¿Qué son las calificadoras de riesgo?

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Son criticadas por el poder que concentran, especialmente en tiempos de crisis. Cómo funcionan las agencias que evalúan la capacidad de pago de los países.

Las agencias calificadoras de riesgo volvieron al centro del debate al rebajar la nota de Portugal y al amenazar con bajarle la calificación a Estados Unidos. Son cuestionadas, entre otras cosas, por su poder de influir sobre la economía al decidir acerca de la capacidad de pago que ellas consideran tendría un país soberano. Y también por la consecuencia inmediata: tales calificaciones de agencias privadas definen los costos de endeudamiento -por el riesgo implícito- de los países sometidos a su análisis.

La presidenta Cristina Fernández se sumó a los críticos, al cuestionar la metodología: “Si uno se pone a ver, pretender que el riesgo país para pagar una deuda de 350.000 millones de euros, como es el caso de Grecia, puede ser menor o igual que el de la Argentina con una deuda absolutamente refinanciada y con potencialidades económicas infinitamente superiores (…) resulta realmente muy paradójico.”

Santiago Cámpora, asesor del directorio de la Comisión Nacional de Valores, explicó a Chequeado.com que “se cuestiona que muchas economías con variables macroeconómicas sólidas sean objeto de calificaciones muy por debajo de países que se encuentran al borde del default o con serios problemas para afrontar sus compromisos financieros.” Y añadió: “Se plantea si no es excesivo el peso que se le otorga a las cuestiones cualitativas al realizar los análisis, porque sólo así se entenderían las marcadas disparidades en las evaluaciones realizadas.”

Las calificadoras cuantifican el riesgo que hay de que un país no pague sus deudas. Se trata de agencias privadas, con metodologías propias. Las tres principales son Moody’s, Standard & Poor’s y Ficht, y sus notas van desde el AAA hasta el CCC.

Las calificadoras de riesgo surgieron ante la necesidad de los inversores de contar con una entidad que recabara y procesara de manera centralizada toda la información necesaria para emitir una opinión sobre el riesgo inherente de un activo financiero ”, explicó Cámpora. La deuda de los países es considerada justamente como un activo financiero.

Los criterios que se utilizan para evaluar la capacidad de pago de un país incluyen: efectividad institucional y riesgo político, estructura económica y previsiones de crecimiento, liquidez externa (capacidad de pago de deuda externa) e inversión internacional, desempeño fiscal y flexibilidad y flexibilidad monetaria. A cada uno de estos aspectos se le asigna una nota. De su combinación resulta la calificación del país.

La suma de factores justificaría que países como Grecia tengan una mejor nota que la Argentina, a pesar de tener una deuda más alta, según explicó Gabriel Torres de Moody’s al diario el Cronista Comercial: “El nivel de deuda es un indicador, pero no el único. La capacidad de financiarse, por ejemplo, es más importante. Y en ese sentido, los países latinoamericanos son más pobres en relación con Europa. Esto es una señal de la capacidad de reacción que tiene una economía. Frente a una situación como la europea, cualquier país latinoamericano ya hubiera entrado en default”.

Para el gobierno griego, sin embargo, las prácticas de las agencias calificadoras también son materia de crítica. Después de una baja en su calificación, el ministro de Finanzas griego, Evangelos Venizelos, declaró: “En un momento en el que la economía global es frágil (…) las decisiones injustificadas de las agencias calificadoras como Moody’s pueden empezar una dañina profecía auto-cumplida”. El comisionado de mercado interno de la Unión Europea, Michel Barnier, cuestionó el poder que tienen agencias privadas, que no están obligadas a rendir cuentas, sobre los gobiernos soberanos: “¿Quién puede justificar y aceptar que compañías privadas tengan tanto poder sobre la población?”, se preguntó. La Unión Europea está considerando obligar a las agencias a entregarle a los gobiernos los datos que utilizaron en sus análisis antes de que rebajen una nota, puesto que el proceso de calificación no es considerado transparente.

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