Polémica por el proyecto del Gobierno que propone hasta 12 años de prisión por “campañas de desinformación masiva”

El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que había anunciado Javier Milei en cadena nacional al referirse a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas.

La iniciativa presentada en la Cámara de Diputados aborda algunos aspectos mencionados por el presidente en aquel discurso, como un incremento en las penas para las empresas que operen en la zona de Malvinas y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

Pero también incluye otras temáticas no anunciadas, como una ampliación del concepto de Defensa Nacional, que le da mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas, y nuevos delitos vinculados con la influencia extranjera, el paraguas mediante el cual se busca penalizar las “campañas coordinadas de desinformación masiva”.

Qué dice el proyecto sobre las campañas de “desinformación masiva”

El Título VI del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo se refiere al “fortalecimiento ante la influencia extranjera”. Allí, establece prohibiciones para que las personas humanas o jurídicas extranjeras participen de campañas electorales y fija penas para quienes actúen en favor de Estados u organizaciones extranjeras.

Pero en uno de los artículos finales de ese apartado propone incorporar un artículo al Código Penal para penar con 5 a 12 años de prisión a quienes “actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, organización o agente extranjero, realizare actividades” que “procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva” o “promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes”.

La pena se amplía a un rango de entre 8 a 15 años “si la conducta se cometiere mediante amenazas, sobornos, coerción o uso de estructuras criminales”.

Especialistas cuestionan la inclusión del artículo sobre campañas de desinformación

La inclusión de normativas que buscan penalizar la difusión de desinformaciones es cuestionada  por la Organización de los Estados Americanos (OEA), que sostiene que “los Estados de la región, en línea con los estándares del sistema interamericano de derechos humanos, no deberían establecer nuevos tipos penales para sancionar la difusión de desinformación o de noticias falsas”. 

Según este documento, introducir tipos penales ambiguos podría “criminalizar expresiones sobre funcionarios o personas involucradas en asuntos de interés público y establecer una herramienta con un fuerte efecto inhibitorio de la difusión de ideas, críticas e información por miedo a sufrir un proceso penal”.

Por su parte, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, señaló en su cuenta de X: “Expresiones tales como ‘manipular la opinión pública’, ‘campañas coordinadas’ o ‘desinformación masiva’ carecen de una delimitación normativa suficientemente precisa para permitir que una persona pueda conocer anticipadamente qué comportamiento concreto se encuentra prohibido y cuál permanece dentro del ámbito de lo jurídicamente permitido”.

“Creo que esto no es una violación a la libertad de prensa por censura previa, sino que es un condicionamiento y una restricción a la libertad de expresión, tipificando una figura que amedrenta”, agregó en una entrevista en Radio Mitre el constitucionalista Felix Lonigro, quien, además, cuestionó la escala penal propuesta por el Gobierno.

Gil Domínguez señaló que esa imprecisión del texto se agrava “porque la figura no exige necesariamente la producción de un resultado lesivo concreto, sino que alcanza a las actividades que ‘procuren’ alterar procesos electorales o manipular la opinión pública, desplazando hacia la interpretación judicial la determinación de los límites efectivos de la conducta punible”.

Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advirtió que la ley “presenta un riesgo cierto para el ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión”. 

En un comunicado, se refirió puntualmente al artículo sobre las desinformaciones y la manipulación de la opinión pública: “No delimitan con claridad qué conducta se castiga y dejan un margen amplio para que la norma sea aplicada de manera discrecional”.

El Gobierno defendió el polémico artículo

Ante las críticas, el asesor presidencial Santiago Caputo expresó en X que “no hay un solo renglón en la ley que atente contra el derecho a la libertad de expresión de ningún ciudadano ni ningún periodista”.

Lo hizo al compartir un mensaje del economista libertario Federico Domínguez, quien aseguró que “el delito requiere demostrar dos cosas: que existió una campaña coordinada de desinformación masiva y que quien la realizó actuó por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero”.

Durante su última visita a Brasil para apoyar la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro, Javier Mile, responsabilizó al presidente de ese país, Luis Ignacio “Lula” Da Silva, por la campaña anti-Argentina desarrollada en redes durante el Mundial de Fútbol 2026. Pero hasta el momento no hay pruebas para sostener esa acusación.

A principios de este año, el Gobierno creó la Oficina de Respuesta Oficial, una cuenta oficial en X para “desmentir activamente la mentira” y señalar falsedades de medios y políticos. .

En marzo, cuando el entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni quedó en la mira de la opinión pública por presunto enriquecimiento ilícito, el Gobierno denunció a través de la Oficina de Respuesta que se habían multiplicado las “mentiras descaradas, las campañas de difamación y las operaciones mediáticas” y señaló que esas operaciones formaban parte de un “patrón coordinado y malicioso de desinformación, con el mismo mecanismo y los mismos objetivos desestabilizadores de siempre”.