Dióxido de cloro: quiénes venden esta sustancia ilegal y tóxica en la Argentina y otros países de la región
Su hermano lo bebió por miedo y desesperación. Es lo que repitió una y otra vez frente a las decenas de periodistas que la entrevistaron. Gloria Ríos perdió a su hermano, Juan Andrés Ríos (51 años), el 11 de agosto de 2020 luego de que él ingiriera dióxido de cloro, en la localidad de San Pedro, provincia de Jujuy. Según contó Gloria, su hermano adquirió la sustancia de una persona del pueblo que la promocionaba en redes sociales como una cura milagrosa para diversas enfermedades.
El dióxido de cloro no está autorizado como medicamento en nuestro país por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ni por ninguna agencia reguladora de medicamentos en el mundo. Ni para tratar el coronavirus, ni ninguna otra enfermedad, aunque es promovido en la Argentina por periodistas y famosos (ver recuadro), o incluso por diputados del Congreso de la Nación.
La sustancia no está autorizada pero se vende igual. La promueven personas que se presentan como supuestos obispos y supuestos líderes de una iglesia, que tienen causas judiciales abiertas, y hasta políticos e influencers promueven algo que puede llevar a la muerte.
Se trata de un derivado del clorito de sodio, una sustancia química que se utiliza como blanqueador en la industria papelera y textil, en la potabilización de agua y como desinfectante en superficies inertes. Sin embargo, la sustancia se promociona desde hace años como una supuesta “cura” para diversas enfermedades: cáncer, malaria y ELA, entre otras, y se comercializa de forma ilegal en el país y en el mundo. Con el auge de la COVID-19 y la incertidumbre de la pandemia, todos los días el dióxido de cloro llega a cientos de personas como el hermano de Gloria que, ante la angustia, caen en la estafa.
Según contó su familia, Juan Andrés Ríos desarrolló un cuadro alérgico por la ingesta del dióxido de cloro. Se le cerró la glotis y se ahogó broncoaspirado, le explicaron los médicos a la familia. No se hizo ninguna prueba PCR, y nunca tuvo la confirmación oficial de que tuvo coronavirus. De hecho, luego de la muerte, todos sus convivientes fueron hisopados y dieron negativo. Sin embargo, ante el miedo y la desesperación en medio de la pandemia, Ríos decidió comprarlo y tomarlo.
“Sabemos que las personas que venden estas sustancias que prometen la cura o la salvación milagrosa, como casi todos estos mitos conspiracionistas, parten de un hecho cierto; pero que de ahí derivan en situaciones totalmente irreales. Lo cierto es que el dióxido de cloro es una sustancia desinfectante por su fuerte poder oxidante”, explicó a Chequeado Aldo Saracco, médico toxicólogo, miembro del Comité Científico de la Asociación Toxicológica Argentina (ATA) y miembro de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental.
“Si yo lo aplico in vitro, es decir, en una experiencia de laboratorio, destruye toda sustancia orgánica al dañar su cobertura proteica, es así que destruye bacterias y virus, así como a cualquier célula, sana o enferma, de manera general e inespecífica. Cuando esto lo aplicamos in vivo, es decir, sobre una persona, esta acción la hace exactamente igual, desnaturaliza a virus y bacterias, al igual que a las células sobre las que toma contacto; es así que daña las estructuras proteicas normales presentes en el tracto digestivo o a nivel sanguíneo y resto del cuerpo”, remarcó Saracco. Es decir, destruye al virus al mismo tiempo que al organismo, sin diferenciar.
Quiénes están detrás de la venta de la sustancia en la Argentina
La versatilidad de ofertas y precios de esta sustancia en el país llama la atención. Se ofrece en diversos formatos: en botella de 250 ml y “packs” por 5 litros, en valores que van desde $ 700 hasta $ 7000. Si se opta por preparar en casa la sustancia, los “kits” -es decir, el clorito de sodio más el activador (ácido clorhídrico o cítrico)- se ofertan desde $ 600 a $ 3500. Los precios aumentan si se ofrece la pipeta para la preparación, las tiras reactivas y difiere según el material del envase (plástico o vidrio PET).
