Qatar: cuáles son los principales cuestionamientos al país anfitrión del mundial
- La elección como sede del mundial 2022 fue objeto de sospechas de corrupción por parte de las autoridades de la FIFA.
- Distintas organizaciones internacionales de derechos humanos han resaltado los abusos que sufrieron los trabajadores involucrados en la construcción de las instalaciones para la competición futbolística.
- También se cuestiona la falta de libertad de expresión y la vulneración de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT+.
El domingo 20 de noviembre comienza el Mundial de Fútbol de Qatar, la primera edición de este evento de la FIFA que se realiza en Medio Oriente y en el mundo árabe. Además de estas particularidades, el Mundial en Qatar ha sido objeto de controversias desde que dicho país fue seleccionado como sede en 2010.
Desde un primer momento, se repitieron las sospechas de corrupción en la elección del país como anfitrión de la competencia futbolística. También se cuestionó el tratamiento de los trabajadores contratados para la construcción de las instalaciones deportivas, la falta de libertad de expresión y las normas restrictivas del país que vulneran los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT+.
Es por eso que se acusa a las autoridades qataríes de sportswashing, es decir, el intento de limpiar la imagen internacional de una administración a través de la organización de eventos deportivos, como contamos en esta nota.
Acusaciones de corrupción en la selección de Qatar
La elección de Qatar como sede del mundial fue una decisión controvertida desde el comienzo. En 2011, Phaedra Al-Majid, una mujer que trabajó para el equipo que impulsaba la candidatura de Qatar como sede del mundial,aseguró que representantes de ese país ofrecieron pagar por los votos de 3 miembros de la FIFA.
Ese mismo año, Al-Majid se retractó en un documento judicial pero en 2014 retomó sus acusaciones y aseguró estar preocupada por su seguridad.
En 2012, la FIFA encargó al ex fiscal estadounidense Michael García una investigación interna sobre las acusaciones de coimas y corrupción en el proceso de elección de las sedes de los mundiales de 2018 (Rusia) y 2022 (Qatar).
En 2014, García presentó su reporte a las autoridades de la entidad pero estas no lo hicieron público hasta 2017, después de que un diario alemán asegurara que había accedido a una copia y planeaba revelarla.
Aunque no se registró evidencia directa de que las autoridades qataríes hubiesen comprado votos, el reporte de García documentó múltiples instancias de comportamientos cuestionables, transferencias de dinero injustificadas y cercanía entre los encargados de votar y los candidatos.
En 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a 3 representantes sudamericanos de la FIFA de recibir pagos para votar a Qatar como sede del mundial.
Los señalados fueron Julio Grondona (Argentina), quien murió en 2014; Nicolás Leoz (Paraguay); que falleció en 2019 mientras estaba bajo arresto domiciliario; y Ricardo Teixeira de Brasil [N. de la R: Teixeira reside en su país de origen, que no tiene acuerdos de extradición con los Estados Unidos].
En los últimos días, Joseph Blatter, ex presidente de la FIFA, aseguró que la elección de Qatar como sede fue “un error” y lo vinculó con la influencia del ex presidente de la Unión de Asociaciones de Fútbol Europeas (UEFA), Michel Platini, y del ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy.
Abusos contra los trabajadores migrantes
En los últimos años, durante la construcción de las instalaciones deportivas para el mundial, se registraron violaciones a los derechos humanos a los trabajadores, la mayoría de ellos migrantes. Esto fue denunciado por distintas ONGs internacionales.
Amnistía Internacional aseguró que personas migrantes provenientes de Nepal, Bangladesh e India han tenido que pagar elevadas comisiones para ser contratados, y han enfrentado condiciones de hacinamiento, falta de higiene y seguridad en los alojamientos.
Además, la organización registró que las empresas contratistas han hecho falsas promesas respecto al salario que recibirían los trabajadores; y también se han demorado con el pago.
Con respecto a la documentación para permanecer en el país de manera legal, Amnistía identificó que los empleadores no expedían o renovaban el permiso de residencia de sus empleados, por lo que los trabajadores corrían el riesgo de ser encarcelados en Qatar.
Del mismo modo, la organización registró casos de empleadores que confiscaron el pasaporte de los trabajadores, por lo que ellos no podían salir del país ni cambiar de trabajo. Todo esto fue acompañado por amenazas y casos de trabajo forzoso.
Estos abusos se enmarcaron en el sistema de “patrocinio”, conocido como kafala, que le daba amplios poderes a los empleadores sobre los trabajadores.
La cantidad de fallecidos en la construcción de estadios y zonas verdes circundantes para el mundial también se convirtió en un tema de polémica. En 2021, una investigación del diario británico The Guardian reveló que más de 6.500 trabajadores migrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka murieron en Qatar desde que el país fue seleccionado como sede del mundial.
