¿Qué se hace con lo que la Justicia recupera en las causas de corrupción?

Con el objetivo de recuperar los bienes del narcotráfico y la corrupción, el presidente, Mauricio Macri, dictó hace algunas semanas un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que creó un régimen de extinción de dominio. Se trata de una herramienta que facilita el recupero de activos vinculados con delitos complejos por parte del Estado. Previo a este DNU ya existía un sistema que contemplaba la apropiación de bienes ilegales. ¿Cómo funciona y cuántos bienes se recuperaron hasta el momento? ¿Qué se busca cambiar con el nuevo régimen?

La figura del decomiso está tipificada en el artículo 23 del Código Penal de la Nación. Pero tiene diferencias con la norma dictada recientemente. El decomiso es una figura penal, y por eso tramita en ese fuero, mientras que la extinción de dominio es un proceso civil, que tiene su trámite en el fuero Civil y Comercial Federal. Además, el decomiso es un acto que se realiza junto con la condena penal. La extinción de dominio, en cambio, prevé que se puedan recuperar bienes antes de que exista una condena.

“La regla general es que los bienes decomisados van a las arcas del Poder Judicial de la Nación y son parte de su presupuesto. Pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, los bienes decomisados por delitos de trata de personas van a un fondo específico de lucha contra la trata”, explicó a Chequeado Agustín Carrara, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).

De acuerdo con el Registro de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal, que fue creado por el Ministerio de Justicia de la Nación en 2011 y publica los bienes incautados desde mediados de 2016, en ese período fueron decomisados por la Justicia 552 autos, 97 inmuebles y 95 armas. Además, en dinero se decomisaron casi $17 millones, US$ 290 mil y otros montos menores en otras monedas. Y otra parte importante de los decomisos fueron estupefacientes, que se destruyen.

Uno de los decomisos más recientes se produjo en el juicio por la venta de la empresa Tandanor durante el gobierno de Carlos Menem. En septiembre de 2018 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 condenó a un ex funcionario y a dos empresarios y decomisó un terreno de nueve hectáreas ubicado en Puerto Madero que pertenecía a la empresa.

“En la Argentina, el decomiso en procesos penales puede recaer sobre bienes que hayan sido utilizados para cometer el delito (es decir, instrumentos) o que constituyan su producto o provecho (las ganancias)”, agregó Carrara, y además señaló: “Esto se aplica frente a cualquier delito, pero reviste una importancia considerablemente mayor frente a fenómenos complejos y que involucren numerosos activos. Así, por ejemplo, en delitos comunes donde se secuestra un celular y se lo guarda en un depósito, esto no generará mayores problemas. Sin embargo, la situación es otra en casos donde deben administrarse vehículos de alta gama, campos con cultivos, dinero y títulos financieros, entre otros”.

También hay bienes que no son decomisados, pero son incautados durante el proceso penal de manera preventiva, para evitar que el imputado pueda vender esos bienes, entre otras cosas. El artículo 23 del Código Penal establece que el juez, desde el inicio de la causa, puede dictar “medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso” sobre bienes que presumiblemente tengan un origen ilícito.

El mismo registro también da cuenta de estos bienes. En el listado de bienes secuestrados (pero que aún no fueron decomisados) figuran, por ejemplo, tres aeronaves. Dos de ellas pertenecían al empresario Lázaro Báez -cuya empresa, Austral Construcciones SA, fue beneficiada con obra pública durante el kirchnerismo- y fueron secuestradas por orden del juez federal Sebastián Casanello en abril de 2016. Una fue entregada al Ministerio de Seguridad de la Nación y la otra a la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil.

Sin embargo, el registro es incompleto. Incluye un listado de todos los bienes que los jueces federales informan haber secuestrado o decomisado. Pero los jueces no siempre brindan este tipo de información ni lo hacen en tiempo y forma, según explicaron a Chequeado desde el Ministerio de Justicia de la Nación. Por ejemplo, un yate que pertenecía al ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime está ahora en manos de la Prefectura Naval Argentina, pero no figura en el registro.

Esto ocurre en gran medida porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene su propia base de bienes secuestrados y decomisados que creó en 2013 mediante la Acordada 1/2013. En esa oportunidad, le recordó a las Cámaras federales de todo el país que debían elevar “únicamente a esta Corte” la información sobre bienes decomisados y secuestrados. Esto fue ratificado por una acordada posterior. Esta base, a diferencia del registro del Ministerio de Justicia, no es pública.

Es la Ley 20.785 la que dispone qué debe hacerse con los bienes que la Justicia secuestra durante un proceso penal. En el caso de las aeronaves, por ejemplo, dispone que se deben entregar a la autoridad aeronáutica para su posterior subasta. El dinero debe ingresarse en una cuenta bancaria en el Banco Nación, las armas se entregan al Ejército y, en ciertos casos, simplemente se dispone su destrucción.

Con los autos surgió una disputa política. El Congreso sancionó una ley en 2008 que dispuso que los autos secuestrados debían convertirse en chatarra. Pero una acordada dictada por la Corte Suprema en agosto de 2009 determinó que esos autos “en tanto se encuentren en buen estado de conservación (…) pueden ser considerados recursos específicos propios del Poder Judicial de la Nación”, y por eso disponer de su uso por parte de los magistrados. Es decir que sólo se convierten en chatarra los que están en mal estado. Los otros, los usan jueces y funcionarios judiciales.

La última acordada de la Corte sobre bienes decomisados incorporó la opción de otorgar provisoriamente los bienes secuestrados a entidades de interés público, como habían reclamado distintas organizaciones de la sociedad civil.

Esta modificación fue posterior a una disputa que tuvo a la Corte como protagonista. Luego de que la Justicia decomisara el petit hotel de la ex secretaria de Medio Ambiente de la Nación María Julia Alsogaray, el CIPCE solicitó que los fondos de la subasta fueran destinados al Hospital Garrahan. La Corte rechazó el pedido en dos oportunidades argumentando que esto iría en contra de normas que garantizan el financiamiento del Poder Judicial.