Como en México y en Colombia, en la Argentina no hay un perfil homogéneo de los proveedores de dióxido de cloro y, al no estar avalado ni regulado por autoridades sanitarias, tampoco hay una homogeneización en relación a cómo ni cuánto se toma.
En muchos casos, los comerciantes se jactan de que siguen las fórmulas e indicaciones de la página oficial de Andreas Kalcker, un pseudocientífico alemán que se autodefine como creador del CDS (solución de dióxido de cloro, en inglés), una sustancia que surge en base al MMS (solución mineral milagrosa, en inglés). Ese es el caso de Máximo, quien desde Mendoza envía una copia por e-mail del libro “Salud Prohibida” de Kalcker a quienes le compren alguno de sus productos. Una suerte de “instructivo” para preparar el producto. Otros vendedores, en cambio, llegan a adjuntar videos explicativos.
Muchos vendedores, sin embargo, saben que lidian con una sustancia controversial. Como una dietética en Córdoba, que no lo publicita en sus redes sociales, pero por WhatsApp admiten que lo venden. Y en Martínez, Provincia de Buenos Aires, otra dietética es prudente y pregunta cómo se obtuvo su contacto antes de brindar información. Dicen comercializar “productos naturales” en Facebook, pero una vez pasada la barrera de confianza, por WhatsApp admiten que ofrecen CDS aunque aclaran, por el momento, no tienen disponibilidad.
Chequeado no menciona los nombres de estos locales ni de otros proveedores de dióxido de cloro en esta nota para evitar la difusión de sustancias no autorizadas por la ANMAT porque se los contactó como potenciales compradores, para probar cuán fácil es conseguir hoy esta sustancia tóxica, sin identificarse como periodista.
Los perfiles de los comerciantes varían. Stella, en Mar del Plata, quien tiene una foto de perfil de los astros, prepara con sus propias manos el dióxido de cloro, pero es muy cauta con la información que difunde: en su caso asesora por ese canal, pero no envía protocolos ni tampoco entrega sus productos con etiqueta. “Estamos teniendo que resguardarnos muchísimo”, reconoce a través de un audio. Una impronta similar a las detectadas en lugares tan disímiles como la Recoleta porteña y Paraná, en Entre Ríos.
La red del negocio incluye el cruce de fronteras. “Ya te paso el contacto de nuestro distributer en Argentina!” (sic), señala rápidamente un vendedor desde un prefijo colombiano, oculto tras el nombre “Agua de Vida”, uno de los eufemismos con los que se denomina al dióxido de cloro. Apelan a ese eufemismo, ellos mismo aclaran, porque Facebook elimina cualquier alusión vinculada a esa sustancia. Ante la consulta de Chequeado, desde la empresa afirmaron que en relación al COVID-19, remueven “contenido que pueda generar daño físico inminente como el consumo humano del dióxido de cloro, falsas medidas de prevención o afirmaciones que niegan la existencia del virus”. Esto aplica al contenido orgánico y a los anuncios. Para este trabajo utilizan una combinación de tecnología, revisión humana y reportes de la comunidad.
Pero si muchos promotores de esta sustancia química se saben bajo la lupa, aún así aprovechan las nuevas tecnologías. Es el caso de Rodolfo, quien detalla desde Tucumán que envían pedidos a todo el país desde “el laboratorio de la farmacia” y que los métodos de pago incluyen Mercadopago, transferencia bancaria, depósito bancario o pago por Pago Fácil. En México y Colombia, incluso, los proveedores ofrecen enviar el paquete por Uber o Didi cuando el trayecto es dentro de la misma ciudad.
