Qué es Próspera, la “ciudad libre” financiada por Peter Thiel en Honduras

Próspera es una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) ubicada en la isla de Roatán, Honduras. Se trata de una “ciudad libre” o charter city: un territorio con leyes, tribunales, sistema impositivo y fuerzas de seguridad propios dentro del territorio hondureño. 

El marco legal creado para las ZEDEs se remonta a 2009, cuando Honduras aprobó una enmienda constitucional que habilitó este tipo de zonas especiales. En 2013, durante el gobierno de Porfirio Lobo (Partido Nacional) se aprobó la ley integral que les dio forma. 

Fundada oficialmente en 2017, Próspera comenzó a recibir sus primeros residentes y empresas en 2020 y, según su página web, entre 2021 y 2023 experimentó un gran crecimiento en nuevas empresas, construcciones y conferencias.

Peter Thiel y Próspera

Peter Thiel es un empresario nacido en Alemania con ciudadanía estadounidense que desembarcó en Argentina y vive aquí hace unos meses. Es el dueño de Palantir y co-creador de PayPal, y presidente de Thiel Capital LLC. 

A fines de abril, se reunió con el presidente Javier Milei, y con el canciller Pablo Quirno. Además, estuvieron presentes Matt Danzeisen, gestor de cartera de Thiel Capital LLC y Matias Van Thienen, socio de Founders Fund.

“En 2018, cuando vi que Próspera estaba a punto de ser aprobada, creé Pronomous Capital con financiación de Peter Thiel y otras figuras destacadas de Silicon Valley”, dijo Patri Friedman (nieto del economista Milton Friedman y fundador de un fondo de ciudades startup que invirtió en Próspera) en el podcast Network State Podcast.

Según una nota de The New York Times, “la empresa con sede en Delaware que fundó esta ciudad experimental [Próspera] en 2017 ha recaudado US$ 120 millones en inversiones —incluidas las de fondos de capital riesgo respaldados por los multimillonarios de Silicon Valley Peter Thiel, Sam Altman y Marc Andreessen— para transformar el territorio, de aproximadamente 2 veces el tamaño de Mónaco, en la “ciudad startup” más desarrollada del mundo”. 

El artículo explica que “hay unas tres decenas de ciudades chárter en funcionamiento en el mundo, según una estimación de Adrianople Group, una empresa de asesoría especializada en zonas económicas especiales”, y que en las que están en desarrollo “los mismos nombres ideológicamente afines —Balaji Srinivasan, Peter Thiel, Marc Andreessen, Friedman— se repiten como financiadores”.

Además, según dicho medio, “Próspera se ha hecho especialmente conocida por las instalaciones médicas experimentales de la zona, que realizan ensayos clínicos sin tener que cumplir las normas de la FDA” (Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos).

Qué es una ZEDE

De acuerdo con la ley que las creó, en 2013, las ZEDE son zonas con amplia autonomía dentro del territorio hondureño. Tienen “personalidad jurídica” propia y fueron “creadas con el propósito de acelerar el cumplimiento de las metas del Plan de Nación y facilitar condiciones que permitan al país la inserción en los mercados mundiales bajo reglas altamente competitivas y estables”. 

Pueden crearse bajo distintas formas: Centros Financieros, Ciudades Autónomas, Zonas Económicas Especiales, Zonas Turísticas, entre otras.

En cuanto a su funcionamiento interno, las ZEDE gozan de una gran autonomía: un “régimen fiscal especial” que las autoriza a “crear su propio presupuesto, el derecho a recaudar y administrar sus tributos”. 

Además, cuentan con “tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva”,  que pueden operar bajo “la tradición de derecho común o anglosajón (common law)”. También pueden establecer “sus propios sistemas de educación, salud, seguridad social”, así como “su propia policía, órganos de investigación del delito, inteligencia, persecución penal y sistema penitenciario”. 

Según el medio hondureño Contracorriente, Jorge Colindres, secretario técnico de Próspera, es el equivalente del “intendente”. Cumple con funciones gubernamentales, tales como manejar los procesos de inversión y los permisos de construcción, realizar auditorías, implementar servicios médicos, cobrar impuestos. Próspera abarca mil acres (cerca de 400 hectáreas) repartidos entre Roatán y Puerto Satuyé en La Ceiba.

En un artículo publicado el 25 de marzo último en X desde su cuenta oficial, Colindres sostuvo que “la visión de Próspera es construir en Honduras el mejor lugar del mundo para hacer negocios, vivir y trabajar, con estabilidad jurídica, seguridad física y libertad individual. No recibe fondos del Gobierno Central, no emite pasaportes, no tiene ejército, y transfiere el 12% de su recaudación fiscal al Gobierno Nacional y a las municipalidades”.

Las ZEDEs fueron derogadas por Honduras y declaradas inconstitucionales

Entre 2020 y 2021 hubo manifestaciones multitudinarias en Honduras en contra de las ZEDES y de Próspera en particular. 

En abril de 2022, cumpliendo una de sus principales promesas electorales, Xiomara Castro (Partido Libre y Refundación) firmó la ley que derogó el marco legal de las ZEDE, después de que el Congreso Nacional votara de manera unánime (128 votos a favor) para eliminarlas.

“Hoy es el día más importante de los 88 días de mi administración, devolverle la soberanía al país era un compromiso ineludible que teníamos con la historia. Puedo decirle al pueblo hondureño misión cumplida, sancioné el decreto que deroga la ley de las ZEDE”, escribió Xiomara Castro en su cuenta de X el 25 de abril de 2022.

A fines de 2024, la Corte Suprema de Honduras declaró la inconstitucionalidad de las ZEDEs. Según el fallo de la Corte, la decisión está basada en que que las ZEDEs vulneran “artículos pétreos relacionados con la estructuración del territorio nacional, el sistema de impartición de justicia y lo relacionado a la planificación del sistema económico”.

Sin embargo, Próspera sigue funcionando. 

A finales de diciembre de 2022, los inversionistas estadounidenses de Honduras Próspera, Inc. demandaron al Estado de Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en la que reclamaban US$ 10.775 millones por daños a inversiones. En 2025, el monto del reclamo bajó a US$ 1.630 millones.