Planes sociales: cómo es la auditoría del Gobierno nacional a quienes cobran el Potenciar Trabajo

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación lleva a cabo una auditoría para transparentar el otorgamiento del programa social Potenciar Trabajo, que tiene 1,3 millones de beneficiarios en todo el país y es el único, a nivel nacional y que maneja dicha cartera, que exige que haya una contraprestación laboral para cobrar el dinero (que a partir de agosto, es decir este mes, es de $ 23.925, un 50% del salario mínimo). El objetivo de esta auditoría es interrogar, mediante un extenso cuestionario, a cada una de estas personas para descartar irregularidades.

Esa contraprestación se realiza participando en proyectos socio-productivos, socio-laborales y/o socio-comunitarios, o a través de la terminalidad educativa, es decir finalizando la escuela primaria o la secundaria. En junio último, 2 años después de su creación, sólo 1,2% de los beneficiarios encontró un empleo formal.

El Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Juan Zabaleta, es el área encargada de realizar la auditoría, que había sido anunciada el 7 de agosto último por el ministro de Economía, Sergio Massa, a los 2 días de haber asumido en el cargo. La auditoría empezó 15 días después, en la semana del 22 de agosto último.

Según la definición oficial, se trata de un “relevamiento de información con jóvenes y referentes de organizaciones territoriales, autoridades gubernamentales y religiosas”, que permiten evaluar “con otra perspectiva las situaciones de las y los jóvenes”.

“La convocatoria a las personas es en formato doble: a las principales unidades productivas o a lugares específicos. El Ministerio de Desarrollo Social, a través de los encuestadores de universidades nacionales, realiza una entrevista que dura de 15 a 20 minutos cada una, y es una encuesta tipo censal, porque aborda consultas sobre un cantidad de elementos que hasta ahora no teníamos sistematizados”, dijeron a Chequeado desde la cartera que lidera el ministro Zabaleta.

Entre las consultas, figuran “cómo es el grupo familiar, cuál es su nivel de formación, sus conocimientos en oficios y una serie de preguntas que tienen que ver con aspectos socioambientales, sociocomunitarios y socioeconómicos”. Y completaron: “Son unas 40 preguntas y el objetivo es contar con una radiografía del programa [Potenciar Trabajo]. Es obligatorio y para el millón 300 mil beneficiarios”.

En el marco de esta auditoría, el Ministerio de Desarrollo Social dispuso la suspensión de 40 mil planes Potenciar Trabajo (el 3% del total) porque se trataba de beneficiarios que además percibían otro plan del Estado, la beca Progresar, que otorga el Ministerio de Educación de la Nación.

Sin embargo, esa suspensión se levantó el 8 de septiembre último después de que el Ministerio de Desarrollo Social declarara que es compatible tener un Potenciar Trabajo y, a la vez, una beca Progresar. La resolución sostiene que “esta decisión se sustenta en evaluaciones técnicas y profesionales” y que “acompañar a las y los jóvenes en situación de vulnerabilidad para que finalicen sus estudios formales es un compromiso asumido por el Estado nacional”.

El cuestionario de la auditoría, justamente, está destinado, entre otros aspectos, a conocer qué otros programas de seguridad social recibe el beneficiario y/o su grupo familiar (AUH, asignación por embarazo, por discapacidad, pensiones no contributivas, la beca Progresar, prestaciones alimentarias y planes provinciales o entrega de alimentos).

Además, se le pregunta al beneficiario si conoce a qué “unidad de gestión” pertenece. Las unidades de gestión son las que manejan los planes: municipios, provincias, organizaciones sociales, asociaciones civiles, federaciones o cooperativas, que acreditan la participación en el programa y chequean el cumplimiento de la contraprestación laboral o educativa. 

Se les pide que detallen qué tipo de tarea hacen, dónde la hacen y sobre otros trabajos, como las “changas”, que hagan por fuera del Potenciar Trabajo, y si están dispuestos a aceptar un trabajo en blanco. Desde el Ministerio de Desarrollo Social indicaron a este medio que esperan finalizar con el relevamiento “a finales de este año”.