Cambiar la coparticipación, la promesa (casi) imposible

“[Daniel Scioli me dice] haceme firmar un acta en donde están comprometidas las principales obras y el punto de coparticipación que nos han sacado a los riojanos”, destacó el gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, durante la visita de Scioli, precandidato a presidente del Frente para la Victoria. “Vamos a recuperar los ocho puntos de coparticipación que [Raúl] Alfonsín le sacó a la provincia”, prometió en la misma línea Fernando Espinoza, intendente de La Matanza y precandidato a vicegobernador de Buenos Aires. Pero, ¿cuál es la situación y cuáles las dificultades para modificar el reparto?

El camino a la ley actual

La coparticipación es relevante porque transfiere recursos automáticamente a las provincias, es decir, sin importar el color político de sus gobernantes, y además esos fondos constituyen en muchas provincias la mayoría de sus ingresos. Implica una primera distribución de recursos entre la Nación y las provincias, seguida por otra donde se dividen los montos entre ellas.

En 1988, se sancionó la Ley 23.548, por la que el 56,7% de los recursos recaudados por ciertos impuestos (como el IVA o Ganancias) se dirigían a las provincias, de acuerdo con ciertos porcentajes del reparto entre ellas. Este régimen fue pensado como transitorio, aunque es el que rige actualmente con algunas modificaciones, por ejemplo que un 15% debe ir al sistema de previsión social.

En 2014, las provincias recibieron un 47%, aunque los montos que se reparten representan un menor porcentaje que al principio de la década de 1980, entre otras cosas porque “los tributos que presentaron un mayor crecimiento relativo en la post-convertibilidad [desde enero de 2002] no son coparticipables o se coparticipan sólo parcialmente, como los derechos de exportación y el impuesto a los débitos y créditos bancarios”, analiza un documento del Centro CIFRA de la CTA cercana al oficialismo nacional.

Otro trabajo de la central que dirige Hugo Yasky destaca que la distribución de 1988 “no se realizó en base a criterios objetivos sino sobre la base de la distribución efectiva de recursos registrada entre los años 1985 y 1987”.

Así, la Provincia de Buenos Aires, la más grande y poblada del país, cayó 6,5 puntos porcentuales en la distribución con respecto a la norma previa de 1973, que distribuía los recursos según la población (65%), la brecha de desarrollo o riqueza (25%) y la dispersión geográfica (10%).

Entre ambas leyes, en cambio, La Rioja ganó porcentaje, aunque si se considera un acuerdo transitorio de 1986 sí perdió un 0,25%, algo que explicó a Chequeado el economista y profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Carlos Martínez. Desde la Provincia aducen que por los cambios previos a la norma de 1988 los riojanos recibían un punto de coparticipación más que lo que se fijó.

Los límites al cambio

La reforma constitucional de 1994 dispuso la necesidad de establecer un nuevo régimen de coparticipación federal “antes de la finalización del año 1996”. Pero para poder aprobar la reforma se necesita el acuerdo de todas las provincias, lo que dificulta cualquier cambio que implique que alguna pierda participación en el reparto.

“La única posibilidad de hacerlo de otro modo, y no es totalmente seguro que se pueda, es que sea la Nación quien ceda participación de su coparticipación primaria. La otra forma sería a través de la creación de algún fondo específico aprobado por ley nacional como fue en su momento el Fondo del Conurbano”, explicó a Chequeado el investigador y docente del Instituto del Conurbano (ICO) de la UNGS, Alejandro López Acotto.

Las modificaciones en el pasado implicaron un aumento del total enviado a las provincias. La norma de 1973 “fue para entonces viable políticamente, precisamente por la modificación en la [distribución] primaria”, es decir, la Nación resignó una parte y todas las provincias ganaron recursos, como repasa Horacio Piffano, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional de La Plata.

Con la ley de 1988 se “elevó la participación provincial en la distribución primaria al máximo histórico”, como declaró Acotto.

Al ser consultado sobre la forma en la que recuperaría los puntos de distribución de Buenos Aires, Espinoza admitió las dificultades aunque consideró que “si bien es cierto que modificar la ley de coparticipación puede ser una traba, lo mismo se puede hacer por canales alternativos, como una ley que otorgue recursos extra a los grandes centros urbanos”. En el caso de Scioli, el acta del Compromiso por la Rioja que firmó no incluye ninguna mención a la coparticipación.

“Para lograr mayor igualdad, un camino posible para el Gobierno es resolver las inequidades del gasto nacional aprovechando la actual concentración de recursos de la que dispone, para poder más adelante, encontrar la salida al laberinto de la coparticipación”, concluyó en un artículo sobre el tema Luciana Díaz Frers, ex directora del Programa de Política Fiscal del Centro de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).