Tránsito entre Ciudad y Provincia: ¿qué está permitido y qué no? ¿Qué se puede pedir en los controles y qué no?

En la mañana del sábado último, circularon en redes sociales posteos (ver acá y acá) con videos y fotos de conductores de vehículos particulares fastidiados por las demoras en la ruta Panamericana, mano hacia el norte; en la Autopista del Oeste; en la Autopista Ricchieri, hacia el sur; y en el Puente Pueyrredón. Todas son conexiones entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires (PBA). Autoridades bonaerenses justificaron “las inspecciones” por la crítica situación sanitaria que atraviesa el país y, especialmente, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En esta zona la ocupación de las camas de terapia intensiva creció desde mediados de marzo y, al 28 de abril último, 3 días antes de la instalación de los retenes en los accesos metropolitanos, registraba un 76,8%, según el Ministerio de Salud de la Nación. A su vez, los casos, si bien dejaron de crecer, todavía se cuentan en niveles diarios altos.

En este contexto, muchos se preguntan qué se puede hacer y que no a la hora de cruzar la General Paz y qué información o documentación pueden exigir las autoridades en los controles vehiculares durante la pandemia. Te lo contamos en esta nota de Chequeado.

Circulación: qué se puede hacer y qué no

De acuerdo con el último decreto presidencial, firmado por Alberto Fernández y que rige desde el 1 y hasta el 21 de mayo inclusive, en la zona del AMBA, por encontrarse en “situación de alarma epidemiológica y sanitaria”, está prohibida la circulación entre las 20 y las 6 horas, salvo en el caso de los trabajadores esenciales (que pueden hacerlo las 24 horas siempre y cuando cuenten con el permiso de circulación oficial).

Además, al igual que las zonas con “alto riesgo epidemiológico y sanitario”, están suspendidas todo tipo de “reuniones sociales en domicilios particulares”, salvo para “la asistencia de personas que requieran especiales cuidados”.

Solamente se pueden realizar reuniones sociales “en espacios públicos al aire libre” de hasta 10 personas, pero no en domicilios particulares aunque tengan espacios abiertos.

Las reuniones sociales son, precisamente, el objetivo de los controles vehiculares, según explicó el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco. “Nos tenemos que mover pura y exclusivamente, o lo menos posible, para ir al trabajo o a las actividades que son estrictamente obligatorias”, dijo el funcionario provincial al canal de noticias TN, en declaraciones que reprodujo la agencia Télam.

Lo que Bianco omitió es que no está prohibido, si uno habita en la Ciudad, asistir a una reunión social de hasta 10 personas en un espacio público al aire libre en la Provincia de Buenos Aires o viceversa, por lo que los controles realizados el 1 de mayo último buscaron desincentivar la circulación y conductas permitidas por la regulación vigente.

Qué puede pedir la Policía y qué no

El último decreto del Presidente de la Nación sobre “medidas generales de prevención”, facultó a los gobernadores y al jefe de Gobierno de la CABA a “adoptar determinadas medidas ante la verificación de determinados parámetros epidemiológicos, con el fin de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 para prevenir y contener su impacto sanitario”.

El decreto presidencial también establece, en su artículo 27º, que “el Ministerio de Seguridad de la Nación dispondrá en coordinación y en forma concurrente con sus pares de las jurisdicciones provinciales y de la CABA controles en rutas, vías de acceso, espacios públicos, y demás lugares estratégicos que determine, para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto y sus normas complementarias”.

Kicillof había anticipado que el gobierno bonaerense realizaría controles a vehículos particulares. Y, en este sentido, el último decreto que firmó sobre restricciones dispuestas por la pandemia de la COVID-19, publicado en el Boletín Oficial provincial 2 días después de los controles en las conexiones terrestres con CABA, facultó al jefe de Gabinete provincial a “adoptar medidas adicionales” a las dispuestas en el decreto presidencial.

Consultado sobre la legalidad de los controles dispuestos por Kicillof, el abogado constitucionalista, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y miembro del Comite de Asesores de Juristas del presidente Fernández Andrés Gil Domínguez dijo a Chequeado que el hecho de “que no se pueda circular en una banda horaria de 20 a 6, por un espacio de tiempo, es razonable“.

De cualquier manera, sostuvo que otra discusión es cómo los controles son ejecutados por las fuerzas de seguridad”: para Gil Domínguez, “si de 6 a 20 horas se puede circular, la gente tiene que poder circular y no puede haber controles al respecto”. “Ahora, de 20 a 6 horas, si no se puede circular, tiene que haber controles”, dijo.

En efecto, entre las 6 y las 20 horas la Policía no puede requerir el certificado de circulación de la aplicación Cuidar a personas que circulan en vehículos particulares, pero sí lo puede hacer a pasajeros de transporte público. Sí se puede pedir dicho permiso de circulación en cualquier vehículo, a cualquier persona, en la franja horaria en que está prohibido andar por la calle; o sea, de 20 a 6.

A su vez, desde la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la CABA explicaron a este medio que el Gobierno porteño, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, “requiere, para los visitantes o aquellos porteños que viajan por más de 72 horas a una distancia superior a 150 kilómetros, que se testeen al arribo a la Ciudad” y que “si lo hacen en colectivo o en avión, el testeo se hace en la propia terminal (Dellepiane o Aeroparque)”.

Martín Böhmer, docente de la Universidad de Buenos Aires y ex director de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri, se preguntó: “Si los pasajeros a los que controlaron el Día del Trabajador tenían fiebre, ¿qué pasaba? ¿Los detenían?”. Y, al respecto, sostuvo en diálogo con Chequeado que “si la Provincia de Buenos Aires plantea que tenían derecho a detener a alguien en los ingresos, estarían estableciendo una especie de frontera interna, lo cual es inconstitucional”.

“La objeción constitucional vendría por ahí. No hay fronteras internas en la Argentina. Todo el mundo tiene derecho a la libre circulación, y no es la mejor manera de preservar la salud violar los derechos las personas”, aseveró. Agregó que, en vez de controles vehiculares,  deberían enfocarse en desactivar las reuniones sociales, que están suspendidas por un decreto nacional.

También consultado por este medio, el abogado Julián Portela, especialista en Derecho Constitucional y docente de la Universidad de La Plata, sostuvo: “El espíritu republicano de nuestra Constitución y la persistencia de la pandemia, que hace imposible que se siga invocando imprevisión o sorpresa para avalar urgencia en nuevas restricciones, indica que el Gobierno nacional debiera enviar urgentemente un proyecto de ‘Ley Marco de la Pandemia’ en la cual se protocolicen los aspectos sustanciales de este estado, que ya empieza a parecer la nueva normalidad”.

Según un comunicado oficial publicado el martes, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a favor de la autonomía de la Ciudad para regular la presencialidad en las escuelas, el Gobierno nacional anunció que  enviará al Congreso una ley marco “para regular la gestión de esta gravísima pandemia por parte del Gobierno nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

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