Clarín y La Nación denuncian maniobras con el presupuesto

Como era de esperarse, el envío del presupuesto al Congreso por parte del Poder Ejecutivo, el pasado 15 de septiembre, suscitó polémica y debate. Como parte de la discusión, varios artículos periodísticos, entre ellos un editorial de La Nación, publicado el viernes 1° de octubre y una nota de Clarín publicada el martes 12 de octubre, intentaron desnudar las “maniobras” que utiliza el Gobierno para manejar las cuentas del país en forma discrecional. ¿Por qué?

La Constitución Nacional establece que el presupuesto es elaborado por el Poder Ejecutivo y aprobado –“fijado”- por el Congreso. A partir de allí, según la Carta Magna, sólo el Congreso podría reasignar partidas. Sin embargo, en la práctica las cosas no funcionan así. Por un lado, desde lo tiempos de Carlos Menem se le otorgan poderes especiales al Ejecutivo para modificar el presupuesto durante el año. Son los llamados “superpoderes”, que hoy le permiten al jefe de Gabinete de Ministros reasignar partidas presupuestarias o aprobar nuevos gastos, sin pasar por el Congreso. (ver nota Superpoderes)

Estos “superpoderes” están hoy en el centro del debate. Su derogación ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Algunos  especialistas recomiendan empero, que por cuestiones operativas, el Ejecutivo conserve cierta capacidad de manejo de los fondos, aunque con limitaciones claras.

El otro mecanismo que utiliza el Gobierno –observado especialmente por los diarios- es la subestimación del crecimiento económico y de los índices de inflación. El ardid es el siguiente: se confecciona el presupuesto en base a estimaciones de un crecimiento económico y un nivel de inflación más bajos que los que realmente se contemplan. Luego, si esas cifras esperadas más altas se verifican realmente, (lo que permite recaudar más cantidad de dinero por mayores impuestos que lo estimado), se produce un sobrante de fondos.

Quizás como parte de un síndrome de un país acostumbrado a las pérdidas, la ley no es muy clara sobre qué hacer con esos fondos que ahora sobran. Entonces el Ejecutivo los utiliza discrecionalmente a través de decretos de necesidad y urgencia.

En gobiernos anteriores las proyecciones macroeconómicas del Ejecutivo también resultaron inexactas, pero en general pecaban de exceso de optimismo. Calculaban el presupuesto en base a mayores recursos de los que terminaban recaudando, y se veían obligados a recortar los gastos durante el año.

 ¿Es cierto, entonces, lo que denuncian los diarios al respecto?

La Nación dice “el ocultamiento y la manipulación de las cifras para dejar luego liberada una cantidad enorme de ‘recursos excedentes’ que puedan ser distribuidos discrecionalmente con decretos de necesidad y urgencia”. Clarín, que “[el presupuesto presentado] implica una trampa presupuestaria: cuanto mayor sea la inflación real, mayores serán los ingresos por impuestos que se ven afectados por aumentos de precios (IVA, Ganancias, etc.) y mayores los ingresos reales no presupuestados que el Gobierno podría utilizar a su arbitrio.”

Por un lado se ve que, en efecto, en los últimos años el Gobierno subestimó sistemáticamente el crecimiento previsto en el presupuesto, respecto del crecimiento real resultante.

Por otro, los niveles de inflación estimados para estos dos años (10,3% en 2010, y 8,9% en 2011) parecen ser claramente menores que los de la inflación real, que rondaría entre el 20 y el 30% anual, según diversas estimaciones.

El propio Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), denunció esta situación. En un documento de 2009, titulado “Discutir los DNU además de los Superpoderes”, explica la estrategia del Ejecutivo para marginar al Congreso en el manejo presupuestario: “Se ha hecho un uso estratégico de las proyecciones macroeconómicas -dice-, de manera tal que el Poder Ejecutivo pudo contar con una masa considerable de recursos adicionales a los previstos inicialmente en la Ley de Presupuesto aprobada por el parlamento. Así, el Congreso de la Nación tuvo escasa o nula participación en la reasignación de partidas y en los aumentos presupuestarios.”

Sin embargo para este año no es claro que se esté subestimando el crecimiento, como explica el análisis preliminar sobre el presupuesto 2011 preparado por el Cippec:  “Si bien las proyecciones macroeconómicas aparecen subestimadas, especialmente la inflación, la estimación de la recaudación tributaria parece razonable.” El pronóstico del Ejecutivo es que la economía crecerá en un 4.3 por ciento. Esta proyección no está muy lejos de la que hizo el Fondo Monetario Internacional, que prevé un crecimiento de 4% para 2011.

Una solución posible, que impulsa el Cippec, para terminar con la distorsión de los datos, es la creación de una unidad de análisis técnica en el Congreso, que pueda asesorar al Legislativo en estos temas. Ya se presentó un proyecto de ley con este objetivo, que se apoya en los ejemplos de países como Chile, Brasil y EE.UU., que tienen  equipos independientes de asesoramiento. En la Argentina, el Congreso no tiene más remedio que confiar en los datos que elabora el propio Poder Ejecutivo.

Como atenuante, es conveniente tener en cuenta que, en realidad, más allá de las maniobras del Ejecutivo para manejar los fondos a discreción, gran parte del presupuesto son gastos fijos, que se mantienen de un año al otro. Son los llamados “gastos obligatorios”. Incluyen los sueldos a funcionarios del Estado, las pensiones y los intereses de la deuda. Como explicó a Chequeado.com Héctor Rodríguez, docente de finanzas públicas de la Universidad de la Matanza: “Cuando se descuentan todos los gastos obligatorios, la parte que se puede distribuir del presupuesto se ubica en alrededor del 8 al 9 por ciento”. Es decir que la parte que el Gobierno puede “tocar” es un porcentaje relativamente pequeño del presupuesto. A modo de ejemplo, un 9% del presupuesto presentado para 2011 equivaldría a $ 33.500 millones, de los $ 372.900 millones del presupuesto total.