Para los cientos de personas que consumen la sustancia, existen múltiples grupos de WhatsApp, Telegram y Facebook que explican cómo prepararla o tomarla de acuerdo a la enfermedad que se padezca, y en función de los antecedentes. Por eso, los proveedores también aprovechan para ofrecer cursos de capacitación. Las clases se repiten todo el año por Zoom y se ofrecen por 30 dólares.
Ante la más mínima duda sobre el producto, algunos comerciantes buscan persuadir sobre sus beneficios. “Tenés que decidir si seguir con la tele encendida o hacer CDS. Eso ya depende de vos, de cuán influenciable seas y de cuánto miedo te inocularon”, aconseja Gabriel cuando se le pregunta si puede haber riesgos al tomarlo.
Por fuera de las redes sociales, con sólo googlear se descubre que hay páginas webs que están aún disponibles y que venden la sustancia de forma encubierta. Una de esas páginas -que Chequeado omite identificar- con envíos a la Argentina, afirma ser manejada por un “investigador” argentino que acumula más de 50 dominios en Internet registrados, destinados a la venta de la misma sustancia en Perú. Ese argentino dice formar parte de “Sinergia 8”, un grupo que declama ser integrado por “investigadores, médicos y terapeutas” de varios países de Sudamérica “que estos últimos 10 años han estado investigando protocolos alternativos para curaciones verdaderas y permanentes”.
Su canal de YouTube fue eliminado por infringir las reglas de la plataforma, mientras que en su cuenta de Facebook -donde cuenta con más de mil seguidores- comparte testimonios de personas que consumen el dióxido de cloro y publicaciones sobre los “buenos efectos” de la sustancia. Según “CDSPeru.net”, uno de los grupos que forman parte de “Sinergia 8”, Kalcker forma parte del grupo.
Chequeado comprobó que al menos uno de los teléfonos que aparecen disponibles en la página ofreciendo CDS está en Mendoza. Una persona al otro lado de la línea recomendó ponerse en contacto con la Coalición Mundial por la Salud y la Vida (Comusav), una organización que agrupa a médicos y profesionales de la salud que se dedica a “despertar la conciencia de todas las personas”, según describe su página web, y que promueve asesoramiento gratuito para casos de coronavirus.
La referente de este grupo en la Argentina es la doctora Fabiana Guastavino, quien dice abiertamente que cada vez más médicos y políticos consumen el dióxido (ver recuadro).
Algunos, sin embargo, ya afrontan problemas legales. El supuesto titular de “mms.com.ar”, otra de las páginas que vende kits para producir esta sustancia, Leonardo Daniel Binello, fue denunciado por el abogado Victor Castillejo Arias ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA).
Los profetas del dióxido de cloro
Los grupos de Facebook están plagados de imágenes de Kalcker. Pero, ¿quién es?
Su nombre completo es Andreas Ludwig Kalcker y en su página web oficial se autodefine como “investigador biofísico”. Su título fue “acreditado” como “Doctor de Filosofía en Medicina Alternativa y Biofísica Natural” por la Open University of Advanced Sciences, una universidad naturista acusada de vender títulos por internet -con domicilio en Barcelona y con domicilio fiscal en Miami, Estados Unidos- que se desliga en su página web de Kalcker y aclara que “no mantiene ningún tipo de vínculo con la Iglesia Génesis II, ni tampoco aboga por el uso médico o terapéutico del MMS”.
Radicado en Suiza, publicó 2 libros, “CDS la salud es posible” y “Salud Prohibida”, y comenzó a promover el dióxido de cloro luego de, según afirma, haberlo probado en sí mismo para curar su artritis. Su historial no es inmaculado. En 2012 fue detenido por la Guardia Civil española por un supuesto delito contra la salud pública, mientras impartía en Ibiza otra de sus charlas para promocionar y vender el MMS.
Suele dar conferencias sobre los beneficios de la sustancia, incluso en universidades, y su historial también incluye un paso por la Argentina. En diciembre de 2019, meses antes de que comenzara la cuarentena en nuestro país, Kalcker dio una conferencia en el “Hotel Bauen” y otra en el “Cyan Hotel de las Américas”, ambos en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), sobre “terapias oxigenativas”. Según el día y la conferencia, la entrada costaba desde US$ 25 a US$ 100 por persona.
