La Nación, el Gobierno y los pueblos indígenas

En su editorial del sábado 14 de julio, La Nación afirma que “las Naciones Unidas ha urgido al Gobierno a que adopte ‘las medidas legislativas y administrativas’ que corresponden en favor de comunidades indígenas altamente desprotegidas en el territorio argentino”. Lo que afirma el diario es cierto. Se basa en un informe del relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, James Anaya, quien solicitó el pasado 26 de junio al Estado argentino la suspensión de todos los procesos de desalojo de comunidades indígenas. Un comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informa que para Diego Morales, director del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de dicho centro, el informe “cobra relevancia en un contexto en el que distintas comunidades indígenas de nuestro país son sometidas a continuos desalojos de sus tierras, como la comunidad diaguita de Indio Colalao (…) en Tucumán. Además, (…) contempla aristas comunes que presentan los diversos conflictos por las tierras indígenas; como la cesión de tierras tradicionales a particulares por parte del Estado, la ocupación de territorios por familias criollas que desarrollan actividades económicas que afectan el modo de vida de las comunidades que sucede en provincias como Formosa y Salta, y la ausencia de delimitación y titulación completa del territorio”.