Primer juicio oral a CFK: claves de la causa sobre direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz

Comenzó el primer juicio oral y público contra Cristina Fernández de Kirchner. Se la juzga en la llamada causa “Vialidad”, en la que se investiga el presunto direccionamiento de obras viales a favor de las constructoras del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. La senadora, ex presidenta y precandidata a vicepresidenta será juzgada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 junto a otros 12 procesados. A continuación, las claves del caso.

Cómo se inició la causa

Tras la llegada de Cambiemos al gobierno, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) realizó entre enero y febrero de 2016 una auditoría de la obra pública licitada en Santa Cruz durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Esa auditoría no analizó si existían sobreprecios en las obras, pero determinó que hubo una “concentración de obras en un único grupo de empresas”, en referencia al conglomerado de compañías pertenecientes a Báez: Austral Construcciones, Del Curto Construcciones, Gotti y Loscalzo, Kank y Costilla y Sucesión de Adelmo Biancalani.

La auditoría señaló que este grupo empresarial, entre 2003 y 2015, tenía adjudicado un 78,4% del monto vigente total de obras de la provincia; y además identificó una “desigualdad en el plazo insumido para el pago de los certificados entre las diferentes empresas contratistas”. Entre los años 2012 y 2015, el Estado nacional tenía una demora de pago promedio de 60 días para el Grupo Austral Construcciones mientras que con el resto de las empresas era de 207 días.

En abril de 2016, el entonces director de la DNV, Javier Iguacel, presentó una denuncia penal ante la Justicia federal para que se investigara un presunto plan diseñado para que se otorgue a una misma empresa casi la totalidad de las obras viales licitadas durante 12 años. El expediente cayó en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini y se acumuló con otra causa por asociación ilícita originada por una denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió (Cambiemos) y que tramitaba en ese tribunal desde 2008.

Los detalles del caso

La ex presidenta está acusada de integrar una asociación ilícita en calidad de jefa y por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, delitos que tienen una pena de hasta 10 y 6 años de prisión, respectivamente. Según el dictamen de elevación a juicio presentado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques, hay pruebas de que se asignaron de manera discrecional a distintas empresas del Grupo Austral Construcciones obras viales en Santa Cruz por casi $8 mil millones, que actualizados a agosto de 2016 por inflación representaban casi $46 mil millones.

El dictamen describe una serie de maniobras del Grupo Austral destinadas a imponerse en las licitaciones y simular un falso ámbito de competencia. Señala que de las 51 obras adjudicadas al Grupo Báez fueron terminadas 26, sólo 2 en el tiempo previsto, y en una sóla obra (un refuerzo de un tramo de la Ruta Nacional N° 281) se cumplió con el monto pactado en el contrato original. En algunos casos se llegó a superar en un 387% el valor final de la obra respecto del contrato original, como en el caso de las obras y el pavimento en la Ruta Nacional N° 3, en el tramo de la Avenida Circunvalación en Caleta Olivia.

La pericia y la controversia

La causa fue elevada a juicio con la constancia de 51 obras adjudicadas a las empresas de Báez en la provincia de Santa Cruz. Cuando la causa llegó al TOF N° 2, las defensas reclamaron una pericia de la totalidad de las obras abarcadas en la instrucción para evaluar el avance, las demoras y la posible existencia de sobreprecios. Los jueces del tribunal circunscribieron el pedido a 5 obras testigo y encargaron a los peritos de la Corte Suprema la realización de la pericia, que estará lista en los próximos meses.

La defensa de la ex presidenta insistió con que se peritara la totalidad de las obras. Esto fue rechazado por la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal en materia penal. Por eso, Fernández de Kirchner fue “en queja” a la Corte Suprema, que tiene el recurso en sus manos y debe decidir si los jueces inferiores cometieron una arbitrariedad al no peritar la totalidad de las obras o si rechaza el pedido. Para resolver ese recurso y otros de los demás procesados en la causa, la Corte pidió las copias del expediente la semana última.

Los protagonistas del caso

El juicio está a cargo de los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Este último pertenece a otro tribunal, pero fue convocado como subrogante luego de la muerte de uno de los tres miembros del TOF N° 2, Jorge Tassara.

El fiscal federal del caso es Diego Luciani y en calidad de querellante actúan dos organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional: la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Además de Fernández de Kirchner, son juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López (a quien se encontró con un bolso con dólares en un convento en General Rodríguez y desde entonces está detenido), el ex subsecretario de Obras Públicas de la Nación Abel Fatala, el ex subsecretario de Coordinación de la Obra Pública de la Nación Carlos Kirchner, el ex administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti, el empresario Báez, los ex jefes de distrito de Santa Cruz de la DNV Raúl Daruich y Mauricio Collareda y los ex presidentes de la Agencia General de Vialidad Provincial de Santa Cruz Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibáñez.

De los 13 enjuiciados, 4 se encuentran detenidos desde antes de comenzar el juicio: De Vido, López, Báez y Carlos Kirchner, aunque sólo este último fue detenido en este expediente. Al resto se le dictó prisión preventiva en otras causas judiciales que tramitan en la Justicia federal. La ex presidenta tiene varios pedidos de detención, pero no en la causa “Vialidad”. Aunque fuera condenada, su detención no se haría efectiva porque es senadora y tiene inmunidad de arresto.