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Clarín: “El Gobierno empezó a dar de baja pensiones por discapacidad”

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Entre bajas y suspensiones, se redujeron 70 mil beneficios por invalidez. El Gobierno señala irregularidades por el notable aumento de pensiones en la última década; en algunos casos se cancelaron beneficios sin contacto previo con el titular.

“El Gobierno está dando de baja pensiones a personas con discapacidad”, señaló un artículo del diario Clarín. “A partir de este mes, y sin previo aviso, el Ministerio de Desarrollo Social decidió aplicar un olvidado decreto de 1997 que establece más exigencias y condiciones que deben reunir quienes buscan acceder a una pensión”, agregó la nota.

Clarin pensiones discapacidad

El Estado nacional otorga una pensión por discapacidad a las personas que tengan una invalidez física o mental que produzca una disminución en la capacidad laboral del 76% o más. Se trata de una pensión no contributiva, es decir que no requiere aportes previos, que corresponde al 70% de la jubilación mínima (hoy $4.475), salvo en los casos de personas de más de 65 años que luego de la llamada “ley de reparación histórica” del último año pasaron a cobrar una pensión universal del 80% de la jubilación mínima ($5.115).

En 2016 hubo 1.041.004 beneficiarios de pensiones por invalidez, un 0,61% por encima de las 1.034.743 de 2015, de acuerdo con los datos oficiales de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda de la Nación. Para 2017, el Presupuesto nacional previó aumentar el número a 1.063.653.

Sin embargo, en los primeros seis meses de este año el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación redujo en 71.706 las pensiones por invalidez, entre bajas (19.215) y suspensiones (52.491), de acuerdo con la información de la cartera que dirige Carolina Stanley publicada por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que dirige el concejal del Frente para la Victoria de San Martín Hernán Letcher.

Sobre las causas de estas reducciones, el informe del CEPA destaca que “en su mayoría se trata de titulares de automóviles”, seguido por los “titulares de derecho cuyo cónyuge ha recibido algún beneficio previsional”, los que “muestran tener ingresos por empleo” o que “no alcanza el porcentaje de discapacidad para el acceso al beneficio previsional”.

Estas condiciones se aplican por el Decreto 432/97, firmado por el ex presidente Carlos Menem, en el que se exige a los titulares de las pensiones por invalidez “no estar amparado el peticionante ni su cónyuge por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna” y “no poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia”, entre otras cosas. Es una norma que ninguna de las gestiones previas -incluida las dos Presidencias de Cristina Fernández de Kirchner- derogó, por lo que está vigente.

Desde el Gobierno nacional argumentaron que las bajas se deben a irregularidades en el otorgamiento de pensiones por invalidez durante los años previos. “Hubo una utilización política de las pensiones, generando clientelismo”, sostuvo en un comunicado la ministra Stanley, quien además señaló que en cruces mensuales de información “se han dado de baja pensiones, algo que ha ocurrido también en el pasado. En 2015, cuando no gobernábamos, se dieron de baja 168 mil pensiones”. Chequeado pidió la información discriminada de las altas y bajas de la última década y hasta el cierre de este artículo no fue enviada.

Efectivamente, entre 2003 y 2015, según datos oficiales la cantidad de beneficios por discapacidad aumentó notablemente, al pasar de 78.585 a 1.034.743, un incremento de 956.158 pensiones (+1.217%).

El número también aumentó en 2015, así como también creció el total de pensiones no contributivas (que incluyen también aquellas para madres de 7 o más hijos, por ejemplo). Esto pudo haber ocurrido porque las nuevas altas superaron a las bajas de ese año mencionadas por Stanley.

Sobre la evolución en los últimos años, Varina Suleiman, abogada de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), explicó que la Argentina firmó en 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, y que “puede haber ocurrido que el Ministerio de Desarrollo Social haya flexibilizado en los hechos las condiciones de otorgamiento de pensiones no contributivas para hacerlas compatibles” con dicho texto.

Esto no quiere decir que no puedan haber habido errores en los otorgamientos, pero dado que las pensiones se otorgan en razón de la vulnerabilidad, el Ministerio debe analizar caso por caso antes de tomar una decisión que afecta a una persona de un colectivo vulnerable”, siguió Suleiman, quien detalló que en base a la convención “el Estado debe garantizar a una persona con discapacidad el derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en igualdad de condiciones que los demás. Esto supone no quitarle su pensión por los ingresos de un familiar”.

Por otro lado, desde la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) se criticó al oficialismo por dar de baja beneficios en algunos casos sin un contacto previo con la persona afectada. Guillermo Badino, titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, justificó: “En muchos casos no tenemos los teléfonos de las personas, no tenemos las direcciones adecuadas, la gente no hace una actualización de datos permanente como en otros programas, por lo tanto contactarnos con ellos nos es muy difícil”.

