Ley de Emergencia en Discapacidad: qué propone el proyecto que aprobó el Senado y qué dice el Gobierno

El Senado aprobó el proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027. La iniciativa, impulsada por sectores de la oposición y organizaciones sociales, había sido aprobada el 5 de junio en Diputados por 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones. Apunta a garantizar derechos y servicios esenciales para las personas con discapacidad, en un contexto de recortes y demoras en los pagos.

El Poder Ejecutivo manifestó su rechazo a la propuesta, a la que calificó de “regresiva y asistencialista”.

¿Qué es la Ley de Emergencia en Discapacidad que aprobó el Senado?

Es un proyecto de ley presentado por el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria) y otros legisladores, que propone declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. El objetivo es asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en áreas como salud, educación, trabajo y protección social.

La iniciativa contaba con dictamen de mayoría en las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública, y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y se debatió el miércoles 4 de junio. Desde el Foro Permanente por la Discapacidad se sumaron a la movilización de jubilados frente al Congreso.

El proyecto se aprobó con 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones y se giró al Senado donde será tratado hoy jueves 10 de julio de 2025.

¿Qué establece el proyecto de emergencia en discapacidad?

• Regularización de pagos y actualización de aranceles: se propone saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. La iniciativa declara el sistema de interés público nacional.
• Reforma del sistema de pensiones no contributivas: el proyecto busca garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad, revisando las condiciones de acceso y permanencia en el beneficio.
• Fortalecimiento institucional: se plantea mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y realizar auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones.
• Transparencia y rendición de cuentas: el Poder Ejecutivo deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia.
• Compensaciones económicas: el proyecto incluye una compensación de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre el 0,22% y 0,42% del PBI.
• Actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD): se propone que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en articulación con el Consejo Federal de Discapacidad, establezca los lineamientos para la certificación de la discapacidad, considerando las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de la persona.
• Fortalecimiento de los talleres protegidos y centros de día: se asignan recursos específicos y compensaciones para garantizar su funcionamiento continuo.
• Cumplimiento del cupo laboral: reafirma la obligación del Estado de cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.

“Esta ley tiene un impacto fiscal bajo y cuenta con el apoyo de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Innovación Federal, la Coalición Cívica, la izquierda y parte del radicalismo. Lo racional sería que se apruebe y que el gobierno no lo vete”, dijo a Chequeado el diputado y autor del proyecto de ley, Daniel Arroyo.

En caso de ser aprobada, la ley deberá ser reglamentada dentro de los 30 días de su sanción.

¿Qué dice el Gobierno sobre la iniciativa?

La ANDIS, a cargo de Diego Spagnuolo, manifestó su rechazo al proyecto y lo definió como una “iniciativa regresiva que apela a un modelo asistencialista ya superado”. Según la Agencia, la propuesta “desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión”.

Además, el Gobierno nacional también expresó preocupaciones sobre el costo fiscal del proyecto. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que “no existen los recursos” para hacer frente a la actualización presupuestaria para el sector de la discapacidad y adelantó: “Por más que propongan un aumento de partidas no se puede aprobar una ley así, y si lo hacen, el Ejecutivo la va a vetar”.

¿Qué opinan las organizaciones y los expertos en discapacidad?

Diversas organizaciones no gubernamentales denunciaron recortes en pensiones y servicios y exigieron la aprobación de la ley para garantizar los derechos de las personas con discapacidad durante una marcha en el Congreso el pasado 29 de mayo, de la que participaron prestadores, personas con discapacidad, familiares, trabajadores de la salud y asociaciones como TEActiva y Discas en Lucha, entre otras.

“Teniendo en cuenta que nunca fue una prioridad para ningún gobierno, cualquier tipo de mejora vinculada a la discapacidad es positiva. Mejorar el financiamiento de las pensiones no contributivas, el nomenclador de aquellos que brindan sus servicios es positivo, pero no me parece que alcance porque el sistema está viciado, los prestadores cobran a los 3 meses, habría que modificarlo para que los obras sociales no puedan hacer esa trampita”, dijo a Chequeado Gustavo Fulco, especialista en comunicación y discapacidad.

Y agregó: “Las personas con discapacidad no pueden esperar, un tratamiento no recibido a tiempo o cortado por falta de pago es determinante, tanto así que en ocasiones es fatal. La ley de emergencia mejora lo existente pero sigue siendo insuficiente”.

Actualización 10/07/2025: se actualizó la nota con el tratamiento del proyecto de ley por parte del Senado el 10 de julio de 2025