En la Argentina también tiene problemas judiciales. En agosto último, fue denunciado por Castillejo Arias ante el Ministerio Público Fiscal, desde donde ratificaron la denuncia penal a mediados de enero último ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, a cargo del juez federal Ariel Lijo. La investigación penal apunta contra Kalcker y un grupo de argentinos que habrían vendido y distribuido dióxido de cloro. En el marco de la causa, a principios de marzo último se encontró y allanó un laboratorio clandestino en Mar del Plata, por orden del juez Lijo.
Desde el juzgado de Lijo confirmaron a Chequeado que al momento son 4 los imputados en la investigación, que existen tareas en curso en 2 domicilios vinculados a la causa, y que en el último allanamiento se secuestraron libros de Kalcker que el imputado vendía.
Un “obispo” comerciante
Entre los distribuidores de la sustancia, hay un nombre que descolla: el de Luis Enrique García, quien se presenta a sí mismo como “Obispo” y “único distribuidor autorizado”. Y por mail ofrece su “sacramento”, aunque el precio difiere si es para uso “familiar” o “profesional” y si es en combo o con activador solo (ácido clorhídrico). El envío se puede enviar por Correo Argentino y las opciones de pago incluye transferencia bancaria o Mercado Pago.
Aún así, García es cauto. Aclara que por “razones obvias” no utiliza más etiquetas eclesiásticas para sus productos, sino que las botellas “irán con un papel en blanco”, sin aludir a la “Iglesia Cristiana Genesis II” que dice representar.
La “Iglesia Génesis II de la Salud y la Sanación” fue fundada por Jim Humble -“creador” del MMS- junto a Mark Grenon, actual líder, y se retiró de ella en 2017. Grenon y su hijo fueron detenidos y extraditados desde Colombia a Miami por petición de la Justicia estadounidense, acusados de fabricar, promover y vender decenas de miles de botellas de la llamada “Solución Mineral Milagrosa” o MMS (por sus siglas en inglés) como remedio contra todo tipo de dolencias, entre ellas el autismo, la malaria y el cáncer.
Saben que se mueven por terrenos vedados. Apenas se abre el sitio web, un cartel advierte sobre la prohibición de la sustancia: “Atencion el MMS y el CDS estan prohibidos por ANMAT y FDA. Lo expresado en este sitio es antes de la prohibición y para información de la gente que quiera colaborar con los obispos presos. No proveemos ni MMS ni CDS ni los elementos para hacerlo. No insista” (sic). Otro cartel suma: “Atención el MMS y CDS han sido prohibidos por la ANMAT en Argentina y la FDA en USA, no se autoriza su uso en humanos, lo expuesto aquí es antes de la prohibición”.
La página contiene múltiples pestañas con los protocolos según la enfermedad y las experiencias y consultas de usuarios sobre la administración del dióxido de cloro, que se retrotraen a 2011. “Donde comprar el producto MMS, en capital o provincia”, comentó un usuario llamado Roberto el 27 de mayo de 2011. “Hola Roberto lo podes comprar y en Cap.Fed, Arg. o en Merlo, San Luis Arg. podes retirarlo de otra forma, te enviamos por el medio mas conveniente. Una vez que compres, por correo te pasamos los datos. Buena Salud !. Luis” (sic).
En el resto de América Latina, la iglesia también tiene representación. Según el sitio chileno El Dinamo, por ejemplo, la supuesta “iglesia” cuenta en ese país con al menos 2 “obispos” y más de 200 ministros. Chequeado se comunicó con García y se identificó como periodista, pero al momento de la publicación de esta nota no tuvo respuesta.
