Ni Una Menos: avances y cuentas pendientes

El 3 de junio de 2015, 7 años atrás, se realizó la primera marcha con la consigna “Ni Una Menos”. Se reclamaban medidas efectivas contra la violencia de género y los femicidios. En estos años la discusión se mantuvo viva y se implementaron distintas iniciativas para atender estas problemáticas. Pero, ¿qué es lo que falta? ¿Por qué los asesinatos de mujeres por motivos de género se repiten año a año?

Chequeado consultó a especialistas en la temática para evaluar el impacto del movimiento de Ni Una Menos y para analizar los pasos necesarios para alcanzar una respuesta efectiva.

Un debate presente

Consultada por los avances culturales que logró el movimiento, Natalia Gherardi, directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), destacó el hecho de que “no quedó todo en 2015” ya que “se sostiene el tema en la agenda pública”.

“Hoy en día hay una sanción social hacia la violencia de género”, agregó Gabriela Sosa, directora Ejecutiva de la Mesa Federal MuMaLa.

Por su parte, Mabel Bianco, presidenta y fundadora de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), ponderó que se haya ido “mejorando el nivel del área gubernamental a cargo”. Recordó que, a nivel nacional, se pasó del Consejo Nacional de las Mujeres al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), que “luego se vuelve un órgano autárquico”, hasta el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que existe actualmente.

“Ha sido un reclamo reiterado que el área de la mujer tuviera la fuerza de un ministerio, porque tiene la oportunidad de llegar a la mesa del gabinete y discutir mano a mano las actividades que hace falta articular con cada cartera”, agregó Bianco.

Hasta el momento, se diseñaron a nivel nacional 2 planes de acción plurianuales para articular las políticas de lucha contra la violencia de género: el de 2017-2019, desarrollado durante el gobierno de Mauricio Macri, y el de 2020-2022, que está en marcha en la actualidad y que fue impulsado por la gestión del Frente de Todos.

En ese contexto, se sancionó la Ley Brisa, que brinda beneficios para los hijos de las víctimas de femicidios; y la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para funcionarios de los 3 poderes del Estado.

También se lanzó el Programa Acompañar, que tiene por objetivo asistir a las mujeres y personas de la comunidad LGBT+ que se encuentran en situaciones de violencia de género. La iniciativa incluye una asignación económica equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil por 6 meses y “acompañamiento psicosocial”.

Desde noviembre de 2020 hasta mayo último, 165.862 personas fueron destinatarias del programa, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

El plan de acción vigente también prevé la construcción de Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad. En una primera etapa se planificó la construcción de 14 unidades y la “refuncionalización” de un edificio en Quilmes, Provincia de Buenos Aires.

Según indicó el Ministerio de Mujeres a este medio, ya se inauguró el centro en el municipio liderado por Mayra Mendoza y están en ejecución los proyectos de Santa Rosa (La Pampa) y Río Grande (Tierra del Fuego).

En tanto, otro centro en la Provincia de Buenos Aires -junto a otros en Chaco, Catamarca, Chubut y Río Negro- ya fueron licitados y “se encuentran en proceso de evaluación y adjudicación”, según informaron desde la cartera nacional.

Más articulación para un mejor acompañamiento

En relación al Programa Acompañar, Gherardi señaló a Chequeado: “ELA está haciendo una evaluación del programa y lo que encontramos es que hay un déficit en el acompañamiento. Además de la transferencia económica, es necesario un apoyo más completo, por ejemplo, en la reinserción laboral”.

“Encontramos que el programa es desigual en distintas regiones del país y se hacen acuerdos con municipios que tienen pocos recursos”, agregó la abogada especializada.

En una línea similar, Bianco aseguró: “Se logró dar apoyo económico pero no se llegó a dar el seguimiento que corresponde, articulando las distintas áreas que deben intervenir. Entonces a las mujeres las siguen matando igual. Las mujeres terminan solas”.

Sosa, por su parte, se refirió a ​​una falta de “penetración territorial de las políticas públicas”. “Hay poca articulación y fortalecimiento con los espacios locales”, agregó.

Distintas organizaciones sociales criticaron al Ministerio de Mujeres porque consideran que no trabajan lo suficiente en coordinación con ellas. Es el caso de la Federación Argentina LGBT y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.

Todavía faltan datos

Las especialistas consultadas reconocieron la importancia del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, que elabora la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde 2015; pero consideran que aún se necesita mayor información sobre la violencia de género y las políticas que se diseñan contra ella.

“A nivel estadístico, no se han podido dimensionar las situaciones de violencia de género en la Argentina”, indicó Sosa.

Es decir, que se conoce el total de femicidios que llegan a la Justicia pero no existe un registro exhaustivo de otros hechos de violencia de género a nivel nacional. Esto es de vital importancia si tenemos en cuenta que, de los 231 femicidios directos registrados en 2021, al menos 42 de las víctimas había denunciado a la persona a la que actualmente se la acusa de su asesinato.

Por su parte, Gherardi indicó que se necesitan “mejores mecanismos de evaluación del impacto de las cosas que se hacen. No sabemos qué resultados tienen. Sobre todo en el nivel federal. Hay información de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, pero de las provincias sabemos poco”.