Imágenes sobre abuso sexual infantil: crece año tras año la cantidad de casos reportados a la Justicia

Ricardo Russo, jefe del Servicio de Inmunología y Reumatología del Hospital Garrahan, fue detenido la semana última acusado de distribución y producción de imágenes de abusos sexuales infantiles. La detención fue solicitada por la fiscal Daniela Dupuy y ordenada por la jueza María Alejandra Doti. El caso se originó en una operación llevada a cabo por autoridades de los Estados Unidos y de Brasil, que dieron aviso al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

Según datos compartidos por el Ministerio Público Fiscal porteño a Chequeado, en 2018 ingresaron casi 47 mil reportes de imágenes o videos de abuso sexual infantil a la Justicia porteña. Esta cifra la releva el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés). Es una ONG estadounidense que colabora con organismos públicos de su país y que desde 2013 tiene un convenio de colaboración con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que al momento de la firma estaba a cargo de Germán Garavano, actual ministro de Justicia de la Nación.

Cuando en los reportes de NCMEC se registran usuarios localizados en territorio argentino son derivadas al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, y de ahí, cuando corresponden al interior del país, se derivan a los ministerios públicos provinciales. De acuerdo con estos datos, en 2017 habían ingresado 23 mil reportes de parte de esta ONG, menos de la mitad de los de 2018, y en 2016 fueron casi 9 mil. Es decir que desde la firma del convenio la cifra de reportes viene creciendo año tras año.

Para tener una magnitud del aporte de esta ONG: del total de reportes por causas de delitos informáticos que ingresan al Ministerio Público porteño, un 92% provienen de NCMEC, de acuerdo con datos publicados en el Informe de Gestión 2018 del organismo porteño. En el marco de causas en trámite durante ese año, “se ha incautado la suma total de 2.834 dispositivos con capacidad de almacenamiento de datos, quitando del círculo de la comercialización de material pornográfico infantil más de 350.000 archivos de imagen y video”, señala el documento del Ministerio Público.

En la Argentina, la difusión de imágenes de abuso sexual infantil es un delito tipificado en el Código Penal de la Nación. El artículo 128 del Código establece penas de 3 a 6 años de prisión para el que “produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho años dedicado a actividades sexuales explícitas”. El mismo artículo fija penas, aunque en escalas menores, para la tenencia “a sabiendas” de este tipo de imágenes o videos. Esto último fue incorporado a través de una ley sancionada por el Congreso en 2018.