Videos de presos en Argentina abundan en redes sociales, a pesar de que su uso está prohibido por ley

Enfrentamientos, armas caseras, desafíos virales y transmisiones en vivo desde los pabellones. En TikTok, Instagram, Facebook y YouTube circulan videos que muestran distintas escenas de la vida dentro de las cárceles argentinas. 

La circulación de estos contenidos plantea una pregunta: ¿cómo llegan a las redes sociales videos producidos por presos dentro de las cárceles, donde el uso de celulares está sujeto a restricciones?

Actualmente, las redes sociales no están permitidas en el Sistema Penitenciario Federal. Sin embargo, esto no impide que sigan circulando videos atribuidos a personas detenidas.

El uso de redes sociales en cárceles está prohibido por ley 

El régimen legal sobre la posesión y uso de teléfonos celulares en las cárceles varía en cada jurisdicción y sufrió modificaciones a partir del coronavirus. 

Antes de la pandemia, la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad prohibía expresamente la tenencia de dispositivos de comunicación o de conectividad en el interior de las cárceles federales. Sin embargo, durante las restricciones sanitarias de 2020, resoluciones judiciales autorizaron protocolos excepcionales de ingreso de celulares para garantizar el contacto familiar y el acceso a la educación.

Durante el gobierno de La Libertad Avanza, en abril y agosto de 2026, se avanzó en el endurecimiento de los controles. Mediante resoluciones del Ministerio de Seguridad, se autorizó el despliegue de tecnología para la detección y bloqueo masivo de IMEIs (que identifican el dispositivo físico de forma única) e IMSIs (que identifican al usuario o abonado dentro de la red móvil) de los aparatos que operan dentro de los penales federales. Las operadoras telefónicas, por su parte, deben dar de baja las líneas detectadas.

“Su implementación demostró ser una estrategia adecuada para prevenir, disuadir y neutralizar la utilización de celulares a las mafias carcelarias e impedir maniobras ilícitas que ponen en grave riesgo la seguridad pública”, señalaron desde la cartera nacional.

La Ciudad de Buenos Aires adhirió al protocolo nacional. En la provincia de Buenos Aires, en cambio, persiste un debate político y judicial sobre si derogar por completo los protocolos post-pandemia o mantener el registro de dispositivos como herramienta de trazabilidad.

Los internos bonaerenses pueden tener y usar celulares. Esto se rige bajo un protocolo excepcional que se implementó en 2020 y que continúa vigente. Para que un celular sea legal adentro, debe estar formalmente declarado y registrado ante las autoridades del penal (con marca, modelo, número de IMEI y tarjeta SIM). 

Sin embargo, el protocolo del Sistema Penitenciario Bonaerense prohíbe el uso de cualquier red social (como Facebook, Instagram o TikTok). La única excepción permitida es la aplicación WhatsApp.

De challenges a enfrentamientos entre presos

Entre los contenidos que circulan desde las cárceles, aparecen los enfrentamientos físicos entre internos y la exhibición de facas. Estos videos deben ser dados de baja por las plataformas, según sus normas de la comunidad (ver acá, acá y acá), que prohíben y censuran los contenidos que “muestran, promueven o glorifican la violencia”. Sin embargo, algunos contenidos son replicados en los medios de comunicación y continúan publicados. 

Otros videos producidos por presos y presas van desde el entretenimiento (challenge, contenidos para la creación de comunidad) hasta transmisiones que muestran cómo se vive dentro de los pabellones.

Y hay más: recetas de cocina adaptadas al pabellón, rutinas de ejercicio físicas, tutoriales de belleza o limpieza de celdas y organización comunitaria en los pabellones. Algunas usuarias catalogadas mediáticamente como “influencers tumberas” tienen incluso miles de seguidores. 

También existen los lives. En estas transmisiones, los presos y las presas responden preguntas del público sobre cómo es vivir en la cárcel, cómo entrenan en los patios o cómo conversan sin la mediación de intermediarios.

Según pudo corroborar Chequeado a través de un monitoreo, este tipo de publicaciones circulan en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube.

La presencia de estos contenidos en distintas plataformas forma parte de un fenómeno que excede a Argentina y que también fue objeto de investigaciones académicas en otros países. En 2024, una tesis publicada por la Universidad de Nevada, con autoría de Samantha DeTiberiis, analizó 670 videos cortos publicados en TikTok, Instagram y YouTube sobre cárceles y encarcelamiento.

El contacto de los presos con el exterior

El debate sobre el uso de celulares en las cárceles no se limita a su regulación. Macarena Fernández Hofmann, coordinadora del equipo Política Criminal y Violencia en el encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), explicó a Chequeado que con la entrada de los teléfonos celulares de forma legal durante la pandemia “se vuelve más porosa la relación entre el adentro y el afuera, con todo lo malo y lo bueno que eso implica”.

“Uno de ellos es bajar muchísimo la circulación de la violencia dentro de la cárcel”, explicó. Y agregó que el celular permite que “un detenido puede tener presencia cotidiana con su familia y con sus hijos”. 

El acceso a celulares también tiene sus riesgos. La jueza de Ejecución Penal N°1 de Quilmes, Julia Márquez, analizó el impacto del uso de celulares por parte de presos y presas. Según la jueza, esto puede afectar la tranquilidad de las víctimas o ser utilizado para enviar mensajes intimidatorios.

En este sentido, tras recientes casos de amenazas y extorsiones organizadas desde penales, organizaciones civiles como Usina de Justicia señalan en petitorios dirigidos al gobernador bonaerense Axel Kicillof: “El Estado tiene la responsabilidad de impedir que una persona privada de su libertad conserve herramientas que puedan ser utilizadas para generar nuevas víctimas”.

El uso de celulares dentro de las cárceles también fue identificado como una herramienta para planificar y coordinar delitos. Un informe de 2024 de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), del Ministerio Público Fiscal, documentó casos en los que personas detenidas mantuvieron comunicaciones con integrantes de organizaciones criminales en el exterior, que ejecutaban maniobras delictivas bajo sus directivas.