Visita del papa León XIV: cuál es la realidad de los migrantes en Argentina
- Según el Censo 2022, en Argentina viven casi 2 millones de personas nacidas en otros países, y la proporción se ha mantenido estable desde 2001 (entre 4,2 y 4,5% de la población).
- Ante la CIDH, organizaciones cuestionaron el Decreto 366/2025 de Javier Milei porque exige demostrar ingresos registrados para acceder a la residencia, en un país donde el 45% de los trabajadores no está registrado. También advirtieron que bajaron las residencias permanentes otorgadas.
- En los últimos meses, tanto Milei como la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva se refirieron a los migrantes como “terroristas”, y mezclaron datos de categorías migratorias distintas.
El papa León XIV llegará a Argentina el domingo 8 de noviembre, en la primera visita de un pontífice al país en casi 40 años. Su llegada pone sobre la mesa uno de los temas centrales de su pontificado: la situación de los migrantes.
En julio, en la isla italiana de Lampedusa, el Papa sostuvo que quienes mueren en el Mar Mediterráneo “son víctimas de decisiones tomadas u omitidas”, y le pidió a Europa un plan de largo plazo para “acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes”.
En Argentina, la población extranjera vive un momento de endurecimiento del acceso a sus derechos, ya sea por los requisitos para obtener la residencia desde el Decreto 366/2025 de Javier Milei, o por el cobro de la atención en hospitales públicos en varias jurisdicciones. Organizaciones sociales denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el impacto de estas medidas.
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Extranjeros: cuántos son, de dónde vienen y dónde viven
A nivel nacional, los extranjeros representan el 4,2% de la población total, según datos del Censo 2022. Hay 1.933.463 personas nacidas en otro país en viviendas particulares.
La proporción de extranjeros se mantiene relativamente estable desde 2001, entre el 4,2% y el 4,5%. En cambio, a fines del siglo XIX y principios del XX alcanzaba casi el 30% de la población.
También cambió el origen de los migrantes. Hasta el Censo de 1980, la mayoría provenía de Europa. Desde 1991, en cambio, predominan las personas nacidas en países limítrofes.
Actualmente, Paraguay y Bolivia concentran poco más del 44% de la población extranjera. Venezuela ocupa el tercer lugar, seguida por Perú, Chile, Uruguay, Italia, Brasil, España y Colombia. También hay personas provenientes de China, Estados Unidos, Ecuador, República Dominicana, México, Corea y Alemania.
La población extranjera se concentra en el área metropolitana. La provincia de Buenos Aires tiene 994.653 personas nacidas en otro país (el 51,4% del total del país) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 419.091 (el 21,7%).
El panorama cambia si se mira cuánto pesan los extranjeros dentro de la población de cada lugar. CABA encabeza también esta medición: el 13,5% de sus habitantes nació en otro país, más del triple del promedio nacional (4,2%).
Le siguen las provincias patagónicas de Santa Cruz y Tierra del Fuego (6,6% cada una), la provincia de Buenos Aires (5,7%), Neuquén (5,6%), Río Negro (5,5%) y Chubut (4,9%).
Cuántos estudian y qué porcentaje representan
Según el Censo 2022, 362.831 personas nacidas en otro país asisten a algún establecimiento educativo, el 18,8% de la población extranjera. En la edad escolar obligatoria la asistencia es alta: más del 90% de los extranjeros de 6 a 14 años va a la escuela, y entre los de 15 a 17 años lo hace el 85,9%.
A partir de los 18 años la asistencia cae y llega al 45,7% en el grupo de 18 a 24 años.
Según el informe “Síntesis de Información Estadísticas Universitarias 2023-2024” -publicado por la Secretaría de Educación en 2023 (último dato disponible)-, las universidades nacionales tenían 2,7 millones de estudiantes, de los cuales 126.589 eran extranjeros. Representaban el 4,2% de la matrícula de pregrado y grado y el 9,9% de los estudiantes de posgrado.
Qué cambió con la reforma migratoria del Gobierno
En mayo de 2025, el Gobierno publicó el Decreto 366/2025, que modificó la Ley de Migraciones y endureció las condiciones para acceder a la residencia permanente y renovar la residencia temporaria.
Organizaciones como la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes (CAREF) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionaron ante la CIDH que la norma exige demostrar “medios económicos suficientes” para acceder a esos trámites.
Según explicaron durante una audiencia pública del organismo, el requisito equivale a unos US$ 1.000 mensuales para una familia de 4 personas y solo puede acreditarse mediante pruebas vinculadas al trabajo registrado. Las organizaciones señalaron que esto representa una barrera en un país donde el 45% de los trabajadores no está registrado, según el INDEC.
Además, advirtieron que desde que se aprobó el DNU, las residencias permanentes otorgadas bajaron de 24 mil por semestre a 8 mil entre enero y junio de 2026. También señalaron que el decreto quitó el derecho a la residencia permanente de quienes tienen hijos, hijas o cónyuges argentinos.
Dina Sánchez, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), explicó en la audiencia que el decreto “empuja a las personas migrantes a la clandestinidad y a una mayor precarización”.
Qué cambios hubo sobre la atención de salud para extranjeros
El Gobierno nacional reglamentó el cobro de la atención médica en hospitales públicos nacionales a extranjeros no residentes a través del DNU 366/2025 y la Resolución 1066/2026 del Ministerio de Salud, publicada en agosto de 2026.
Al menos 5 jurisdicciones implementaron medidas para cobrar a extranjeros con residencia transitoria o precaria la atención en hospitales públicos: Salta, Mendoza, Jujuy, Santa Cruz y la Ciudad de Buenos Aires.
Durante la audiencia ante la CIDH, Nicolás Figari, asesor legal de CAREF, describió algunas de las consecuencias registradas por las organizaciones: tratamientos, medicación y estudios interrumpidos; solicitantes de asilo sin atención; embarazos sin controles oportunos y niños y adolescentes atendidos de manera discontinua.
“Muchas familias dejaron de ir a los servicios de salud por temor a no ser atendidas o a ser denunciadas. Esto provocará más ingresos de urgencia, más complejos y más costosos para los sistemas locales, y más riesgosos para miles de personas”, advirtió Figari.
La falsa narrativa que vincula a migrantes con delitos
En los últimos meses, tanto Milei como la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva se refirieron a los migrantes como “terroristas”, y mezclaron datos de categorías migratorias distintas: expulsiones con rechazos migratorios.
Sin embargo, los datos de la Dirección Nacional de Migraciones muestran que durante 2025 fueron expulsadas 772 personas por cometer delitos tipificados en el Código Penal.
El 44% de los casos (340) fueron por infracción a la Ley 23.737 y al artículo 866 del Código Aduanero. Esos delitos implican tráfico, contrabando y consumo de drogas.
Durante 2025, se realizaron 16.684 rechazos migratorios y hasta junio de este 2026 fueron 10.052, según los datos oficiales.
En estos casos, en 2025, los motivos de los rechazos fueron en su mayoría (7.415) por no tener documentación habilitante y por sospecha de “falso turista” (8.811), es decir, que tendría intenciones de quedarse a vivir en el país.
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