La emergencia penitenciaria, una constante bonaerense

Luego de la fuga de tres presos condenados por el triple crimen de General Rodríguez de la cárcel de General Alvear, la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, estableció por decreto la emergencia en materia penitenciaria (acá puede verse el proyecto de ley que se había presentado, el decreto todavía no se publicó en el Boletín Oficial).

Esto implica que los funcionarios tienen capacidades extraordinarias para contratar servicios y comprar bienes sin pasar por los procedimientos habituales. El ministro de Justicia de la mayor provincia del país también puede convocar a personal retirado y definir ascensos y bajas sin control legislativo, entre otras cosas.

Esta medida ya se ha tomado más de 10 veces en los último 11 años. En 2004 Felipe Solá, entonces gobernador, declaró la intervención del sistema penitenciario y luego la Legislatura bonaerense lo declaró en estado de emergencia. Desde entonces hasta 2009 sólo hubo ocho meses  en los que el Servicio Penitenciario no estuvo en estado de emergencia, entre mayo de 2005 y enero de 2006 (acá puede verse la lista completa).

El objetivo anunciado de las declaraciones de emergencia era “transformar la estructura del Servicio Penitenciario Bonaerense” algo que, evidentemente, no se logró.

En 2014 se volvió a decretar la emergencia por un año, esta vez dentro de la declaración general de emergencia de la seguridad pública, que incluía a las fuerzas policiales y penitenciarias. El entonces gobernador, Carlos Ruckauf, por su lado, en 2001, había declarado una emergencia edilica del sistema carcelario durante un año.

La emergencia actual cita como justificación las “innegables carencias en materia edilicia, tecnológica, de recursos humanos y materiales que actualmente afectan el normal y adecuado funcionamiento del sistema penitenciario y de salud penitenciaria”.

El problema con esto es que establecer condiciones excepcionales implica mayor arbitrariedad por parte de las autoridades. “Se anuncia la posibilidad de realizar compras y contrataciones sin los controles adecuados. Esta decisión implica, además, aumentar el gasto en equipamiento y tecnología y la posibilidad de hacer obra sin las reglas de las licitaciones públicas”, señala un comunicado del CELS difundido luego del anuncio del decreto de Vidal.

Este mismo critica que “daría lugar a la convocatoria de personal retirado para reintegrarse al servicio penitenciario. Este tipo de decisión, explorada en las declaraciones de emergencia del gobierno anterior, permite el ingreso de personal que ha sido cuestionado sin que se puedan chequear sus antecedentes”.

“Las emergencia en el Servicio Penitenciario Bonaerense son una constante”, señaló a Chequeado Fabián Quintero, investigador de la Universidad Nacional de la Plata y criminólogo del Servicio Penitenciario Bonaerense. Y agregó: “En general se buscó modificar la estructura o la composición del personal, perfeccionarlo, y mejorar las condiciones de vida de los internos”. Sin embargo, la emergencia no aseguró mejores resultados, “no hubo cambios profundos en estos años en el sistema penitenciario. Sólo se hicieron reformas superficiales. Es un sistema que se encuentra en crisis permanente y es el eslabón mas visible del sistema penal”.

En la misma línea, la Comisión Provincial por la Memoria publicó un comunicado en el que advierte que “la emergencia  penitenciaria no resuelve los problemas de la política  criminal: sólo profundiza las violaciones de derechos humanos”. Y agrega: “Las emergencias en materia de seguridad y penitenciaria no son una solución estructural a los graves problemas que  dicen querer resolver sino más de lo mismo. En los últimos 15 años ha quedado demostrado que sólo generan mayores agravamientos en la vulneración de los derechos humanos”.

Uno de los argumentos citados en los considerandos del proyecto de ley de emergencia de Vidal es el aumento de la población carcelaria en los dos últimos años, “que ha pasado de 30.712 a 35.166 detenidos”. La superpoblación carcelaria en la Provincia es uno de los problemas permanentes que no han logrado resolverse en estos años.

En 2005, la Corte Suprema se pronunció en el caso Verbistky en contra de las autoridades provinciales por las malas condiciones de detención, especialmente en las comisarías. Entre otros argumentos señaló que “consta que la situación de las cárceles provinciales es crítica en materia de capacidad de alojamiento”.

“La sobrepoblación, el hacinamiento, las pésimas condiciones sanitarias, la persistencia de la tortura y la lógica extorsiva y corrupta son problemas graves y estructurales que, sin duda, requieren una intervención urgente de Estado”, señala el comunicado del CELS.

Y agrega que, aunque “los fundamentos del proyecto de declaración de emergencia identifican correctamente algunos de estos problemas (…) muchas de las facultades que componen esta declaración pueden profundizarlos u orientar la política en un sentido contrario a la protección de derechos”.