Cuando se judicializa la salud
Así como proliferan los vendedores, sin embargo, también comienzan a irrumpir las muertes. La de Juan Andrés Ríos no fue la única. Días después de su fallecimiento en agosto de 2020, el país quedó conmocionado por la muerte de un chico de 5 años en Plottier, Neuquén, tras ingerir la misma sustancia. Según contó el jefe de Atención Médica del hospital, Rafael Palomino, los padres confesaron que se la habían suministrado de modo preventivo. El peritaje médico informó que el niño había muerto por una falla multiorgánica y que los hallazgos son compatibles con el dióxido de cloro.
Según explicaron desde el Ministerio Público Fiscal a Chequeado, dentro de la causa se pidieron más estudios complementarios, aunque hasta la fecha de esta publicación no hay imputados ni detenidos por esa muerte.
Cinco meses después, en enero, el dióxido de cloro volvió a irrumpir en la agenda pública. Pero esta vez por una controvertida intervención de la Justicia. Mediante una medida cautelar, el juez Javier Pico Terrero, titular del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 7, autorizó la administración del dióxido de cloro a un paciente de 93 años en grave estado en el Sanatorio Otamendi, quien falleció luego de la ingesta. Según confirmó el abogado de la familia Martín Sarubbi a este medio, la autopsia y el informe histopatológico (es decir, el examen de los tejidos) ya se realizaron, aunque falta un estudio complementario para determinar las causales del fallecimiento.
Después de marchas y contramarchas entre la Justicia y el Sanatorio Otamendi, el neurocirujano Dante Converti fue quien suministró la sustancia a Oscar García Rúa. Pero el médico terminó envuelto en una investigación abierta por el Ministerio de Salud de la Nación, que descubrió varias irregularidades.
“Cuando uno consume una sustancia que está fuera del circuito legal, ¿quién la prescribe? ¿quién la dispensa? ¿dónde se consigue? Esas serían las preguntas”, reflexionó Santiago Palma, farmacéutico, bioquímico e investigador del Conicet, en diálogo con Chequeado. “Es muy distinto cuando existe un recurso de amparo donde se insta a utilizar un tratamiento legal que no está cubierto por una obra social, porque en ese caso en particular el medicamento está aprobado y, por lo tanto, se consigue en el circuito legal. Si a través de la judicialización de los tratamientos, un juez promueve el uso de un tratamiento no aprobado legalmente el consumo de esa sustancia va a ser a través del mercado ilegal, porque no existe en ningún lugar la posibilidad de comprar ese producto de manos seguras”, abundó.
Una sustancia no autorizada
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dio de baja ya más de 700 los anuncios en Mercado Libre, en el marco de un acuerdo con la plataforma vigente desde 2012, según confirmaron desde el organismo a este medio. Pero el esfuerzo parece insuficiente. Chequeado identificó diversos grupos de Facebook que intercambian contactos de proveedores de dióxido de cloro y son difundidos e intercambiados entre los usuarios.
El dióxido de cloro no está autorizado por la ANMAT ni por ninguna agencia reguladora de medicamentos en el mundo como un tratamiento médico porque no hay evidencia sobre su eficacia. Según enfatizan diversos entes regulatorios y organismos científicos, tanto a nivel nacional (como la ANMAT, la Sociedad Argentina de Infectología y la Asociación Toxicológica Argentina) como internacional (como la Organización Panamericana de la Salud, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos), su ingesta puede causar irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales, así como complicaciones respiratorias, como bronquitis crónica y erosiones dentales.
Sólo Bolivia avanzó, hasta cierto punto, por la senda de la autorización. La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sancionó una ley que autoriza la elaboración, la comercialización, el suministro y el uso de la sustancia como prevención y tratamiento para la COVID-19, que fue promulgada por la presidenta de la ALP pese a las múltiples observaciones que planteó el Ejecutivo con respecto a la falta de evidencia científica. El exministro de Salud boliviano, Edgar Pozo, calificó la sustancia como “permisible” en tanto “medicina alternativa”. Sin embargo, actualmente (al 22 de abril último), el dióxido de cloro no cuenta con registro sanitario en la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud de Bolivia.
