nacional también envía a las provincias otro tipo de recursos, cuyo reparto no en todos los casos está definido por leyes. A este tipo de recursos se los denomina transferencias no automáticas o “discrecionales”. 

Un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), de la Fundación Mediterránea, define a las transferencias no automáticas como “aquellos recursos que las provincias reciben del Gobierno nacional y que no se encuentran reglados por una ley que exponga criterios objetivos de distribución, es decir, decididas por los funcionarios del poder central”. 

Entre las transferencias no automáticas, una de las más conocidas es el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Se trata de un impuesto a los automotores creado en 1998 -durante la gestión de Carlos Menem (PJ)-, que tiene una asignación específica (es decir, que las provincias no pueden utilizarlo para un fin diferente para el que fue creado): el pago de un complemento salarial a los docentes. 

Como ya se mencionó, los ATN también se incluyen dentro de las transferencias no automáticas. Estos aportes no tienen una asignación específica y son distribuidos por el Ministerio del Interior de la Nación en función de las necesidades de las provincias. Pueden ser utilizados, por ejemplo, para enviar recursos ante una emergencia climática. 

Otra transferencia no automática es el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, creado en septiembre de 2020 -durante la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos)- luego de una serie de protestas realizadas por agentes de la Policía Bonaerense.

El fondo fue conformado a partir de la quita de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires (cuyo coeficiente de reparto había aumentado durante la presidencia de Mauricio Macri -Cambiemos-). Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la devolución de parte de ese dinero a la Ciudad, durante 2023 el Gobierno nacional siguió realizando los giros. 

Cómo evolucionaron las transferencias a las provincias en 2023 y cómo empezó 2024

En 2023, último año de gestión de Fernández, las transferencias totales a las provincias cayeron un 7,8% en términos reales (es decir, contemplando el efecto de la inflación) con respecto a 2022. Este descenso se explica por la caída real de la recaudación (7,7% en términos reales), especialmente por la pérdida real en el impuesto a las Ganancias (-22%) a raíz de la eliminación de la cuarta categoría (es decir, el impuesto a los trabajadores que cobran cierto salario) a partir de octubre de 2023. 

Todas las provincias registraron caídas en la coparticipación, siendo la más importante la sufrida por Neuquén, hasta diciembre gobernada por Omar Gutiérrez (Movimiento Popular Neuquino), con el 6,5%. Le siguieron Tierra del Fuego (Gustavo Melella, del Partido de la Concertación), con el 6,3%; Chubut (gobernada hasta el 10 de diciembre por Mariano Arcioni, de Chubut Somos Todos), con el 6,2%; Río Negro, con Arabela Carreras (Juntos Somos Río Negro) como gobernadora hasta diciembre; y Santa Cruz, donde gobernó Alicia Kirchner (Partido Justicialista) hasta diciembre, con el 6%. 

En tanto, en enero de 2024 -primer mes de gestión completo de Milei (La Libertad Avanza)- las transferencias automáticas a las provincias cayeron un 11% en términos reales, de acuerdo con datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) -dirigido por Nadin Argañaraz, ex subsecretario de Desarrollo en el Ministerio de Hacienda entre 2016 y 2017-, que destacó además que ese mes se registró el menor valor en 9 años. 

En cuanto a las transferencias no automáticas, en 2023 se repartieron entre las provincias casi $ 1,4 billones, según datos del IERAL. Los recursos surgieron del FONID ($ 289 mil millones); el Fondo de Fortalecimiento para la Provincia de Buenos Aires ($ 231 mil millones); los ATN y otros giros a provincias ($ 174 mil millones); y transferencias a cajas previsionales provinciales ($ 170 mil millones). 

En enero de 2024, -como se dijo- primer mes completo de la presidencia de Milei, las transferencias discrecionales cayeron un 98% en términos reales, de acuerdo con un análisis de Argañaraz.

Si se toman estos cálculos, 13 provincias no recibieron fondos discrecionales en el primer mes del año, por lo que la caída fue del 100%. Entre ellas se destacan Buenos Aires (gobernada por Axel Kicillof -Unión por la Patria-); Tucumán (Osvaldo Jaldo -Unión por la Patria-); San Luis (Claudio Poggi -Juntos por el Cambio-); Jujuy (Carlos Sadir -Unión Cívica Radical (UCR)-); y Chaco (Leandro Zdero -UCR-). 

Uno de los fondos más afectados en el primer mes del año fue el FONID, cuyos recursos cayeron un 16,6%, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Flavio Buccino, referente del Observatorio Argentinos por la Educación, señaló a Chequeado que este fondo originalmente fue creado por 5 años, pero luego se prorrogó sucesivamente hasta el 1º de enero de 2024. Es decir que su continuidad depende de una ley que vuelva a darle vigencia. 

Por su parte, la coordinadora de Investigaciones del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), Virginia Giordano, dijo a este medio que las transferencias no automáticas “representan apenas el 4% de los ingresos provinciales”.

“El porcentaje es pequeño. Pero persiste la pregunta: ¿cuánto puede ser el perjuicio para las provincias si Milei les para las transferencias discrecionales? Las provincias presentan un superávit primario de $ 268.427 millones, que sería un 2% de sus ingresos. Con lo cual, si se frenan las transferencias discrecionales, el promedio de provincias pasaría de superávit a déficit”, concluyó.