Financiamiento electoral: qué cambió con la nueva ley

La semana última el Congreso de la Nación sancionó la nueva ley de financiamiento de los partidos políticos, que comenzará a regir en las elecciones de este año y modificará el régimen de financiamiento que rige en la Argentina desde 2009.

Según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), las anteriores reglas no se han cumplido en la práctica. “Las agrupaciones políticas no declaran la mayor parte de sus ingresos y gastos de campañas, no se respetan los topes previstos por la normativa vigente, y se financian por fuera de las condiciones y los controles que la ley fija para las agrupaciones, los donantes y los proveedores”, destaca el informe. Esto va en línea con lo informado por Chequeado sobre el financiamiento de la última campaña presidencial de Mauricio Macri, Daniel Scioli, Sergio Massa y Adolfo Rodríguez Saá.

Carolina Tchintian, María Page e Iván Seira, los autores del estudio, destacan que “después de la elección se podrá evaluar en qué medida los cambios realizados consiguieron desactivar los incentivos a ocultar y subdeclarar aportes”. Pero, ¿qué cambió con la nueva ley?

Los principales cambios, según el estudio de Cippec, son:

• Se elimina el efectivo como medio de pago para hacer aportes.
• Las empresas podrán aportar a las campañas.
• Plazos de campaña más realistas (pasa a ser de 50 días antes de las PASO y 50 días antes de la general, antes eran 30 y 35 días, respectivamente).
• Más aportes para imprimir boletas en la elección general (antes eran 1,5 boletas por elector y se aumenta a 2,5).
• Avances sobre la publicidad electoral en redes sociales y plataformas digitales.
• Más recursos para el control judicial.

El informe de Cippec formula algunas recomendaciones para el futuro: sumar mecanismos de control; incluir reglas específicas para evitar el abuso de los recursos públicos; comprometer a las provincias; regular los aportes de personas jurídicas para evitar el conflicto de interés y la influencia indebida; incorporar perspectiva de género para equiparar las condiciones de competencia entre candidatos hombres y candidatas mujeres; responsabilizar a los beneficiarios de las campañas; diseñar el régimen de financiamiento como un dispositivo del sistema de integridad pública; y legislar para las campañas del futuro, no para las del pasado.