Javier Milei y su promesa a un año como presidente: “Vamos a quitar regulaciones para ser competitivos fiscalmente”

Durante el debate por el balotaje en las elecciones presidenciales de 2023, el entonces candidato de La Libertad Avanza y actual presidente de la Nación, Javier Milei, prometió que iba a “quitar regulaciones para ser competitivos fiscalmente”. 

A un año de asumir como presidente, esta promesa se encuentra “en proceso, adelantada”. El Gobierno nacional implementó cambios para reducir la carga burocrática a través del nuevo Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger.

Además, estableció una serie de medidas a partir de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y la Ley Bases, entre las que se destacan cambios en la legislación laboral y comercial.

Se desregularon actividades realizadas mayormente por empresas estatales, y se derogaron las leyes de Abastecimiento y de Góndolas. Los especialistas consultados señalan que aún quedan aspectos pendientes para impulsar la demanda de bienes y servicios en la economía.

Según la metodología de Chequeado, una promesa se encuentra “en proceso, adelantada” cuando se tomaron parte de las medidas necesarias y se trabajó para lograrla, aunque todavía no está cumplida”.

Medidas para “alivianar la carga burocrática” a comercios e industrias

Como se detalla en esta nota, el presidente Milei creó a través del Decreto 585/2024 el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y designó a Federico Sturzenegger.  

Entre sus funciones, este ministerio debe “entender en la elaboración de políticas tendientes a aumentar la competitividad, eliminar cargas burocráticas, facilitar el funcionamiento de los mercados, impulsar el crédito, disminuir regulaciones y controles, aumentar la libertad económica y disminuir los costos del sector privado y productivo”.

Antes de la creación del nuevo ministerio, el Gobierno estableció una serie de medidas que apuntaron a quitar regulaciones al sector privado, a partir de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y la Ley Bases.

Estas fueron:

• Con la reglamentación de la reforma laboral, se cambió el régimen de despidos, la ampliación del período de prueba de 3 a 6 meses (y en algunos casos hasta 1 año) y se dieron facilidades para regularizar a empleados en negro. 
• Se desregularon algunas actividades que son explotadas mayormente por empresas del Estado, como la aeronáutica (a través de la política de “cielos abiertos” y del servicio en aeropuertos -que brinda Intercargo-) y el sistema postal (se permitió la inscripción de nuevos competidores en el mercado).
• Se estableció que las tarifas de servicios públicos no podrán incluir cargos ajenos (como tasas municipales) a los bienes y servicios contratados; 
• Se redujeron los aranceles de importación a neumáticos para autos y motos, plásticos, pequeños electrodomésticos, entre otros; 
• Se derogaron 7 reglamentos técnicos (documentos normativos que establecen requisitos obligatorios sobre calidad y seguridad, entre otras cosas) con el objetivo de desburocratizar y reducir los tiempos que tienen las empresas al momento de importar y comercializar bienes y productos. 
• Se dispuso la exención del Impuesto al Cheque en las cuentas que los comercios habiliten para el pago de propinas a través de medios digitales, 
• Se derogaron la Ley de Abastecimiento (por la cual el Estado no tiene derecho a fijar precios máximos, establecer márgenes de utilidad o intervenir en los procesos productivos de las empresas) y la Ley de Góndolas (que regulaba el espacio en las góndolas que los supermercados conceden a las empresas productoras de bienes de consumo masivo). 
• También se eliminó el sistema de estampillas aduaneras fiscales para identificar productos importados y se reemplazó por el “Sistema Digital de Identificación de Productos (SiDIP)” para identificar por medios electrónicos o digitales mercaderías nuevas o usadas, importadas para consumo. 
• Se desreguló a través del Decreto 1037/2024 la importación y exportación de obras de arte, afectadas por la Ley N° 24.633, con el objetivo de “garantizar una amplia libertad en la circulación de bienes o servicios, incentivar la difusión y el conocimiento del arte, así como agilizar y dinamizar este sector de la actividad comercial”. 

Competitividad fiscal

El Gobierno aumentó transitoriamente del 7,5% al 17,5% el impuesto PAIS (creado en la gestión del Frente de Todos), que entre otras actividades alcanzó a todas las importaciones (a excepción de los productos señalados más arriba) y los servicios de fletes, encareciendo el comercio exterior y, por ende, quitándole competitividad a las empresas. 

También impuso el impuesto a la compra de dólares para la distribución de dividendos y la repatriación de inversiones de no residentes. 

Por el contrario, exceptuó del pago del Impuesto PAIS a la importación de elementos de la canasta básica y de insumos para Pymes y recientemente el Banco Central autorizó a empresas al pago anticipado de importaciones con dólares propios (es decir, que no requieran de comprar divisas a la entidad). 

Finalmente, en septiembre de 2024 el tributo bajó nuevamente al 7,5% y el Gobierno no lo incorporó en el Presupuesto de 2025, por lo que vencerá a fines de 2024.

En tanto, estableció para los exportadores el denominado “dólar blend”, que les permite liquidar sus productos a un precio que está compuesto por la combinación de 2 tipos de cambio: el dólar oficial (80%) y el contado con liquidación (20%), lo que mejoró sus ventas al exterior.

Temas pendientes: el análisis de los expertos

Natalio Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicio (CAC), destacó a Chequeado: “La escasa competitividad es uno de los principales y grandes problemas de larga data de la economía argentina”. Y agregó: “Atacar este problema significa atender trabas como la excesiva presión tributaria, regulaciones innecesarias en demasía y la industria del juicio laboral, entre otras”. 

Por su parte, Martín Kalos, economista y director de la consultora EPyCA, destacó a este medio que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado “introdujo cambios o dio de baja regulaciones que estaban obsoletas, que no estaban siendo aplicadas”. Además, continuó: “Se ocupó de reducir los regímenes informativos -es decir, la obligación de ciertas empresas de informar ciertas acciones al gobierno-, lo que ahorra tiempo y trabajo a las empresas”. 

Sin embargo, Kalos planteó que “existen otros factores que hacen a la competitividad de las empresas”, como la estabilidad macroeconómica que impacta en el consumo. 

En la misma línea, Tomás Canosa, coordinador de Economía de Fundar -organización liderada por el matemático Sebastián Ceria-, dijo a este medio que “la competitividad de un sector depende, no sólo de la variable cambiaria, sino de una serie de temas, que abarca desde la logística, pasando por el financiamiento y cuestiones administrativas, hasta el sistema impositivo”. Y coincidió con Kalos: “Las cuestiones regulatorias son importantes pero si la demanda no acompaña los cambios normativos no tendrán impacto en el sector”.

Por todo lo expuesto, la promesa de Milei se encuentra “en proceso, adelantada”. El Gobierno nacional implementó cambios para reducir la carga burocrática a través del nuevo Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Además, se desregularon sectores y se derogaron leyes. 

Si bien se han tomado medidas significativas, según los expertos aún quedan aspectos pendientes que condicionan el cumplimiento total de la promesa, como la mejora de la estabilidad macroeconómica y el estímulo a la demanda.

EN PROCESO, ADELANTADA: se tomaron parte de las medidas necesarias y se trabajó para lograr la promesa, aunque todavía no está cumplida.