La sustancia es mundialmente utilizada como blanqueador en las fábricas que producen papel, como desinfectante de superficies inertes y en las plantas de tratamiento de agua para potabilizar el agua. Según la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, la concentración de más de 0,8 mg/L (miligramos por litro) de dióxido de cloro en el agua potable es condición para que deje de ser considerada apta para el consumo.
Sin embargo, en el MMS la cantidad recomendada por los “protocolos” es 200 veces superior a la ingesta diaria máxima, explicó a Chequeado Patricia Lucero, bioquímica especialista en Toxicología, bioquímica legal de la Facultad de Ciencias Químicas y miembro de la Asociación Toxicológica Argentina (ATA).
“En nuestro país el dióxido de cloro está autorizado como agente químico desinfectante de superficies [N. de la R.: por lo general, en la industria alimenticia], como la lavandina y otros derivados clorados, para ese uso específico, regulado por la ANMAT, pero está clara y totalmente contraindicada su ingesta o aplicación sobre las personas. Es la misma recomendación que se hace para cualquier otra sustancia química, como se recomienda no consumir nafta, lavandina o la sílica gel que viene en las cajas de zapatillas o carteras por ser sustancias químicas no aptas para su consumo humano”, explicó Saracco.
“Es muy difícil tener una flota de inspectores que salga a inspeccionar, eso se hace a través de denuncias. Si es algo clandestino, es muy difícil estar buscándolo porque no saben cómo lo hacen, como lo manufacturan. Todos los medicamentos tienen que estar explícitamente aprobados a través de ensayos clínicos para un uso. Lo que no está autorizado, está prohibido”, destacó Ignacio Maglio, jefe del Departamento de Riesgo Médico Legal del Hospital Muñiz y coordinador del área de Promoción de Derechos de la Fundación Huésped.
En Facebook, varios de los argumentos de los usuarios que consumen y promocionan la sustancia tóxica radican en que hace años que lo toman y que no les hace nada porque, según ellos, “no es tóxico” y es un desinfectante. “En muchos de esos videos se hacen referencia a publicaciones que no tienen que ver con la potencial eficacia terapéutica sino al uso como biocida de la sustancia -en este caso, como desinfectante- y, por lo tanto, no existe una hipótesis farmacológica sólida que haga suponer que esta sustancia puede ser utilizada como medicamento, además de que su uso puede provocar efectos tóxicos”, explicó Palma en diálogo con este medio.
“El argumento fáctico que dan es eso, si sirve in vitro por qué no in vivo, o peor aún, si a mí me funcionó, sin que se haya hecho un ensayo clínico, funciona. Eso es extremadamente peligroso. Cuando se populariza algo sin validez clínica, muchas personas dejan el tratamiento convencional probado científicamente para utilizar el otro supuestamente milagroso. Que un grupo de personas reporte un efecto beneficioso no es un estudio clínico, no es científico”, aseguró Palma.
Juan Andrés Ríos cayó en la estafa. Perteneció a la inmensa lista de personas que son engañadas con curas milagrosas a diario. Mientras la Ciencia intenta, sin descanso, desarrollar soluciones probadas y testeadas tanto para el coronavirus como para otras enfermedades, en paralelo y ante la desesperación de encontrar una solución rápida, personas como el hermano de Gloria caen en desinformaciones que, en provecho del miedo y la incertidumbre, pueden terminar siendo aún más peligrosas para la salud.
Esta nota contó con la colaboración de Colombia Check y Verificado en México para la información en Colombia y México.
Esta investigación es parte de “Los desinformantes”, una serie de investigaciones que está realizando Latam Chequea, la red de chequeadores latinoamericanos, coordinada por Chequeado, y cuenta con las ediciones de las organizaciones que participan y del periodista Hugo Alconada Mon, sobre diferentes actores que han desinformado durante la pandemia.
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Fecha de publicación original: 26/04/2021
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