En respuesta, el Gobierno qatarí aseguró que estos fallecimientos no estuvieron vinculados con el trabajo para el mundial.
Por su parte, un informe elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) registró en 2020 en este país 50 lesiones laborales mortales, 506 lesiones graves y 37.601 lesiones medias a moderadas.
En tanto, la FIFA aseguró que se registraron 3 muertes relacionadas con el trabajo para el mundial 2022, y otros 36 fallecimientos que no se vinculan con la actividad laboral.
En 2020, el Gobierno qatarí eliminó el sistema kafala y anunció la implementación de un salario mínimo equivalente a US$ 274 mensuales.
Sin embargo, Al Jazeera, un medio financiado parcialmente por el gobierno de Qatar, advirtió que después de los cambios legislativos se siguieron registrando demoras en el proceso de cambio de empleo, además de amenazas, acoso y explotación por parte de los empleadores. Además, se identificaron casos de trabajadores que fueron presos y eventualmente fueron deportados.
Libertad de expresión limitada
El Código Penal de Qatar tipifica como delito criticar a su máxima autoridad, el emir, como también insultar a la bandera de Qatar, difamar la religión e incitar a “derrocar al régimen”, según advierte Human Rights Watch.
Por su parte, la organización de derechos humanos señala que la ley de delitos cibernéticos del país, sancionada en 2014, fijó una pena máxima de 3 años de prisión y/o una multa de alrededor de $137 mil dólares por difundir “noticias falsas” en Internet, aunque no definió el término.
Además, podrían ser condenados bajo esta figura legal quienes publiquen contenido que “viole valores o principios sociales” o “insulte o calumnie a otros”.
“Qatar tiene pocos medios independientes o críticos. Las autoridades del país limitan la libertad de prensa al imponer restricciones a las emisoras, incluida la prohibición de filmar en ciertos lugares, como edificios gubernamentales, hospitales, universidades, espacios de alojamiento de trabajadores migrantes y casas particulares”, indicó Amnistía.
La vulneración de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT+
En Qatar está en vigencia un sistema de tutela masculina, a partir del cual las mujeres están ligadas a un tutor varón, que generalmente se trata de su padre, hermano, abuelo u esposo.
Las mujeres no acceden a su derecho a tomar sus propias decisiones y necesitan permiso de esos tutores para casarse, estudiar en el extranjero, trabajar en muchos puestos del gobierno, viajar al extranjero y hasta recibir servicios de salud reproductiva, según señala Amnistía.
Además, como agrega la ONG internacional, en caso de divorciarse de su esposo, las mujeres no pueden ejercer la tutela de sus hijos.
“La tutela masculina refuerza el poder y el control que los hombres tienen sobre la vida y las elecciones de las mujeres y puede fomentar o alimentar la violencia, dejando a las mujeres pocas opciones viables para escapar del abuso de sus familias y esposos”, advirtió Rothna Begum, investigadora de la organización Human Rights Watch.
La propia legislación local considera que “los esposos tienen derecho” a que sus esposas los cuiden y les obedezcan; y también se considera una obligación legal de las mujeres cuidar de sus hijos y amamantarlos “salvo que exista una discapacidad legal”.
Por su parte, el Código Penal qatarí penaliza la homosexualidad. En su artículo 285 determina que “cualquiera que copule con un varón mayor de 16 años sin compulsión, coacción o artimaña es condenado a no más de 7 años de prisión”.
Asimismo, el artículo 296 especifica que “uno es condenado a no menos de un año y no más de 3 años en prisión en caso de (…) instigar o seducir a un hombre de todos modos para la sodomía o la disipación”.
En los últimos años, la organización Human Rights Watch documentó 6 casos de palizas graves y repetidas y 5 casos de acoso sexual contra personas de la comunidad LGBT+ bajo la custodia policial qatarí.
“Las fuerzas de seguridad detuvieron a personas en lugares públicos basándose únicamente en su expresión de género y registraron ilegalmente sus teléfonos. Como requisito para su liberación, las fuerzas de seguridad ordenaron que las mujeres transgénero detenidas asistieran a sesiones de terapia de conversión en un centro de ‘apoyo conductual’ patrocinado por el gobierno”, agregó la ONG.
Días antes del comienzo de la competición, Khalid Salman, embajador del Mundial de Fútbol de Qatar y ex futbolista, calificó a la homosexualidad como un “transtorno mental”.
Previamente, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, señaló que la comunidad LGBT+ “será bien bienvenida en Qatar, pero tienen que respetar la cultura local”.
Fecha de publicación original: 18/11/2022
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