Bárbara Schargorodsky, abogada especialista en temas previsionales, mencionó a Chequeado que se está haciendo un recorte por miedo a la existencia de irregularidades y como forma de reducir gastos. Pero criticó que no se está dando el derecho a las personas de probar que sí están en condiciones de recibir la pensión previo al recorte. “Lo correcto es primero citar a las personas, intimarlos a que presenten la documentación necesaria, hacer la investigación y recién después dar de baja el beneficio”, concluyó Schargorodsky.

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11 Respuestas

  1. Gustavo Julio Gomez dice:

    Bárbara Schargorodsky, no tienen teléfono y la dirección de las personas no es la correcta. Los que puedan justificar la necesidad del cobro y/o un apoderado…. se presentaran para el reclamo. Mientras seguimos pagando de nuestro bolsillo, nuestro por que somos el ESTADO. Es como los 18 millones anuales a Felices los Niños que no dicen en que lo gastan….

  2. Juanzo dice:

    Si comparamos las pensiones que habia cuando teniamos un 50% de pobreza, es normal y esperable que las mismas hayan aumentado significamente si el pais mejoró.

    Sería interesante analizar la cantidad de pensiones por invalidez por pais, para ver como estamos comparativamente en todo caso, para decir si es mucho o no.

  3. ALBERTO dice:

    LOS LEGISLADORES AUMENTAN 30.000 PESOS EN SUS DIETAS Y MUCHOS CIUDADANOS SERAN CUESTIONADOS PARA SACARLES UN BENEFICIO DE 4.000 PESOS….ALGO NO FUNCIONA MUY BIEN….

    • Guillermo dice:

      Las dos cosas no funcionan bien. los primeros por que no trabajan y los otros por que no está bien comprar votos aprovechando a los inválidos (a los de verdad).

      • JOSÉ LUIS FORQUERA dice:

        No estoy de acuerdo con Guillermo, los legisladores deberían adaptar sus dietas a los momentos de crisis generalizada, y otorgar un beneficio a una persona con capacidades diferentes no es “comprar votos” es simplemente cumplir la ley y compromisos internacionales que firmo el país, que es muy distinto si se filtraron algunos seudo discapacitados , amparados en corruptos que nunca faltan , y otorgaron pensiones que no corresponden, en esos casos se deben detectar y pegarle un boleo al funcionario corrupto y al seudo discapacitado que regrese el beneficio hasta el último peso.

  4. Daniel G dice:

    Es posible chequear cuantas pensiones se dan de baja por año desde el 2014 a la fecha ( dado que en ese año se toco el millon de otorgadas ? )

  5. María dice:

    Es muy indignante toda clases de medidas, .encontra del bienestar de toda persona sean con problemas mentales o de invalidez…Mientras q los diputados , camaristas o lo q sean tienen un sueldo de reyes x dormir y parlamentar incoerencias en dichas reuniones …La verdad q cada día q pasa esta muy en decadencia La sociedad en La q vivimos como personas y seres humanos,,lamentablemente se perdió todo tipo de coordinación solidaridad y respeto hacia uno y otros 😔

  6. Daniel R dice:

    “En 2015, cuando no gobernábamos, se dieron de baja 168 mil pensiones”. Chequeado pidió la información discriminada de las altas y bajas de la última década y hasta el cierre de este artículo no fue enviada.” ¿cuando lo pidieron? ayer??

    • mario dice:

      señor, ese dato se incorpora al publico ahora? pregunto por el tiempo transcurrido. cuando no es por que son $ 4.000.0? aplicale tres años mira que joven,es; dejalo pasar uno mas que hace, tenemos la demagogia a fiel de piel. hay que dar a cada uno lo suyo es, entiendo, la forma de intentar salir del pantano en que estamos y como corolario terminar con la impugnidad.

  7. Norberto dice:

    En mi edificio, 6 autos todos 0 Km con sticker de discapacidad, evidencia de autos con exención de impuestos. No hay evidencia que los vecinos respectivos, tengan algún tipo de discapacidad o familiar con la misma. Espero que si tienen pensiones se las saquen, y ni bien descubran la compra “fraudulenta” les quiten el 0 km.

  8. pagan justos por pecadores dice:

    Deben revisar CADA CASO y evaluar a los pensionados PERSONALMENTE.
    Los discapacitados reales fueron perjudicados, por culpa de delincuentes como estos: ZENON HIPOLITO MARIANI con DNI: 21702363, CUIL: 20-21702363-8, de 46 años de edad y su hermana MATILDE MARIANI con DNI: 22701099 y CUIT: 27-22701099-7, de 45 años de edad. Estos son dos holgazanes cobran pensiones graciables y no son personas vulnerables, nunca trabajaron, son menores de 60 años, no son discapacitados y no tienen familia numerosa.
    ZENON HIPOLITO MARIANI cobra la pensión en el banco Supervielle ubicado en calle Rosario de Santa Fe 162 – Córdoba. Y además pasó varios años cobrando becas de estudiante sin aprobar ninguna materia.
    Deberían obligar a estos holgazanes que cobraron pensiones fraudulentas que devuelvan el dinero que se robaron y a los funcionarios corruptos que se las concedieron, deberían penalizarlos también.

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