Reforma migratoria de Javier Milei: qué muestran los datos sobre expulsiones de extranjeros que delinquen

Tras la publicación del Decreto 366/2025, que endurece el régimen migratorio, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich celebró en redes sociales la deportación de 4 personas en un mismo día: “¡Extranjero que delinque se va!”. Según el Gobierno, se trata de las primeras expulsiones realizadas bajo el nuevo marco normativo, que permite acelerar el proceso incluso antes de que exista una condena firme.

De acuerdo con una respuesta a un pedido de acceso a la información realizado por Chequeado, durante 2024 se expulsaron un promedio de 1,7 personas extranjeras por día, y en los primeros 3 meses de 2025 esa cifra se mantuvo en ascenso. La mayoría de estas expulsiones se vinculan con delitos relacionados con drogas, seguido por delitos contra la propiedad y contra la integridad sexual.

¿Cómo evolucionó la cantidad de expulsiones de extranjeros?

Si se analizan los datos por año, desde la pandemia del coronavirus las cifras muestran un aumento: 

• En 2020, con 424 expulsiones a lo largo del año, el promedio fue de 1,16 por día. 
• En 2021 subió a 1,42, en 2022 1,1 expulsiones por día, 
• Y en 2023 se ubicó en 1,21. 

El mayor salto se dio en 2024, con 620 expulsiones en todo el año y un promedio de 1,69 diarias. 

En los primeros 3 meses de 2025 ya se contabilizaron 157 expulsiones, lo que representa un promedio de 1,74 por día, el más alto de toda la serie. De mantenerse la tendencia, 2025 podría cerrar con un nuevo récord.

Los datos que obtuvo Chequeado a partir de una solicitud de acceso a la información pública corresponden sólo a las expulsiones por “extrañamiento de condenados” (es decir, personas que ya cumplían una condena firme en el país), y la fuente es la Dirección de Extranjeros Judicializados. 

Según la ley argentina, estas personas son expulsadas hacia sus países de origen, y se les prohíbe el reingreso a la Argentina.

¿Qué delitos cometieron las personas de nacionalidad extranjera expulsadas?

Durante el período analizado, entre diciembre de 2019 y marzo de 2025, el principal motivo de expulsión de extranjeros en la Argentina fue la infracción a la ley de estupefacientes, seguido del artículo del Código Aduanero que tipifica los delitos de contrabando. Este grupo concentra más de la mitad del total de expulsiones: 1.461 casos sobre 2.626. 

“Siempre se habla de una supuesta vinculación entre migración y delincuencia, pero los datos lo refutan. Muchas de las personas detenidas por temas de estupefacientes no tienen nada que ver con la migración. Son detenidas en tránsito, en el marco de redes internacionales de narcotráfico”, explicó a Chequeado Pablo Ceriani Cernadas, vicepresidente del Comité de la ONU de Derechos de Migrantes y Familiares. 

Según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP), que dispone de cifras hasta diciembre de 2023, hay 6.914 personas presas con nacionalidad extranjera en los diversos centros penitenciarios del país (provinciales y federales): este grupo representa el 6,17% de la población carcelaria total (111.967).

¿Qué dice la reforma migratoria sobre las expulsiones de extranjeros?

El Decreto 366/2025 introdujo cambios sustanciales en la Ley de Migraciones, entre los que se encuentran la ampliación de las causas para impedir el ingreso o permanecer en el país (como tener antecedentes, aún sin condena firme), refuerza los mecanismos para cancelar residencias y habilita la expulsión inmediata en casos de ingreso irregular. 

Además, impone una prohibición de reingreso de al menos 5 años (o permanente si hubo delitos graves), y prevé la retención preventiva del extranjero durante el proceso para evitar fugas. 

¿Qué dicen las organizaciones especializadas?

A fines de mayo, CAREF, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Encuesta Nacional Migrante de la Argentina y el Grupo de Estudios sobre Migraciones, Políticas y Resistencias del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA denunciaron que el Decreto 366/2025 “restringe derechos reconocidos por la Constitución a todos los habitantes, sin fundamento ni diálogo democrático”. 

Las organizaciones rechazaron que se use como excusa una “supuesta avalancha migratoria que no existe”, y advirtieron que el decreto “recrea una lógica similar a la de la ley de la última dictadura”. 

“El nuevo marco legal introduce barreras al acceso a derechos básicos según el tipo de residencia y favorece a quienes puedan invertir grandes sumas de dinero. La reforma rompe con el espíritu universalista de la ley vigente, aprobada por unanimidad en 2003 tras un proceso ejemplar de participación social y política, y sienta un precedente preocupante de erosión de derechos y concentración de poder en el Ejecutivo”, sostuvieron.

Por su parte, Ceriani Cernadas publicó un documento donde cuestiona la constitucionalidad y legitimidad del DNU con el que el gobierno de Javier Milei reformó la Ley de Migraciones. 

“El decreto carece de argumentos reales que justifiquen su urgencia, presenta datos falsos o manipulados, y promueve un discurso estigmatizante hacia las personas migrantes”. 

Y agregó: “Vulnera derechos básicos como el acceso a la salud, la educación y el debido proceso, creando nuevas condiciones de exclusión y precariedad, al tiempo que desconoce la realidad migratoria del país, que muestra una tendencia descendente en el número de personas extranjeras”.