Presuntas dádivas de empresarios a jueces federales: cómo es la trama de vínculos que se investiga en Córdoba

La Justicia Federal de Córdoba atraviesa una grave crisis institucional tras la revelación de presuntas irregularidades y vínculos con el poder empresarial protagonizados por los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi. 

Los hechos analizados derivaron en múltiples imputaciones penales contra ambos camaristas. Sánchez Torres es vocal de la Sala B y vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Graciela Montesi es la presidenta de esa Cámara, e integra de la sala A.

Además, son una pareja de hecho, que se presenta como tal en ámbitos sociales.

Las últimas novedades se produjeron el lunes 27 de julio. El titular del Juzgado Federal Nº 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, a cargo de la investigación penal, resolvió citar a indagatoria a Sánchez Torres y Montesi por un viaje en avión privado junto a dos empresarios a Punta del Este, en marzo de 2024.

Se investiga la propiedad de la aeronave y las intervenciones de los jueces en causas donde sus dueños o usufructuarios intervinieron.

Cómo empezó todo: la denuncia por violencia laboral y de género

La crisis institucional estalló cuando Celina Laje Anaya, secretaria de la Cámara con 37 años de trayectoria, denunció en la Justicia Federal haber sido víctima de un calvario de hostigamiento y persecución tras negarse a cumplir una orden que calificó de “ilegal”, impartida por Sánchez Torres. Además de la denuncia penal, Laje Anaya realizó una presentación ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, el organismo encargado de tramitar las denuncias disciplinarias contra los jueces.

Según la denunciante, el 21 de diciembre de 2023 el juez le ordenó confeccionar un certificado con datos falsos en la causa “BUNGE s/evasión tributaria agravada”. El objetivo de la maniobra era forzar una integración del tribunal que incluyera a su pareja, la vocal Montesi, para asegurar una mayoría favorable a los directivos de la cerealera.

Ante la negativa de Laje Anaya por considerar que el acto constituía una falsedad ideológica, Sánchez Torres habría iniciado una campaña de maltrato sistemático, que derivó en un descenso jerárquico y una merma salarial.

Dos expedientes que involucran a directivos de Bunge

La investigación de los fiscales Pablo Turano (que interviene en el expediente por disposición de la Procuración General de la Nación) y Maximiliano Hairabedián sostiene que Sánchez Torres y Montesi habrían acordado manipular la integración del tribunal en la megacausa por evasión de la cerealera Bunge.

Así lo sostuvieron en el primer requerimiento de instrucción, en abril de este año.

Sánchez Torres y Montesi fueron imputados e indagados por estos hechos, y negaron haber incurrido en delito.

Los fiscales detallaron las maniobras. En un expediente donde estaba imputado por delitos fiscales el CEO de Bunge, Raúl Padilla, Montesi habría retenido el expediente sin justificación hasta que llegara el turno de subrogancia de Sánchez Torres.

Una vez lograda la integración de la pareja, el vocal emitió su voto en apenas un minuto, una celeridad calificada como “materialmente imposible” para una causa de tal complejidad. El resultado fue la falta de mérito para Padilla.

Hubo otra causa por delitos similares contra Plácido Humanes, también directivo de Bunge. Habrían intentado repetir la maniobra, pero la resistencia de Laje Anaya y la posterior impugnación de la vocal Liliana Navarro obligaron a Sánchez Torres a dar marcha atrás, y Humanes terminó procesado.

¿Un vuelo de cortesía a Punta del Este?

El 24 de julio pasado, los fiscales Turano y Hairabedián promovieron imputación a la pareja de jueces por presunta admisión de dádivas vinculadas a un viaje realizado a Punta del Este entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 2024.

Según el requerimiento fiscal, Sánchez Torres y Montesi viajaron en un avión privado (matrícula LV-WTP) propiedad de Airjet SA, junto a María Pía Astori y Guillermo Assales, ambos del Grupo Astori.

Los fiscales destacaron que en el momento en que se concretó el vuelo Pía Astori era socia del presidente de Airjet SA, Lucas Antonio Velasco, en “Panair SA”, otra sociedad análoga a Airjet, propietaria de aeronaves para vuelos privados.

El costo del viaje se estimó en US$ 34 mil, un beneficio que los jueces habrían recibido, según los fiscales, mientras intervenían en juicios que involucran intereses económicos del Grupo Astori y de Porta Hnos, una empresa química fabricante de alcohol que presidió hasta 2021 José Vicente Ramón Porta, y que luego los actuales directivos de la compañía siguieron utilizando el avión.

La postura de Pía Astori es “que la investigación judicial siga su curso correspondiente”, según comunicaron a Ruido. Y desde la Fundación Mediterránea, que preside, indicaron que “la señora Astori (…) habla a través de sus estudios económicos, que publicamos para todo el país”.

Fuentes de Porta Hnos. indicaron a Ruido que no tienen nada que ver con la causa ni con el viaje, que “el avión nunca fue de Porta, y que “la sociedad fue vendida en 2021, junto con el avión”.

El abogado Carlos Nayi, integrante del equipo de defensa del camarista Sánchez Torres, señaló a este medio que “no surge del requerimiento (de los fiscales) quién habría otorgado la dádiva, quién es el dador, elemento que exige el tipo delictivo del artículo 259 del Código Penal”.

La investigación patrimonial: una casa de US$ 1,3 millones

El fiscal Turano puso la lupa también en el patrominio de Sánchez Torres.

Entre los bienes sobre los que pidió informes hay una casa en El Terrón de Mendiolaza -un country con campo de Golf al norte de la ciudad de Córdoba- de unos 700 metros cubiertos junto al green del hoyo 8, que no cuenta con valuación fiscal actualizada en catastro, pero las cifras reportadas por el juez en sus declaraciones juradas muestran saltos bruscos: de un terreno de $ 57 millones en 2023 a una “casa en construcción” de $ 314 millones en 2025.

La denuncia de Elisa Carrió ante el Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura de la Nación recibió una nueva presentación. El 16 de julio pasado, la ex diputada nacional Elisa Carrió denunció a Sánchez Torres y a Montesi ante el organismo, una de cuyas funciones es remover a los jueces cuyas conductas se apartan de la ley.

En su presentación hizo un compendio de los hechos que tomaron notoriedad a partir de la denuncia de Laje Anaya.

Es la cuarta denuncia formalizada ante el Consejo. Desde hace meses están bajo análisis en la Comisión de Disciplina que encabeza César Grau la denuncia de Laje Anaya, una presentación de vecinos de Porta Hnos., y también la denuncia del docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Oscar César Benítez por presunto mal desempeño en un juicio por concursos docentes de la UNC.

En su escrito, Elisa Carrió calificó los hechos como “un escándalo institucional de altísima trascendencia pública” y una “ingeniería de la impunidad” al servicio de intereses privados.