Ley de Financiamiento Universitario: las claves de la norma que aprobó el Senado y el Gobierno vetará

El Senado aprobó en la madrugada de este viernes la Ley de Financiamiento Universitario, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados. En la votación en general, la iniciativa obtuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y 1 abstención.

El presidente Javier Milei confirmó en su cuenta de X que vetará totalmente la iniciativa, como ya había adelantado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, antes de la sanción de la ley. 

El Gobierno ya vetó la ley de movilidad jubilatoria impulsada por la oposición y la cámara de Diputados de la Nación confirmó su decisión.

En esta nota te contamos las claves de la Ley de Financiamiento Universitario.

Qué dice la ley sobre los gastos de funcionamiento

La norma propone declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el año 2024, con el objetivo de “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”. 

Para los gastos de funcionamiento, la iniciativa propone actualizar las partidas del Presupuesto 2023 (prorrogado por el Gobierno de Javier Milei) según la inflación acumulada ese año (del 211,4%) y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.

La norma implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

El proyecto también modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, estableciendo nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades. Estos criterios incluyen factores como el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados, áreas de vacancia y actividades de investigación y extensión.

Qué dice la ley sobre los salarios docentes y cuál es la situación salarial actual

El dictamen que se puso a consideración encomienda al Poder Ejecutivo Nacional recomponer los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional, a partir del 1º de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante dicho período.

Desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2024, el Ejecutivo deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC. 

“Lo establecido acerca de la recomposición salarial no se aplicará si las paritarias a nivel general del sector docente y no docente para 2024 son acordadas y rubricadas por el Poder Ejecutivo nacional y las federaciones representantes de los trabajadores de la educación superior y las escuelas preuniversitarias”, sostiene el dictamen.

De acuerdo con los datos publicados por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), al contrastar la pauta salarial de un docente universitario con la inflación publicada por el INDEC, en agosto de 2024 la caída del poder de compra fue del 9,2% respecto de diciembre de 2023. 

Por ejemplo, un auxiliar de primera con dedicación simple (9 horas semanales) y 10 años de antigüedad, en diciembre de 2023 percibía $ 132.035,51, y en agosto de 2024 cobró un salario bruto de $ 232.531,90.

Si la comparación se realiza sobre los sueldos de noviembre (antes de la inflación del 25,5% registrada en diciembre), la caída hasta agosto fue del 23,71%. 

¿Cómo fue la votación en el Senado?

En el Senado la norma, que fue sancionada con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención. Los votos en contra correspondieron a los legisladores de La Libertad Avanza, más los senadores del PRO Carmen Alvarez Rivero, Alfredo De Angeli y Enrique Göerling Lara, más el formoseño Francisco Paoltroni. Se abstuvo María Victoria Huala (PRO).

Como miembro informante del proyecto, el senador bonaerense Eduardo “Wado” de Pedro (Unión por la Patria) presentó el dictamen para el incremento del financiamiento universitario y responsabilizó al presidente Javier Milei por la situación actual del sector. “Nos encontramos discutiendo la supervivencia del sistema universitario y pensábamos que era un acuerdo de la democracia”, sostuvo.

El legislador de Unión por la Patria agregó que “hoy tenemos más de 2 millones de estudiantes universitarios y estamos ante un gobierno que ataca los principios fundamentales de la educación”. Asimismo, amplió: “Nuestro sistema tiene 57 universidades nacionales y estamos hablando del salario de 120 mil docentes y no docentes”.

El senador radical Martín Lousteau intervino por más de 15 minutos, en donde detalló el contexto económico y social en el que se debate este proyecto. Lanzó críticas contra la gestión anterior, pero enfatizó sus cuestionamientos a la actual: “El Gobierno recibió un desastre y está claro que se debía ordenar todo eso, pero lo hace sobre un enorme esfuerzo de la población”.

Cerró la lista de oradores el jefe del bloque LLA, Ezequiel Atauche, que aseguró que para el oficialismo “la educación pública es sumamente importante”, pero aclaró que al llegar al Gobierno “a los docentes se les debían tres meses: octubre, noviembre y diciembre”. El Gobierno se puso al día, recordó, asegurando que actualizaron el presupuesto de las universidades en el 70%, algo que no se hacía desde 2022.

Los gremios docentes universitarios se movilizaron

El Frente Sindical de Universidades Nacionales (que incluye a los gremios nacionales más importantes de la educación universitaria, Conadu, Conadu Histórica, FEDUN, CTERA, Fagdut, UDA  y FATUN) se movilizaron ayer durante el tratamiento del proyecto de ley en el Senado.

Además, a través de un comunicado, explicaron: “La comunidad universitaria toda  -docentes, no docentes, estudiantes y autoridades- dio a conocer la situación de emergencia de la universidad pública hoy. Salarios, FONID, obras sociales, subsidios para investigación y extensión, becas, edificios, equipamiento y servicios han tocado fondo. No se admite la postergación en la aprobación de esta Ley de Financiamiento Universitario que fija un piso de solución de este grave estado de cosas. Cada día que pasa se consolida la política de postración de la universidad pública implementada por el Gobierno nacional”.

Actualización 12/09/2024: se actualizó la nota con la última información disponible.