Javier Milei y su promesa a un año como presidente: “Vamos a privatizar las empresas públicas deficitarias”

El presidente de la Nación, Javier Milei, se comprometió en la plataforma electoral que presentó en 2023 ante la Justicia Electoral a “privatizar las empresas públicas deficitarias”.

 A un año de asumir como presidente, esta promesa se encuentra “en proceso, adelantada”. El Gobierno nacional avanzó con generar herramientas legales que permitieran la privatización de empresas públicas con déficit, como la Ley Bases y diferentes decretos y resoluciones. Además, anunció o inició el proceso con otras empresas, como Aerolíneas Argentinas e IMPSA, una empresa del sector energético en la que el Estado nacional cuenta con mayoría accionaria.

Aunque aún no se efectivizaron operaciones de este tipo, estas podrían concretarse en lo que resta de la Presidencia de Milei.

Según la metodología de Chequeado, una promesa se encuentra “en proceso, adelantada” cuando “se tomaron parte de las medidas necesarias y se trabajó para lograr la promesa, aunque todavía no está cumplida”.

¿Qué pasó con las empresas públicas incluidas en la Ley Bases?

En el comienzo de la gestión, el Gobierno presentó el proyecto de la Ley Bases, que consideraba “sujetas a privatización” a 41 empresas estatales. La norma permitía al Ejecutivo privatizarlas total o parcialmente, concesionar sus servicios o proceder a su liquidación y cierre. 

La iniciativa no fue aprobada por Diputados, y en una segunda versión el Gobierno nacional redujo a 11 el número de empresas a privatizar, aunque posteriormente, en el debate en el Senado, también se quitaron de la lista Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina. 

De este modo, la Ley Bases declaró sujetas a privatización a 4 empresas públicas –Energía Argentina, Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos Río Turbio e Intercargo-, mientras que otras 4 fueron declaradas “sujetas a privatización o concesión” –AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales.

Estas son las novedades que hubo hasta el momento con estas empresas: 

• Belgrano Cargas: el Gobierno ya anunció el inicio de su proceso de privatización. 
• Energía Argentina y Nucleoeléctrica Argentina: a través del Decreto 895/2024, se establecieron 180 días para llamar a concurso público para la venta del paquete accionario de ambas empresas.
• Corredores Viales: el Gobierno dijo, a través de un comunicado, que licitará la Red Federal de Concesiones Viales con el objetivo de transferir su gestión al sector privado.
• AySA: la empresa adelantó que iniciará el proceso de privatización “una vez otorgada la correspondiente autorización por parte del Poder Ejecutivo Nacional”, algo que todavía no ocurrió.
• Una situación similar ocurre con SOFSE: el vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo: “Estamos trabajando en los pliegos de licitación y creemos que vamos a estar en condiciones de hacer los primeros llamados en el primer semestre del año que viene”.
• Intercargo: el Gobierno no avanzó en medidas concretas para su privatización pero sí desreguló el servicio.
• Yacimientos Río Turbio: el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó en su informe al Congreso que se evalúa la posibilidad de incorporar capital privado y si se mantendrá o no la mayoría accionaria.
• Tandanor y Banco Nación: Francos también informó que se evalúa la posible privatización de Tandanor (dedicada a la construcción naval) y la privatización parcial del banco estatal. 

El Gobierno avanzó en el proceso de privatización de otras empresas

Por fuera de la Ley Bases, el Gobierno avanzó en procesos de privatización de empresas públicas.

Es el caso de Aerolíneas Argentinas, que si bien quedó afuera del listado final de la Ley Bases, posteriormente fue declarada como “sujeta a privatización” y en la Cámara de Diputados se debate un proyecto de ley para avanzar en este sentido. 

Respecto de Correo Argentino, luego de que el Gobierno avanzara con la desregulación del servicio, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró que la empresa “se privatizará, se concesionará o se transferirá a los empleados”. Pero aún no se tomaron medidas en este sentido. 

En tanto, el presidente de la empresa satelital ARSAT, Mariano Greco, adelantó recientemente que están en un proceso de ordenamiento y de puesta en valor de los activos de la empresa “con la idea de salir a la bolsa con algún porcentaje de las acciones”, pero manteniendo el control, con el 51% de las mismas. 

Alberto Biglieri, especialista en Derecho Administrativo y director del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, dijo a Chequeado que, si bien “el Gobierno no ha llevado a cabo privatizaciones de empresas, sí ha avanzado en tener las herramientas jurídicas para hacerlo, gracias a la modificación de artículos claves en la Ley de Bases”.

Por su parte, Gonzalo Guilardes, economista investigador asociado del think tank Fundar -que preside el matemático Sebastián Ceria-, destacó a este medio que “en relación al listado de empresas incluidas en la Ley Bases no hubo avances concretos”, pero mencionó los intentos del Gobierno por privatizar Aerolíneas Argentinas e IMPSA, una empresa del sector energético en la que el Estado nacional cuenta con mayoría accionaria.  

Respecto a la factibilidad operativa de las privatizaciones, Biglieri aclaró que “habrá que ver caso por caso porque implican procesos diferentes. En Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, no se va a tratar de una privatización en el sentido estricto de la palabra porque implicaría una distribución del capital accionario”.

¿Cuál es el déficit de las empresas públicas?

Según el último informe oficial disponible, en el primer semestre de 2024 las 33 empresas públicas no financieras arrojaron un déficit operativo (la diferencia entre los ingresos de la empresa -sin contar las transferencias del Tesoro nacional- y los gastos como remuneraciones, bienes y servicios) de $ 1.377.643 millones. 

Al cierre del ejercicio 2023, en el mismo informe se había estimado que el conjunto de estas empresas públicas presentaba un déficit de $ 1.606.157 millones.

Energía Argentina fue la empresa que tuvo mayor déficit operativo en el primer semestre de 2024, por un total de $ 583.326 millones. Esto se debió principalmente a la compra de gas importado para abastecer la demanda interna, subsidiada por el Gobierno.

Le siguieron SOFSE -$  323.409-; Aerolíneas Argentinas -$ 264.586-; el Correo Argentino -$  118.473-; y AySA -$ 70.703. En contraste, Nucleoeléctrica Argentina, con $ 155.951, y ARSAT, con $ 11.600 millones, fueron las únicas empresas del Estado con superávit operativo.

Por esto, la promesa de Milei sobre la privatización de las empresas públicas deficitarias se encuentra “en proceso, adelantada”. El Gobierno generó herramientas legales, anunció o inició el proceso con otras empresas, como Aerolíneas Argentinas, aunque ninguna privatización se ha concretado hasta el momento.

EN PROCESO, ADELANTADA: se tomaron parte de las medidas necesarias y se trabajó para lograr la promesa, aunque todavía no está cumplida.