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Sigue el secreto: la Corte Suprema restringe el acceso a sus declaraciones juradas

CIJ

08 Septiembre, 2016 | Tiempo de lectura: 3 minutos
El máximo tribunal rechazó un pedido de dos diputados para conocer sus patrimonios y ratificó un sistema que restringe el acceso a la información pública.

El mismo día que hizo lugar a los aumentos en las tarifas de luz, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un pedido presentado por los diputados de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Fernando Sánchez para acceder a las declaraciones juradas de sus integrantes. Hay que recordar que los nuevos miembros del máximo tribunal, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, habían presentado su declaración ante la Oficina Anticorrupción (OA) antes de asumir.

Luego de aclarar que los pedidos deben realizarse a través de su página web, el máximo tribunal respondió que la “regulación de la publicidad de las declaraciones juradas (…) debe armonizar distintos aspectos que no se agotan en la publicidad de las declaraciones juradas”, sino que deben conciliar con “la debida reserva y protección que deben tener los datos personales allí consignados”.

La Corte, con la firma de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y los nuevos jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, no precisa a qué datos personales se refiere ni considera para negar el derecho constitucional de acceder a información pública que garantiza en forma expresa la Constitución (artículo 75 inciso 22: 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos) y el máximo tribunal ratificó en varios fallos, como Cippec, PAMI, AFIP e YPF.

La decisión es controvertida porque, según la Ley 25.326, los únicos datos personales que merecen resguardarse son los “datos personales de carácter sensible” (datos de salud, filiación político-partidaria, religión y preferencia sexual) que no se incluyen en las declaraciones juradas patrimoniales.

En 2013, a instancias de la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se sancionó la Ley 26.857, que estableció que todas las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial podrían “ser consultadas por toda persona interesada en forma gratuita a través de Internet”. Desde entonces, los patrimonios de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y de los diputados y senadores nacionales están publicados en el sitio web de la OA.

Sin embargo, la Corte sostuvo entonces que la información sobre los patrimonios de los jueces no podía estar en manos de un órgano del Poder Ejecutivo (la Oficina Anticorrupción) por lo que dictó, a través de la Acordada 9/2014, su propio reglamento, ratificado en la resolución del miércoles.

Este reglamento también sostiene que las declaraciones juradas patrimoniales “estarán disponibles” en la web del tribunal. Sin embargo, lo que está no son las declaraciones, sino un formulario para pedirlas, que debe ser respondido por la Corte para que luego el consultante se presente en las oficinas del tribunal con esa respuesta, a la que no se suele acceder. Chequeado intentó hace más de un año obtener la declaración jurada del Presidente de la Corte a través de este formulario y lo volvió a intentar el miércoles último, tras la resolución del tribunal. En ningún caso obtuvo respuesta.

La Corte había accedido a entregar el detalle del patrimonio de sus miembros a Carrió en mayo pasado, aunque en esa resolución también recordó que el procedimiento era el establecido por la Acordada 9/2014, es decir, por internet. La diputada, sin embargo, consideró que la información entregada era insuficiente.

Pocos días después, la Asociación de Magistrados, presidida por el camarista Civil y Comercial Ricardo Recondo, emitió un comunicado en sintonía con la Corte Suprema: “Resulta imprescindible que determinados datos o aspectos que posean entidad suficiente para comprometer la seguridad personal de quienes integramos este poder del Estado y nuestras familias, se encuentren garantizados con un régimen que exija la acreditación de un interés real y jurídicamente valioso para acceder a dicha información”.

Las declaraciones juradas de los jueces de instancias inferiores a la Corte las administra el Consejo de la Magistratura, que también tiene su propio reglamento. Este órgano tampoco cumple con la publicación de los documentos en internet, pero, al menos, brinda las declaraciones juradas si se presenta un pedido por escrito.

“Si bien no están publicadas en Internet, las declaraciones de los jueces nacionales y federales se pueden obtener haciendo un pedido por escrito ante el Consejo de la Magistratura. En el caso de los jueces de la Corte, existe un formulario en la web y nuestros pedidos no fueron respondidos”, explicó a Chequeado Renzo Lavin, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

El 26 de agosto último, la Oficina Anticorrupción envió cartas a la Corte, al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público Fiscal, en las que ofreció “cooperación y asistencia técnica” para la incorporación a su web de las declaraciones juradas y les recordó que la ley los obliga a hacerlas públicas.

El diario La Nación publicó en su edición de hoy que el juez Rosatti fue el único miembro de la Corte que “se diferenció” al publicar su declaración jurada 48 horas después de la resolución de la Corte. Sin embargo, de acuerdo con el Decreto Nº 222/03, tanto Rosatti como Rosenkrantz tuvieron que presentar su declaración en junio de este año antes de defender su postulación en la audiencia ante el Senado.

 

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